El Ministerio de Transportes suspende la cesión de terrenos del Puerto de Valencia a Boluda para sus oficinas

VALÈNCIA. El Ministerio de Transportes ha acordado suspender el otorgamiento por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a Boluda Corporación Marítima de una parcela de más de 4.000 metros cuadrados de suelo de dominio público portuario en la Zona Poniente del Puerto de València sobre el que el naviero Vicente Boluda planea levantar dos edificios de oficinas con zona de aparcamiento como sede de sus empresas.

La decisión del ministerio de Raquel Sánchez, adoptada mediante una resolución de la la Secretaria de Estado de Transportes del pasado 3 de agosto, llega después de que la APV aprobase en su último consejo de administración dar marcha atrás con el rescate de los terrenos de la antigua Unión Naval de Valencia para ubicar allí su nueva terminal de cruceros y pasajeros ante las dudas manifestadas por la Abogacía del Estado sobre la valoración en 5 millones de la concesión a favor de Boluda para calcular cómo compensarle por el rescate anticipado de la misma.

Dado que en ese informe la Abogacía del Estado replicó a la APV que la vía correcta para recuperar el suelo de Unión Naval –que llevaban siete años sin actividad– era la de la caducidad de la concesión y no la del rescate, la APV aprobó incoar "procedimiento de lesividad contra las resoluciones del consejo de administración" sobre el rescate de esa concesión.

Tras ello, la entidad que preside Aurelio Martínez tenía que remitir ese acuerdo al Ministerio de Transportes por ser el competente en materia de puertos para que se pronunciase en un plazo de seis meses.

Además de ello, la APV trasladará el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que será el que determine si existen razones para declarar caducada la concesión o si, por el contrario, sí era correcta la vía elegida por la APV en primera instancia consistente en el rescate de los terrenos mediante una permuta a favor de la empresa de Vicente Boluda.

Si el TSJCV estima que la vía correcta es la declaración de caducidad de la concesión, la permuta quedaría sin efecto y Boluda Corporación no recibirá como compensación los terrenos sobre los que preveía levantar su futura sede.

En la misma resolución con la que suspende parcialmente el acuerdo del consejo de la APV que aprobó la permuta de las concesiones, la Secretaría de Estado aclara que sí se mantienen los efectos de ese acuerdo en lo que se refiere a la declaración de rescate de las concesiones de Unión Naval de Valencia, lo que permite a la APV continuar adelante con la ejecución de las obras de la futura terminal de cruceros.

De hecho, este martes anunció que en breve iniciará el procedimiento de adjudicación de las obras de acondicionamiento de la parcela del antiguo astillero con un presupuesto de licitación de cerca de 900.000 euros. Este proyecto contempla la demolición de alguna de las naves y otras edificaciones del recinto y la enajenación de los materiales reutilizables, como tejas o piezas metálicas, valorados en 400.000 euros.

El acuerdo para la permuta preveía el otorgamiento de una nueva concesión a Boluda Corporación Marítima de una parcela de 4.700 metros cuadrados por un plazo de 35 años, una edificación en la misma de 2.735 metros cuadrados construidos, y la construcción de un nuevo edificio de 8.021 metros cuadrados de oficinas. Todo ello, a modo de pago por el rescate anticipado de unos terrenos en los que hacía años que había cesado la actividad por la que se otorgó la concesión original.

Tras aprobar el expediente de lesividad, los responsables de la APV ya aclararon que quedaba en suspenso la ocupación de los 4.700 metros en litigio, pero que el Puerto de Valencia sí iba a continuar con el proyecto de construcción de la futura terminal de cruceros sobre los 90.000 metros recuperados de la Unión Naval mientras el TSJ determina si procede el rescate o la caducidad de la concesión

Tras la reunión del último consejo, Aurelio Martínez defendió que la decisión se tomó tras los correspondientes informes de valoración y tasación en los que se le indicaba la conveniencia de seguir la vía del rescate de la concesión y se fijaba la compensación acordada.