El Puerto recula con el rescate de los terrenos de la Unión Naval a Boluda tras el aviso de la Abogacía

VALÈNCIA. El Puerto de Valencia da marcha atrás con el rescate de los terrenos de la antigua Unión Naval de Valencia a favor del naviero Vicente Boluda, quien como compensación por el final anticipado de la concesión de sus astilleros, que llevaban siete años sin actividad, iba a recibir por parte de la APV una nueva concesión sobre una parcela próxima de más de 4.000 metros cuadrados para la construcción de la sede corporativa de todas sus empresas.

La decisión, apoyada este martes por todo el consejo de la APV, se produce ante la advertencia de la Abogacía General del Estado a través de un informe en el que cuestionaba la valoración dada por la APV a los terrenos para calcular la permuta y, además, indicaba a la APV que la vía correcta para recuperar el suelo era la de la caducidad de la concesión, no la del rescate de la concesión.

Ahora tendrá que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) el que determine si existen razones para declarar caducada la concesión o si, por el contrario, sí era correcta la vía elegida por la APV en primera instancia consistente en el rescate de los terrenos mediante una permuta a favor de la empresa de Vicente Boluda.

Si el TSJ estima que la vía correcta es la declaración de caducidad de la concesión, la permuta quedaría sin efecto y Boluda Corporación no recibirá como compensación los terrenos sobre los que preveía levantar su futura sede.

En ese informe, la Abogacía del Estado recomendó a la APV, que en su momento valoró en 5 millones de euros los terrenos de la antigua Unión Naval para calcular cómo compensar a Boluda, que aprobase la incoación de procedimiento de lesividad contra las resoluciones del consejo de administración de la APV sobre el rescate de esa concesión, tal y como ha hecho este martes.

El acuerdo original para la permuta, adoptado en una reunión del consejo de administración el 19 de octubre de 2019, preveía el otorgamiento de una nueva concesión a Boluda Corporación Marítima de una parcela de 4.700 metros cuadrados por un plazo de 35 años, una edificación en la misma de 2.735 metros cuadrados construidos, y la construcción de un nuevo edificio de 8.021 metros cuadrados de oficinas. Todo ello, a modo de pago por el rescate anticipado de unos terrenos en los que hacía años que había cesado la actividad por la que se otorgó la concesión original.

Por el momento, la APV no permitirá la ocupación de los 4.700 metros en litigio, pero el Puerto de Valencia continuará con el proyecto de construcción de la futura terminal de cruceros sobre los 90.000 metros recuperados de la Unión Naval mientras el TSJ determina si procede el rescate o la caducidad de la concesión asociada a esa superficie, según ha detallado el director general de la APV, Francesc Sánchez.

Martínez defiende la legalidad de la actuación

Tras la reunión del consejo, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha recordado que la decisión se tomó tras los correspondientes informes de valoración y tasación en los que se le indicaba la conveniencia de seguir la vía del rescate de la concesión y se fijaba la compensación acordada. Ha dicho, además, que los documentos para la permuta salieron a exposición pública y nadie puso objeciones, ni siquiera el Ayuntamiento de València.

Posteriormente, según el relato del presidente del Puerto, la Intervención General planteó algunas dudas y la APV solicitó un informe a la Abogacía General del Estado cuyo resultado contradecía a todos los anteriores. Según Martínez, la Abogacía emitió un informe "muy duro" en el que le indicaba que la vía a seguir para recuperar los terrenos de la Unión Naval era la de la caducidad de la concesión a favor de Boluda y no la del rescate y compensación con otros terrenos.

Es por ello que ahora la APV rehace la hoja de ruta para recuperar los terrenos de la antigua Unión Naval para instalar allí la futura terminal de pasajeros y cruceros. Técnicamente, lo que el consejo de administración de la APV ha aprobado hoy es la corrección de su propio acuerdo de 2019.

La APV va a elevar su acuerdo de este martes a Puertos del Estado y al TSJCV, que será quien tendrá que validar la renuncia de la vía del rescate aprobada hoy por el Puerto de Valencia. "Siempre hemos actuado conforme a los informes jurídicos y técnicos y así lo vamos a seguir haciendo", ha defendido su presidente.

La APV ha incoado el procedimiento, pero la competencia de declarar la lesividad la tiene el Ministerio de Fomento. La ley señala un plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento de declaración de lesividad.

La concesión norte, en octubre

Respecto al otorgamiento definitivo a MSC de la concesión para la futura terminal norte, que acumula varios meses de retraso por cambios en el proyecto que han requerido informes adicionales, Aurelio Martínez ha estimado que esta podría formalizarse en octubre.

“No se va a tramitar ninguna aprobación de forma precipitada y sin el correspondiente informe jurídico y técnico para tranquilidad del consejo de administración”, ha insistido el presidente de la APV.

En la misma línea, ha subrayado que le ha asegurado a los consejeros de la APV que “como siempre” todas las decisiones que se adopten en el consejo de de la APV “se apoyarán en los preceptivos informes jurídicos y técnicos”.

Martínez se ha pronunciado de este modo respecto a la carta enviada por la consejera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, en la que advierte a los consejeros de su posible responsabilidad en la aprobación de la ampliación norte del recinto.

"Calculamos que entre septiembre y octubre tendremos ya el proyecto definitivo", ha calculado Martínez, quien ha subrayado que en el mismo hará hincapié en los dos puntos sobre los que Puertos del Estadio pidió mas justificaciones sobre la no generación de residuos adiciones y la reutilización del material procedente de demoliciones.

"Lo único que se pretende es el estricto cumplimiento de la legalidad con todas sus garantías", ha abundado Martínez, quien ha descartado dimitir, como se le ha pedido por este asunto porque no cree que proceda hacerlo "por cumplir la ley". "Ximo Puig tiene mi cargo a su disposición desde el primer día; si piensa que hay que sustituirme, ningún problema", ha concluido.