VALÈNCIA. Hay quien lo ha calificado como el juicio del lustro en la Comunitat Valenciana. Otros lo elevan, incluso, al de la década. Lo cierto es que el juicio del caso Erial, que quedó este jueves visto para sentencia tras dos meses de sesiones y con un duelo entre acusados por la honorabilidad, ha tenido una especial relevancia por muchos aspectos. El principal, por a quién ha sentado en el banquillo: el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, un dirigente del PP todopoderoso en su momento y con gran influencia a cualquier nivel (también nacional).
A la importancia del protagonista se le une el contenido de la causa. Los investigadores lo consideran a él y a su círculo más cercano de colaboradores como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del exjefe del Consell, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España para beneficio propio.
A ello se suma el papel que ha jugado cada acusado en un juicio marcado por las conformidades con la Fiscalía. La primera declaración de confesión, y realmente la más dura para Zaplana, fue la de Joaquín Barceló (conocido como 'Pachano'), amigo de la infancia. Se autodefinió como su testaferro y reconoció el uso de sociedades para gestionar millones de euros del exministro en el extranjero. Le siguieron Juan Francisco García –el exjefe de Gabinete del que fuera presidente de la Generalitat y mano derecha– y los hermanos Cotino –sobrinos del exdirector general de la Policía Juan Cotino. Relataron todo el plan de amaño de las ITV y las posteriores mordidas.
Luego se añadieron testimonios secundarios, pero llamativos. Desde el comisario José Manuel Villarejo; hasta el autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent (ambos para afianzar la teoría del montaje de la causa contra Zaplana); pasando por Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos. Y, por supuesto, las sesiones más dedicadas puramente a la investigación, con las declaraciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trazaron de manera pormenorizada todo el entramado. Un juicio, en definitiva, que ha combinado el plano estrictamente jurídico con ciertas tramas paralelas y aderezos que lo han hecho atractivo.
Los esfuerzos de Zaplana
Todos los esfuerzos tanto del exministro como de su abogado, Daniel Campos, han ido dirigidos a sembrar dudas sobre los indicios y las pruebas que sustentan la acusación. También a intentar desmontar el cohecho –para que caigan el resto de delitos– y a anular el inicio del caso con los famosos 'papeles del sirio' (aquellos que aparecieron en un piso que ocupó Zaplana y que un ciudadano sirio entregó al exgerente de Imelsa Marcos Benavent y posteriormente fueron hallados en un registro de la Guardia Civil del despacho del abogado de este último).
El que fuera jefe del Consell aseguró en su interrogatorio que no tenía dinero en el extranjero y que desconocía el entramado societario para desviar las comisiones; se desvinculó de las adjudicaciones de concursos públicos; y destacó que intermedió para ayudar a sus conocidos en operaciones pero nunca en beneficio propio.
Las versiones de unos y de otros han quedado claras. Las conformidades han complicado la estrategia judicial de Zaplana, que se ha defendido, como no podía ser de otra manera, hasta el último momento. Y en los recientes días el juicio se ha convertido en un duelo por la honorabilidad. Ocurrió el miércoles, con la exposición de los informes de conclusiones de los abogados, y ocurrió en los turnos de última palabra, que a su vez sacaron el lado más personal de los que fueran colegas.
