El pacto Rajoy-PDeCAT impone al Puerto de Valencia la exclusividad de los estibadores en la carga de vehículos

VALÈNCIA. Las contrapartidas al apoyo del PDeCAT al Gobierno central en la liberalización de la estiba tendrán efectos colaterales para el Puerto de Valencia. Tras un primer intento fallido, el apoyo de la formación nacionalista fue decisivo para que el Ejecutivo consiguiera sacar adelante el Real Decreto que acaba con la exclusividad de los trabajadores portuarios. El PDeCAT justificó su cambio de postura en su espíritu europeísta –el decreto se aprueba por una sentencia del TJUE– y en las novedades introducidas por Fomento para suavizar la primera versión del texto, pero algunos de esos cambios harán perder competitividad al recinto valenciano.

En concreto se trata de una modificación que garantizará a los estibadores poder seguir manipulando los vehículos en los puertos, algo que ya sucede en la práctica pero que queda blindado con el nuevo decreto, tal y como perseguían los trabajadores portuarios. El cambio supone volver atrás sobre lo acordado en la Ley de Puertos de 2010, cuando la carga y descarga de coches fue excluida de su ámbito funcional en busca de mayor competitividad en el servicio.

El portavoz económico del PDeCAT, Bel Accensi, reconocía que garantizar por ley que los estibadores sigan encargándose de la tramitación de vehículos en los puertos supone "Una medida importante para los puertos de Barcelona y Tarragona".

A falta de conocer otras posibles contrapartidas, el reconocimiento de la exclusividad de los estibadores para controlar las terminales de vehículos tendrá efectos inocuos para los dos recintos catalanes porque en su caso los portuarios ya tenían reconocido en su convenio que entre sus tareas propias están "el embarque y desembarque de camiones, automóviles y cualquier otra clase de vehículos a motor".

"La exclusividad en la manipulación de vehículos es uno de los factores que mantiene bloqueado el convenio del Puerto de Valencia"

La situación es diferente en el Puerto de Valencia. Aunque en la práctica son los estibadores quienes desempeñan esa tarea, no la tienen reconocida como una función exclusiva.

Lo llamativo de la situación generada tras el acuerdo entre Rajoy y el PDeCAT es que uno de los puntos calientes en la negociación entre las empresas y los sindicatos de la estiba en Valencia que han impedido renovar el convenio ha sido la resistencia de las empresas para que a los estibadores se les blindara por convenio la carga y descarga de vehículos.

Las discrepancias sobre este asunto, entre otros flecos, hicieron saltar por los aires la negociación el verano pasado, cuando las partes daban prácticamente por cerrado el acuerdo.

De ese modo, mientras el Puerto de Valencia acumula casi tres años de tensión latente por la no renovación del convenio, una de las cesiones del Gobierno para poder salvar el Decreto Ley decantará la balanza del lado de los estibadores, con la consiguiente pérdida de competitividad para las terminalistas. Así será a menos que se regule de forma distinta en el convenio de Puerto –otra de las novedades del Decreto–, algo que se antoja poco probable dados los antecedentes.

Los grandes inversores, en contra

El lobby que aglutina a los principales inversores de los puertos españoles, PIPE, llamó precisamente la atención sobre este asunto el martes. La plataforma arremetió contra el decreto porque, aunque contribuye a "flexibilizar" el sistema actual de estiba y, por lo tanto, contribuye a fomentar la competitividad de los puertos, "no cumple de forma totalmente satisfactoria" con ese objetivo.

La PIPE critica el blindaje de la exclusividad de los estibadores para la manipulación de vehículos, un hecho "difícil de justificar". En su opinión, que la reforma deje fuera del proceso liberalizador al "estratégico sector del automóvil" supone incurrir en "un sobrecoste innecesario" en el movimiento de vehículos.

Además, para que el Real Decreto no sea una "mera transformación cosmética de un sistema ineficiente", exigen el desarrollo reglamentario del mismo no deje para la negociación colectiva toda la regulación en materia laboral "dada la demostrada situación de indefensión de los empresarios frente a los estibadores y sus medidas de presión".

Caso Palau

El cambio de criterio del PDeCAT para que el Gobierno central pudiera sacar adelante ha coincidido, además, con una carambola política que ha permitido aligerar la presión judicial sobre la antigua Convergència a cuenta del caso Palau.

El mismo viernes en el que el consejo de Ministros aprobó el segundo Decreto para liberalizar la estiba y cumplir con el mandato del TJUE, la ausencia de los dos representantes del PP en la reunión del Patronato del Palau en la que se que decidía si acusar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el supuesto cobro de comisiones resultó determinante para que los representantes de la Generalitat de Catalunya fueran mayoría para desestimar presentarse como acusación.

Los dos representantes del PP, que en reuniones anteriores sí se mostraron a favor de acusar a CDC, justificaron su ausencia el día decisivo por motivos de agenda. Tampoco delegaron sus votos. El PDeCAT, por su lado, rechaza "radical y absolutamente" cualquier insinuación sobre la vinculación de este hecho con la negociación del Decreto de la estiba.

Tráfico vital para Valencia

El tráfico de vehículos es uno de los puntales del crecimiento del Puerto de Valencia en los últimos ejercicios. En 2015 aumentó por encima del 39% hasta finalizar el ejercicio con 689.426 unidades manipuladas, lo que le permitió recortar diferencias respecto al Puerto de Barcelona, el principal hub para el comercio exterior de la industria automovilística española.

El año pasado fueron 774.708 los vehículos canalizados, un 12,37% más que el año anterior, con lo que Valenciaport se situaba como una de las principales plataformas logísticas del país para el sector automovilístico.

En el Puerto de Barcelona, por su parte, este tráfico creció un 4% en 2016 hasta un total de 917.000 vehículos.