El PP exige que se elabore el reglamento de la ley de pobreza energética recurrida por el Gobierno

VALÈNCIA. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitía a trámite el pasado 28 de noviembre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Mariano Rajoy interponía a la Ley valenciana 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética en la Comunitat Valenciana. Desde entonces, Generalitat y Estado tratan de llegar a un acuerdo en una comisión bilateral para que el recurso en el alto tribunal no prospere y evitar así que la norma sea declarada inconstitucional.

Dos meses han pasado sin que, de momento, se sepa en qué quedará la normativa autonómica. Mientras, la actividad parlamentaria en Les Corts Valencianes, continúa. Y la ley de pobreza energética sigue siendo argumento de oposición para los populares. El diputado del PPCV Vicente Casanova no cesa en su empeño de solicitarle a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que desarrolle el reglamento que está previsto en la normativa. Incluso, después de que el Gobierno interpusiera el recurso ante el TC.

El parlamentario interpeló a la también portavoz del Gobierno valenciano para "conocer los trabajos llevados a cabo para el despliegue reglamentario". Lo hizo solo un día después que el Ejecutivo central dejara en el limbo la aplicación de la normativa por su recurso al artículo 3 de la ley. "Los esfuerzos inútiles llevan a la melancolía", le respondía la vicepresidenta de la Generalitat en referencia al "absurdo" de comenzar la elaboración de un reglamento durante la negociación con el Gobierno de España.

Sin embargo, tras aquel tira y afloja en el hemiciclo, el ex alcalde de Almassora en la legislatura anterior volvió a llevar su petición al pleno de Les Corts que se celebró el miércoles pasado. Presentó una moción subsiguiente para someter a sufragio la elaboración de dicho reglamento. Una votación que finalmente perdió.

Jefe de Química y Medio Ambiente en Iberdrola durante casi una década, Casanova no entiende que el Consell rechace el desarrollo legislativo de la ley, puesto que el "único artículo que está recurrido es el 3", que atribuye a la Generalitat la capacidad para declarar un hogar en situación de "vulnerabilidad social". No obstante, el diputado subraya que el artículo 2.4 de la ley hace referencia al reglamento para que un hogar pueda ser declarado como vulnerable socialmente y sin él se desconocen "tanto los parámetros o márgenes como los pasos a seguir", independientemente de a quién corresponda determinarlo.

Así, este apartado describe que se entenderá por "hogar en situación de vulnerabilidad social aquel que se encuentre en situación de pobreza energética conforme a los parámetros que se definan reglamentariamente en atención a los niveles de empobrecimiento admitidos por el Instituto Nacional de Estadística referidos a la Comunitat Valenciana". "Reglamentariamente no se pueden definir porque no existe reglamento alguno", manifiesta el parlamentario.

Los motivos de la Conselleria

Ahora bien, hallándose en entredicho la competencia de a quién corresponde realizar esa declaración, no resulta tampoco extraño que el Gobierno valenciano se mantenga inmóvil a la espera de que finalice la comisión bilateral. Pues, si finalmente no tuviera capacidad para obrar, habría realizado un reglamento que luego no tendría competencia para aplicar. Además, y aunque el reglamento estuviera elaborado, las nuevas ayudas tampoco se podrían resolver. La razón es que la Generalitat no puede gestionar nuevos casos porque, explican desde la Conselleria, está suspendido el artículo que le atribuye la capacidad de declarar un hogar en situación de vulnerabilidad. Es decir, sin ser competente, la gestión y tramitación de expedientes es inexistente por el bloqueo que conlleva el recurso ante el TC del Ejecutivo central.

A todo este embrollo jurídico, se añade un factor más. La ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) , aprobada en noviembre, derogaba el artículo 3 de la ley de pobreza energética. Precisamente, el punto de la discordia recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy. Con ello, la razón de ser de esa comisión bilateral habría desaparecido. Por este motivo, la conselleria de Oltra trabaja en el desarrollo del reglamento de la ley de RVI, que sería el marco bajo el que se concretarían los estándares en los que un hogar podría ser declarado vulnerable.