Enrique Crespo, expresidente de Emarsa. Foto: EFEVALÈNCIA. El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, que investiga las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), comenzará el 13 de marzo y se desarrollará previsiblemente en 93 sesiones hasta el mes de octubre. Ese mismo día dará comienzo del juicio de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008 en el marco del 'caso Gürtel'.
Según el calendario previsto por la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, del que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, los tres primeros días se han reservado para cuestiones previas.
Por tanto, la declaración de los acusados empezará el 22 de marzo y se prolongará durante 11 sesiones. El Tribunal prevé además tres días para resolver posibles incidencias o demoras.
El 2 de mayo empezarán las comparecencias de testigos, que superan los 200, para las que se reserva el mayor número de sesiones, 56 más cuatro días para posibles incidencias.
Posteriormente, el 26 de septiembre comenzarán las declaraciones de peritos, que se prolongarán durante 6 sesiones.
Finalmente, la exposición de conclusiones e informes está prevista para el 16 de octubre y se prolongará durante 10 sesiones
El juicio iba a celebrarse inicialmente en la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 2 de noviembre con la ausencia de uno de los acusados, el empresario José Ignacio Roca Samper, huido de la Justicia desde el inicio de la investigación y sobre el que pesaba una orden de busca y captura desde enero de 2012.
El fugado fue detenido en Moldavia en julio de 2016, tres meses antes de día señalado para el inicio del proceso, que se suspendió para que el Juzgado de Instrucción número 15 practicara una instrucción complementaria.
En la pieza principal del caso Emarsa hay 25 acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad, entre ellos, exdirectivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) así como varios empresarios, a quienes se acusa de haber desviado más de 20 millones de euros de dinero público.
