Sergio Blasco, a la salida del juzgado el pasado viernes. Foto: KIKE TABERNEREl juez explica en su auto que "retirar el pasaporte es una medida demasiado gravosa"
VALÈNCIA. El magistrado instructor y el fiscal Anticorrupción del caso Osvaldos aplicaron al principal investigado, el exgerente del hospital General de Valencia Sergio Blasco, lo que ya se conoce como ‘doctrina Urdangarin’, al no retirarle el pasaporte pese a estar imputado por varios delitos de corrupción y existir riesgo de fuga, ya que vive y trabaja fuera de España y del territorio Schengen, concretamente en la República Dominicana.
Tanto el juez como el fiscal del caso han decidido que Blasco pueda viajar libremente por el mundo pese a estar imputado por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, blanqueo, fraude y cohecho.
La diferencia con Iñaki Urdangarin es que en el caso de Blasco el fiscal Anticorrupción no solicitó la retirada del pasaporte, algo que sí hizo su compañero Horrach en el caso Nóos, después de que el cuñado del Rey fuese condenado. Blasco fue detenido el pasado jueves y puesto en libertad bajo fianza el viernes, quedando en situación de investigado.
Según fuentes consultadas por Valencia Plaza, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia argumentó por qué no retiraba el pasaporte a Blasco aunque el fiscal no lo hubiera pedido, puesto que podía haber optado de oficio por no dejarle salir del país.
Las fuentes aseveran que, en su auto, el juez exponía que "la retirada del pasaporte supone una medida demasiado gravosa para una persona que tiene su trabajo fuera del territorio nacional". Además, al igual que pasara con Urdangarin, Blasco también tiene arraigo en España. Todo ello lleva a pensar al magistrado que "no existe riesgo de fuga por parte del investigado" y que la retirada del pasaporte "implicaría privarle de su puesto de trabajo".
Por ello, le permite viajar a su lugar de residencia y trabajo fuera de España mientras dura la instrucción judicial, después de haber abonado una fianza de 80.000 euros para eludir la prisión preventiva.
Sergio Blasco no regresó este lunes a su puesto de trabajo como director de Proyectos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), situado en Santiago de los Caballeros, un cargo que ostenta desde hace más de dos años, tras dimitir como gerente del Hospital General de València.
El pasado jueves, antes de ser detenido, su asistente en el citado hospital comunicó a Valencia Plaza que Blasco se encontraba "de viaje en el extranjero" y que regresaría "el lunes próximo". Este lunes, la misma persona informó de que "todavía" no había regresado.
Como publicó Valencia Plaza el pasado sábado, durante al menos 2012 y 2013, últimos años en los que fue gerente del Hospital General de València hasta que dimitió en diciembre de 2014, la Fundación Hospital General firmó convenios de formación con el centro de Santiago de los Caballeros y Blasco se desplazó en al menos una ocasión al centro que le dio trabajo cuando salió de España.
Según el TSJCV, la investigación se inició a partir de 2014 a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado incoó diligencias y, casi tras dos años de investigación, el instructor ordenó esta semana el secreto sobre una parte de la causa para poder llevar a cabo la operación que ha culminado con los arrestos y registros.
EUPV había presentado con anterioridad un escrito ante Fiscalía, firmado por la exparlamentaria en las Corts y actual eurodiputada Marina Albiol, en el que se aludía a una presunta trama de corrupción de adjudicaciones sanitarias a empresas privadas por valor de unos 29 millones de euros.
Entre ellas, en la denuncia se aludía a que las empresas Out-Log, Mantenimientos Integrales Turia, Cyomed Levante SL y Connectall Systems SL recibieron numerosas adjudicaciones públicas de la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General Universitario y la Diputación de Valencia desde 2001 y hasta 2012, por mantenimiento y limpieza y posteriormente por cuestiones más especializadas.
Según denunció EUPV, uno de los administradores de esas empresas era Francisco José Escandell Vila, quien tenía otra firma denominada Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL que, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, fue vendida el 14 de mayo de 2012 a Francisco Blasco Perepérez, hermano de Sergio Blasco. Tanto Escandell como Francisco Blasco fuero detenidos del jueves y puestos en libertad bajo fianza al día siguiente.
A partir de ahí, la formación de izquierdas realizaba una serie de conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira, como que Francisco Blasco figuraba como administrador de Solana Cantal Gros, donde Gisela Blasco Perepérez, exedil de Alzira y hermana de Sergio y Francisco, fue administradora única y, al parecer, en febrero de 2007 adjudicó la asistencia telefónica del municipio a una empresa relacionada con el caso Cooperación.
La relación llegaba hasta Sanygestión 2012 SL, donde aparecía Francesc Manel Blasco Tello, sobrino de Sergio Blasco y que hizo un trabajo universitario de carácter académico precisamente sobre la empresa Out-Log SL. El montante de las adjudicaciones ascendía a 29,4 millones de euros, los principales, de 18,8 y 10,5 millones de Sanidad a Out-Log, con fechas 2010 y 2007, para la gestión del servicio público mediante concesión, en el primer caso, de la logística del Departamento de Salud Valencia La Fe, en el antiguo y nuevo centro, y el servicio integral de logística para el Hospital General y el área de influencia.
