Vicent Llorens, gerente de la Marina de València. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Continúa liándose la madeja alrededor de la adjudicación de la antigua Estación Marítima de València. A pesar de que, en una primera instancia, solo la adjudicataria Fosbury's Mom NV había recurrido la sentencia que anulaba la adjudicación del espacio, ahora el Consorcio Valencia 2007 ha decidido sumarse a las alegaciones de la compañía belga, que, como adelantó Valencia Plaza este martes, se ha declarado en concurso hace escasas semanas.
Una acción inesperada por parte del ente gestor de la dársena -conformado por Estado, Ayuntamiento y Generalitat-, al no acudir a los juzgados para defender su adjudicación en una primera instancia, ya que dejó correr el plazo de 15 días para recurrir la sentencia. Y es que es el ente gestor de la Marina de València el que figura como demandado en la judicialización del proceso, mientras que Fosbury's Mom aparece como codemandada.
El pasado mes de mayo, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València anulaba la adjudicación del concurso para poner en marcha un nuevo hub tech en la dársena. Lo hacía al entender que el canon presentado en la oferta del proyecto ganador, el de Fosbury's Mom, no cumplía los pliegos, tal como reclamaban los demandantes, que eran los emprendedores valencianos agrupados en el proyecto Valencia Innovation District.
Desde el consorcio público que dirige Vicent Llorens no quisieron hacer ningún tipo de comentario acerca de la sentencia, cuyo plazo para recurrir acabó la primera semana de junio. Sin embargo, no fue hasta pasado el plazo de recurso inicial y una vez se conocía el recurso de la compañía belga, cuando el Abogado del Estado-Jefe Francisco Parra, en representación del Consorcio Valencia 2007, se adhería a los reparos presentados por la adjudicataria.
No es la primera vez que la Abogacía del Estado hace incursiones en el proceso de licitación de la Estación Marítima. Cabe recordar la petición realizada por Sandra Gómez, en representación del Ayuntamiento de València, y Manuel Illueca, en representación de la Generalitat valenciana, para dirimir sus dudas sobre la valoración de la parte económica que ahora un juez ha anulado. Concretamente, sobre la legalidad del canon variable ofrecido por los belgas. Finalmente, desde la comisión delegada decidieron solicitar un informe específico sobre el cumplimiento de los pliegos.
Aunque la voluntad inicial era solicitarlo a la Junta Consultiva de Contratación Pública, finalmente se acabó consensuando que el encargo se realizara a la Abogacía del Estado. Sin embargo, el resultado final no ajustó a la petición realizada. Y es que el autor del escrito manifestó, sin entrar en el fondo de la cuestión, que la Abogacía del Estado ya se pronunció en la mesa de licitación el pasado 1 de agosto a través de su representante, quien entendió en la apertura de sobres que la propuesta económica de Fosbury & Sons era válida. Y a esa decisión se remitió.
Como publicaba este martes Valencia Plaza, la compañía Fosbury's Mom entraba el pasado mes de mayo en concurso de acreedores. La matriz del grupo de empresas de coworking con la marca Fosbury & Sons, que además fue la que optó a la licitación de la Estación Marítima, entraba en una situación de dificultad financiera que le complica aún más la ejecución del proyecto en la Marina de València.
Sin embargo, a pesar de que el proyecto lleva ya más de dos años de retraso, la Marina de València ha decidido seguir adelante con el recurso aunque el proyecto tenga pocos visos de prosperar dada la situación financiera de la compañía adjudicataria. La firma ya entró a negociar el pasado verano con la gestora de capitales valenciana especializada en promoción inmobiliaria White Investing la venta de la filial que debía contener la concesión. Se abordó un preacuerdo entre la compañía belga y la gestora de capital valenciano por el que Fosbury vendería la sociedad que creó para optar al concurso, pero se quedaría como gestor del activo. Una operación que quedó paralizada precisamente por el recurso judicial.
Desde la Marina de València continuaron en conversaciones con otras grandes compañías dispuestas a estudiar la cuestión ante la inacción de la compañía belga. Sin embargo, ninguna de las negociaciones prosperó en un camino que ha terminado por devolver el proceso a, prácticamente, el punto de partida. Sin embargo, cuando parecía que el entramado estaba más cerca de resolverse, la cuestión ha continuado enmarañándose.
El Consorcio Valencia 2007 -compuesto por el consistorio, la Generalitat y el Estado y por aquel entonces comandado por Vicent Llorens y Ramón Marrades- ya realizó informes para desestimar los recursos administrativos de Valencia Innovation District y defender el canon variable de Fosbury. En este sentido, aportaba una explicación sobre el por qué consideraba que el canon presentado por Valencia Innovation Bay era fijo. "Lo que hace Fosbury's Mom NV es desglosar el canon mensual fijo ofertado, de modo que el importe del mismo se vaya incrementando en función de los periodos de tiempo que detalla en su propuesta", señalaba.
En el informe se argumentaba que el canon fijo recoge una doble condición: que no está vinculado a un hecho incierto y que la mesa de contratación pueda cuantificar y valorar el canon de forma objetiva y comparable con el resto de los licitadores concurrentes en la contratación. "No supone una alteración o modificación sustancial de las previsiones contenidas en el pliego sobre este extremo", concretaba, además de insistir en que no cabía apreciar subjetividad ni es un juicio de valor. "Simplemente es la realización de una operación de cálculo".
"Que Fosbury's Mom NV presentara una propuesta económica más detallada en la información sobre el canon fijo mensual ofertado no resulta contrario a las previsiones del pliego", insistía. Tampoco entendía que hubiera ningún problema con el porcentaje del canon variable. "El hecho de que el licitador que oferta el canon variable prevea la fecha de 2020, por el momento en el que concluya las reformas proyectadas, no puede considerarse contrario a las previsiones del pliego".
Mientras, la compañía belga también presentó por aquel entonces respuesta al recurso señalando que el canon fijo no estaba sujeto a ingresos, resultados o condiciones futuras. "No depende de la evolución de la explotación de la concesión, no está sujeto a variaciones o fluctuaciones de la economía en general, ni de la española ni de la europea, ni tampoco depende del grupo Fosbury en Bélgica", recalcaba.
