Usuario de VTC, en una imagen de archivoVALÈNCIA. El Grupo Popular en Les Corts ha encontrado reticencias por parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en su afán de regular en la Comunitat las licencias VTC (aquellas con las que operan los vehículos con conductor como los de Cabify) para equipararlas a las exigencias que rigen el sector taxi. Así se desprende del informe elaborado por el organismo sobre la Proposición de Ley que plantea la formación, que detecta fundamentalmente un choque de competencias entre la norma que impulsan los populares y la regulación estatal sobre el sector, que es mucho menos restrictiva con las VTC.
El CJC, en primer lugar, alerta en sus observaciones a la PL del PP, liderada por el diputado Alfredo Castelló, que en su artículo primero "otorga la condición de servicio público al transporte de personas viajeras en vehículos de turismo mediante arrendamiento con conductor que se realice íntegramente dentro del territorio de la Comunitat Valenciana", circunstancia que no se contempla a nivel nacional.
Sobre el artículo 3B afirma que "se infiere que la Ley se aplicaría a autorizaciones ya concedidas en la actualidad (las denominadas VTC nacionales), tanto las domiciliadas en esta CCAA como las domiciliadas en otras CCAA, si realizan trayectos por el territorio de la CCAA valenciana"; y de la relación de los artículos 2, 5, 6 y 7, según el CJC, "se deduce que no podrán concederse nuevas autorizaciones VTC si se supera la ratio 1VTC/30 taxis".
El Jurídic también afea al texto de los populares que "el artículo 5.8 se infiere la necesidad de tener dos autorizaciones (la estatal y la municipal o de área de prestación conjunta, en el ámbito autonómico) y prevé la caducidad de las mismas"; o que "el artículo 8 establece un plazo mínimo de cinco años para poder transmitir las autorizaciones 'domiciliadas' en la Comunitat Valenciana, de aplicación, en consecuencia, tanto a las autorizaciones estatales (domiciliadas en nuestra CCAA) como a las 5 de ámbito autonómico que se creen". "Sin embargo, la normativa estatal sólo establece un plazo de dos años para realizar la transmisión", alerta.
"El artículo 9 contempla la posibilidad de establecer limitaciones al horario a prestar por las VTC, así como, limitar los días de circulación ('rotación de días' en los términos de la proposición de ley). Dichas limitaciones no se contemplan en la normativa estatal", prosige el organismo, que también pone la lupa sobre "una serie de requisitos para ejercer la actividad".
"Entre ellos destaca la exigencia de disponer de local u oficina (desarrollado en el artículo 18) y de un mínimo de dos conductores por cada tres autorizaciones (desarrollado en el artículo 17). Estos requisitos no se exigen en la normativa estatal, ya que fueron anulados por el Tribunal Supremo. Así mismo, en este artículo vuelven a establecerse requisitos que en la normativa estatal no se contemplan, como son la acreditación de capacitación para ser conductor (desarrollado en el artículo 17), obligación de los vehículos de volver a las bases de la empresa (artículo 17) o realizar la contratación del servicio con una hora de antelación para poder prestarlo (art 11)", afirma el Jurídic.
En cuanto al "régimen de infracciones y sanciones establecido", el informe subraya que "resulta de aplicación a la prestación de todo tipo de servicios, con independencia de su origen o destino, obviando el régimen de infracciones y sanciones por el que se rigen los VTC actuales y, que no es otro, que el establecido en la LOTT".
Y sobre la disposición transitoria primera, el CJC critica que "se infiere que si los que en la actualidad son titulares de autorizaciones VTC, en el plazo de 12 meses no obtienen una segunda autorización 'licencia', no podrán seguir realizando la actividad y, además, perderán la autorización".
Por último, el Jurídic afea al PP que "a lo largo del articulado de la proposición de ley no se regulan ni los requisitos ni la forma en que se podrá ser titular de la autorización-licencia que se pretende crear".
Preguntadas al respecto, fuentes del PP subrayan que están dispuestos a modificar el contenido del texto "si hay algo que no sea constitucional y se exprese claramente o afecte a competencias del Estado", si bien destacan que el texto será sometido a votación igualmente en el próximo pleno de Les Corts, que será el último antes de la pausa estival.
Independientemente de que prospere o no, a nivel político se trata de una maniobra astuta de los populares que obligarán a los partidos del Botànic a significarse contra el sector del taxi si no apoyan su iniciativa.
