El 'poll tax' de Ribó

El conocido como poll tax fue un impuesto creado en 1989 por el Gobierno de la ultraliberal Margaret Thatcher en contra de los más elementales principios de igualdad y progresividad fiscal que tantos siglos había costado consolidar. En lugar de hacer pagar más a quien más tiene o ingresa, el poll tax fue ideado para sustituir los impuestos locales por un solo impuesto llamado en realidad Community Charge (impuesto a la comunidad) que era igual para todos y se pagaba per cápita, independientemente de los ingresos de cada uno, su patrimonio o el barrio donde viviese.

El impuesto se puso en marcha en Escocia a modo de experimento y se extendió después a Inglaterra y Gales. La oleada de protestas, con violentos enfrentamientos con la Policía y decenas de heridos, fue tal, que la Dama de Hierro, que había ganado todas las batallas dentro y fuera del país, empezó a ser cuestionada por su fieles hasta que acabó dimitiendo pese a ganar su última votación en el Partido Conservador con el 55% de los votos, a un punto del 56% requerido para evitar una segunda vuelta que no quiso disputar. Thatcher se fue sin bajarse del burro y fueron sus rivales en aquella votación, John Major –sucesor como primer ministro– y Michael Heseltine, los que acabaron con el poll tax un año después.

En España, un impuesto como ese no habría sido posible o lo habría anulado el Tribunal Constitucional porque contravendría el artículo 31.1 de la Constitución que dice: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Las negritas son mías para subrayar la clave de un impuesto justo, la igualdad y la progresividad; todos iguales ante la ley y que cada uno contribuya según su capacidad económica.

El ejemplo más claro de progresividad es el Impuesto sobre la Renta, en el que cuanto más altos son los ingresos más porcentaje de los mismos hay que pagar a Hacienda, con las pertinentes desgravaciones por número de hijos, aportaciones al bien común y otras quizás más discutibles. En los impuestos indirectos, como el IVA o hidrocarburos, no hay progresividad pero sí igualdad, es para todos el mismo porcentaje sobre el consumo, por lo que en números redondos acaba pagando más quien más consume, que suele ser quien más dinero tiene. 

Lo que no se había visto, porque sería inconstitucional, es un impuesto regresivo, un impuesto en el que los pobres paguen más que los ricos. Eso es lo que se ha sacado de la manga el Ayuntamiento de València.

Más de una semana después de que Valencia Plaza alertase de que la revisión de la tasa de alcantarillado inserta en la factura del agua potable perjudicaba a las familias numerosas, el equipo de Gobierno que preside Joan Ribó no ha rectificado y mantiene que aprobará una nueva estructura tarifaria en el recibo de agua cuyos efectos se aprecian mejor con unos ejemplos:

Con un mismo consumo de agua per cápita, una viuda mileurista con cuatro hijos del barrio de Nazaret pagará más caro cada litro de agua potable que una pareja de asesores municipales sin hijos con ingresos de 3.500 euros al mes cada uno. Un matrimonio de jubilados del barrio de Orriols que tengan en casa a su hijo y nuera en paro y a sus dos nietos unirá a su desgracia tener que pagar más caro cada litro de agua potable que un single que viva en un ático de lujo en la plaza de la Reina. Un matrimonio con cuatro hijos del barrio de Benimaclet pagará cada litro de agua potable más caro que un matrimonio de empresarios del Ensanche sin hijos.

Joan Ribó y Sandra Gómez no dijeron nada de esta subida generalizada de impuestos (IBI, IAE terrazas, circulación…) durante la campaña electoral, como no dijeron nada de la subida de sus sueldos y del número de asesores que iban a perpetrar recién elegidos, pero es cierto que tampoco prometieron que no los subirían. De hecho, Ribó siempre ha defendido que un gobierno de izquierdas tiene que aumentar el gasto público y para ello hacen falta más ingresos, ergo más impuestos. 

Así, el sablazo a las terrazas y las subidas del IAE, del impuesto de circulación, del agua o del IBI –incluida la eliminación de la bonificación a las familias numerosas que vivan en casas de más de 300.000 euros de valor catastral– tiene su lógica en un gobierno de izquierdas que ha ganado las elecciones.

Lo que es impropio de un gobierno progresista es bajar la tasa del agua a los solteros y subírsela a las familias numerosas rompiendo los principios constitucionales de igualdad y progresividad. La progresividad debe aplicarse al dinero que gana o tiene cada persona, no al agua que consume el núcleo familiar. Aunque circunscrita a una sola tasa, es una regresividad aún más injusta que la del poll tax, que al menos era per cápita.

Por eso es sorprendente que más de una semana después y pese a las protestas razonadas de las asociaciones de familias numerosas, el alcalde Ribó y el concejal Vilar aún no hayan rectificado una medida que, dicen, partió del área de Ciclo Integral del Agua que tiene como nueva concejal a la socialista Elisa Valía.

El coladero de la factura del agua

La factura del agua potable en València es un coladero de impuestos indiscriminados que también chirrían con los principios de igualdad y progresividad, principios que sí tienen el IBI, el IAE o las terrazas donde no se paga lo mismo en toda la ciudad. 

En la factura del agua, independientemente del consumo y de su ubicación, todos los hogares pagan lo mismo por tarifa de inversiones, cuota de servicio, cuota de mantenimiento integral –todas ellas gravadas a su vez con el IVA–, tasa Tamer (tratamiento de basuras) y cuota de servicio de canon de saneamiento (autonómico). No se vayan todavía. A ello se añade, en función del consumo, la cuota del consumo de agua –con muy poco peso en la factura final–, el canon de regulación Júcar-Turia, la tasa de alcantarillado y la cuota del consumo del canon de saneamiento.

Los mismos que se oponen a que las carreteras las mantengan quienes circulan por ellas en lugar de con impuestos generales, como se atrevió a insinuar el ministro Ábalos, tienen muy interiorizado que las canalizaciones de agua, las alcantarillas o el tratamiento de basuras se debe financiar con un pago por uso y disfrute que, a falta de un medidor para el desagüe o el contenedor, se equipara al consumo de agua corriente. Tanta agua consumes, tanto evacúas y tanta basura produces.

Los partidos políticos, exentos

Tratándose de impuestos municipales, no puedo evitar echar de menos en la subida generalizada que va a aprobar el Ayuntamiento una rectificación a la decisión arbitraria del concejal de Hacienda consentida por el alcalde –porque le convenía al PSPV en un momento dado– de que los partidos políticos no paguen IBI, que pagaban hasta 2018, ni Impuesto de Plusvalías. Ayudaría a digerir el sablazo.