Sergio Blasco.VALÈNCIA. Dos sobrinos del exconseller Rafael Blasco se encuentran al borde de la apertura del juicio oral por el conocido como caso Osvaldos, una presunta trama de adjudicaciones públicas y comisiones desde el Hospital General de Valencia. La investigación ha sido coordinada por el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, que procesa a un total de once personas por los presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
Las diligencias arrancaron tras una denuncia interpuesta por Esquerra Unida en la Fiscalía. Los hechos se remontan a 2002, cuando con el cambio de régimen jurídico del Hospital General de Valencia se creó la figura del consorcio. Como director se nombró a Sergio Blasco. Desde allí, según la investigación, creó un entramado de empresas y personas que "obtuvieron un beneficio ilícito" de la adjudicación de concursos públicos a empresas de conocidos que a la vez subcontrataban supuestos servicios y trabajos a otras empresas de la misma trama. Éstas, en realidad y de acuerdo con el juez, no realizaban actividad alguna y a través de ellas cobraban "comisiones directas e indirectas". El dinero revertía en las personas que formaban parte de la organización.
"En esencia, el modo de actuar consistía en la adjudicación de contratos administrativos, en muchos casos con irregularidades, de prestación de servicios o de realización de obras, a mercantiles de actividad contrastada y dirigidas por personas vinculadas a Sergio Blasco y entre sí", explica el juez en el auto de procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción.
La resolución, adelantada por Las Provincias, expone que esas empresas subcontrataban a su vez con otras que no podían justificar los trabajos o servicios que habían efectuado, pero por los que habían cobrado. Esos ingresos se repartían entre los miembros del entramado, según la investigación. Estas mismas empresas recibían, en ocasiones, pagos de manera paralela –y sin justificación alguna– de otras ajenas a la organización y vinculadas con contratos administrativos sanitarios "sin causa" que los ampare "salvo la gestión de cobro de comisiones". De esta manera, afirma el juez, existía un "constante trasvase de cantidades de dinero entre las distintas mercantiles que, a su vez, efectuaban pagos, adquirían bienes o prestaban servicios a personas relacionadas con la organización o con el Hospital General".
El entramado constaba de tres tipos de sociedades. En el primer nivel, detalla el auto, se encontraban Out-log, Conectall Systems y Mantenimientos Integrales Turia. Estas mercantiles estaban "perfectamente conformadas con estructura, trabajadores y con la actividad preferente de contratar con la administración pública sanitaria". Consta que facturaron en este ámbito casi 33 millones de euros entre 2005 y 2014.
En el segundo nivel había empresas de mucho menor volumen que mantenían en plantilla a a dos o tres trabajadores y su labor era mixta. En ocasiones, se les adjudicaba pequeños contratos con la administración o incluso en el sector privado. En otras, recibían pagos de empresas adjudicatarias de contratos administrativos y subcontratas de las del primer nivel. También pagos, normalmente en función de patrocinio, de otras mercantiles que de algún modo tenían relación con el Hospital General.
Se trataba de Prospain, Vamont Consulting, Cyomed Levante, Kanbanlog, Soluciones Logísticas Hospitalarias, Identiart y Bicnet. Todas ellas, sostiene el juzgado, estaban dirigidas por personas vinculadas de manera personal y familiar con Sergio Blasco. Estas mercantiles ingresaron por contratos administrativos poco más de dos millones de euros entre 2005 y 2014, además de 600.000 euros por subcontratas de las empresas del primer nivel.
Por último, aparecen las del tercer nivel. Se trata de cinco mercantiles sin organización, trabajadores ni actividad real. Fueron receptoras de ingresos provenientes de todas las citadas anteriormente sin contraprestación. Recibieron más de un millón de euros en subcontratas entre 2005 y 2014, así como pagos de otras empresas que no pertenecen a la trama pero también eran beneficiarias de contratos con la administración. De hecho, alguna vez coincidía la adjudicación con el abono.
El juez sostiene que Sergio Blasco dirigió todo este entramado para "obtener beneficios ilícitos y repartirlos". Sin embargo, respecto al exconseller Rafael Blasco la investigación no ha podido determinar una participación directa en estos hechos.
El juez explica en su auto que "retirar el pasaporte es una medida demasiado gravosa"
