El presidente del PPCV, Carlos Mazón. Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA. El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha determinado que el PP será el que dirija la acusación compartida con Vox en el caso Azud. Ambas formaciones se personaron con un enfrentamiento sobre su disparidad de intereses por la vinculación con cargos investigados y en una evidente competición para ser los primeros.
El motivo de esta carrera fue que, junto a la petición de 10.000 euros de fianza, la magistrada ponía como requisito para que fueran acusación que lo hicieran bajo una misma dirección letrada. Es decir, con un mismo abogado. Pero añadía lo siguiente: "Si no concurren conjuntamente, actuarán ambas formaciones bajo la dirección letrada de la primera formación que se persone en forma". En definitiva, la que antes cumpliera con lo solicitado y, por lo tanto, presentara la fianza.
Ante tal circunstancia, el PPCV y Vox se afanaron. De acuerdo con las horas y los documentos aportados, fueron los segundos los que lograron consignar antes el dinero mediante transferencia a la cuenta del juzgado el día 22 de marzo. Los primeros lo hicieron de manera efectiva un día después, el 23, debido a problemas técnicos. En un escrito, detallaron que trataron de realizar la transferencia en reiteradas ocasiones pero no pudieron. Debido a ello, la abogada de los populares se presentó en el juzgado y, después de que el letrado de la administración de justicia reconociera el error, se subsanó. Por lo que a continuación pudieron consignar el dinero.
Ahora, la jueza manifiesta sin embargo que en la aplicación de la cuenta consta que el primer ingreso fue realizado por el PP el día 22 de marzo y que un día después figura el de Vox. Algo que ha causado cierto asombro entre las defensas salvo que pudiera existir algún error. En todo caso, la magistrada ha concluido que serán los populares, por tanto, los que dirigirán la acusación.
En sus respectivos escritos de personación, ambos partidos renegaron de la familia Corbín –la del cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá (y uno de los principales investigados)–. "El propio juzgado establece que Vox puede tener cierto interés particular al tener afiliados investigados", dijeron los populares en referencia al abogado José María Corbín y una de sus hijas. "Ello nos lleva a que si la dirección letrada del PP tuviera que asumir la acusación en nombre de Vox, se podría ver impedida en la solicitud de práctica de determinadas diligencias instructoras o formulación o no de recursos. O, en definitiva, se vería limitada su dirección letrada por cuestiones ajenas a su cliente", afirmó el PP en un escrito dirigido al juzgado.
Vox, por su parte, comunicó que Corbín ya no es afiliado de esta formación, aunque sí lo fue durante un periodo de tiempo. Pero el PP alertó de que nada dice el partido de su hija. "Entendemos que la misma es afiliada y, por tanto, el partido político estaría personándose como acusación en una causa en la que una afiliada es investigada. Ello podría llevar a que siguiera persistiendo ese interés y actuar en ciertos casos más como defensa que como acusación", señaló la abogada de los populares.
Vox remarcó que rechazaba "toda duda" sobre cualquier otro interés "a pesar de que se ha pedido la indicación expresa sobre las circunstancias de uno de los principales investigados: José María Corbín". El partido aseguró que "no tiene relación alguna" y que la única que le vinculó es que estuvo afiliado entre marzo de 2018 y julio de 2021 (fue detenido en abril de 2019). Además, argumentó que no estaba en Vox durante la comisión de los hechos presuntamente delictivos.
Sin embargo, proseguía, "es de resaltar que, posiblemente y por su especial relación con destacados miembros del PP en Valencia, debería haberse solicitado esta misma información" a los populares. "En todo caso, esta misma circunstancia, es decir, si fue o no afiliado del PP, o si alguno de los miembros de sus familiares más cercanos lo son o trabajan para el PP o cualesquiera de sus grupos, supone una especialísima circunstancia por la que se evidencia la diferencia abismal de los intereses y la imposibilidad de acumular y unificar la dirección jurídica entre ambas formaciones". Esto último lo cit en clara referencia al fichaje por parte de la portavoz popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, de una sobrina de Rita Barberá (e hija de Corbín) como asesora en el consistorio.
