VALÈNCIA. La historia con la retirada de una funcionaria de refuerzo en el juzgado encargado del caso Azud parece que no tiene fin y ya ha provocado un nuevo capítulo de malestar con la Conselleria de Justicia. Esta vez, por la intención de trasladar a la profesional al juzgado que lidera la investigación del incendio de Campanar.
La situación se arrastra desde hace varios meses. Como informó Valencia Plaza, el departamento que dirige Elisa Núñez (Vox) comenzó a comunicar a finales del pasado diciembre que no prorrogaría algunos refuerzos de funcionarios. Esto suponía su cese a fecha del día 31.
La decisión venía derivada de un replanteamiento del plan de refuerzo impulsado por el anterior Gobierno del PSPV, Compromís y Unides Podem desde la Conselleria dirigida por Gabriela Bravo. La nueva responsable de Justicia consideró esa medida como un "parche" a la falta de medios en los juzgados y sostiene que la solución definitiva es que el Ministerio de Justicia cree plazas estructurales.
Aunque en esto último coincide todo el mundo –incluyendo los juzgados–, el despliegue de más funcionarios sí suponía una ayuda de manera temporal. Motivo por el que el recorte generó un gran cabreo en determinados lugares. Y uno de ellos fue el juzgado de Instrucción 13 de Valencia, encargado del caso Azud, uno de los procedimientos sobre corrupción más importantes que se investigan actualmente.
La trascendencia del asunto reside en que el desarrollo de la macrocausa depende en gran medida del apoyo de las funcionarias interinas, que realizan tareas tan básicas como la organización documental, la tramitación de los escritos, de los recursos, de las diligencias de instrucción, el control de los plazos de prórroga, de las incidencias o la asistencia a las cientos de declaraciones de testigos.
Después de que la Conselleria trasladara la decisión de no prorrogar el refuerzo, el propio juzgado y la Fiscalía Anticorrupción manifestaron su malestar al departamento que dirige Elisa Núñez, como publicó este periódico. Pidieron que mantuviera a la funcionaria, puesto que su cese suponía que no hubiera ningún otro trabajador capaz de asumir en un corto espacio de tiempo el procedimiento. Lo cual provocaba un grave perjuicio al desarrollo de la macrocausa con un riesgo de paralización.
Justicia reculó y un día después de que trascendiera todo se dirigió al juzgado para transmitir que mantendría el refuerzo al menos unos meses más. Hasta, al parecer, este jueves, cuando llegó una nueva comunicación de la directora general, Cristina Gil, para comunicar la intención de trasladar a la funcionaria de refuerzo a otro juzgado: Instrucción 9, encargado del fatídico incendio de Campanar.
La Conselleria trata de responder de esta manera a la petición de la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que preside Pilar de la Oliva. El pasado miércoles, acordó solicitar un juez en comisión de servicio –algo que depende del Consejo General del Poder Judicial– y un refuerzo de la plantilla de funcionarios del juzgado "a fin de agilizar el procedimiento y atender a los múltiples perjudicados en el siniestro" –algo que depende del departamento de Justicia–.
La solución de la Conselleria no ha sido otra que trasladar a la funcionaria de refuerzo del juzgado de Azud al del incendio. Después de la comunicación oficial, Instrucción 13 ha dirigido una respuesta a Justicia en la que muestra su disconformidad y rechazo debido a que actualmente tienen multitud de declaraciones pendientes –algunas de ellas fijadas para la próxima semana–, además de numerosas diligencias por practicar en una macrocausa de estas características.
Ahora, se encuentra a la espera de la contestación de Justicia. Una vez más, con la advertencia de que puede derivar en un riesgo de paralización de uno de los procedimientos sobre corrupción más importantes que se encuentran actualmente en marcha.