Carlos Mazón y María José Catalá, en la sede del PPCV.Los populares argumentan que Vox tiene un conflicto de intereses porque ejerce la acusación en una causa en la que están investigados Corbín, que fue afiliado, y su hija, que lo sigue siendo
VALÈNCIA. El PPCV y Vox ya han consignado en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia los 10.000 euros que la jueza encargada del caso Azud les requería como condición para personarse en la causa. Ambos lo han hecho con un enfrentamiento sobre su disparidad de intereses por la vinculación con cargos investigados y en una evidente competición para ser los primeros. Y, por las horas y salvo algún cambio,… ha ganado Vox.
El motivo de esta carrera es que, junto a la petición de la cantidad de dinero, la magistrada ponía como requisito para que fueran acusación que lo hicieran bajo una misma dirección letrada. Es decir, con un mismo abogado. Pero añadía lo siguiente: "Si no concurren conjuntamente, actuarán ambas formaciones bajo la dirección letrada de la primera formación que se persone en forma". En definitiva, la que antes cumpliera con lo solicitado y, por lo tanto, presentara la fianza.
Ante tal circunstancia, el PPCV y Vox se afanaron. Los segundos consignaron el pasado martes los 10.000 euros mediante transferencia a la cuenta del juzgado. Los primeros lo hicieron de manera efectiva ayer miércoles debido a problemas técnicos. En un escrito, detallan que trataron de realizar la transferencia en reiteradas ocasiones pero no pudieron. Debido a ello, la abogada de los populares se presentó en el juzgado y, después de que el letrado de la administración de justicia reconociera el error, se subsanó. Por lo que a continuación pudieron consignar el dinero. Ahora, y si no existe acuerdo entre los dos partidos, será el juzgado el que decida quién se ha personado antes en forma.
El que más incómodo se siente con los requisitos impuestos por la magistrada es el PPCV. De hecho, ha recurrido la fianza al considerarla "desproporcionada" y ha considerado improcedente que tengan que ejercer la acusación conjuntamente con Vox. "El propio juzgado establece que Vox puede tener cierto interés particular al tener afiliados investigados", dicen los populares en referencia al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá (y uno de los principales imputados), y su hija. "Ello nos lleva a que si la dirección letrada del PP tuviera que asumir la acusación en nombre de Vox, se podría ver impedida en la solicitud de práctica de determinadas diligencias instructoras o formulación o no de recursos. O, en definitiva, se vería limitada su dirección letrada por cuestiones ajenas a su cliente", dice el PP en un escrito dirigido al juzgado.
Vox, por su parte, ha comunicado que Corbín ya no es afiliado de esta formación, aunque sí lo fue durante un periodo de tiempo. Pero el PP alerta de que nada dice el partido de su hija. "Entendemos que la misma es afiliada y, por tanto, el partido político estaría personándose como acusación en una causa en la que una afiliada es investigada. Ello podría llevar a que siguiera persistiendo ese interés y actuar en ciertos casos más como defensa que como acusación", señala la abogada de los populares.
Ya desde el inicio, sostiene, "se manifiesta un evidente conflicto de interés en la posición a ejercitar como acusación popular", el cual cree que podría darse también "ante determinadas diligencias de prueba o incluso resoluciones judiciales".
El PPCV omite, por contra, que también hay investigados en el caso Azud que fueron cargos –y afiliados– de esta formación, como el exvicealcalde de València Alfonso Grau, o que los hechos que se investigan en el Ayuntamiento de la capital tuvieron lugar bajo el mandato de los populares.
Vox, de otro lado, ha solicitado que se acuerde la personación de la acusación popular bajo su dirección letrada porque realizaron los primeros la consignación de la fianza de manera correcta. En un escrito de alegaciones, además, motiva, como le requirió la jueza, esta petición.
"En el caso que nos ocupa, se persigue una defensa del interés general, tanto en la defensa de los intereses generales que se ven afectados por la indubitada trascendencia social de los hechos investigados, como del interés común y, principal o fundamentalmente, en el interés personal de mi mandante y de los ciudadanos a los que representa", explica. También expone el "estricto cumplimiento de los principios rectores que rigen el funcionamiento de este partido político, según aparecen establecidos en sus estatutos, con una plena persecución de hechos aparentemente ilícitos que afectan, de manera directa, a las arcas públicas".
Vox señala que rechaza "toda duda" sobre cualquier otro interés "a pesar de que se ha pedido la indicación expresa sobre las circunstancias de uno de los principales investigados: José María Corbín". El partido trata de renegar de él y asegura que "no tiene relación alguna" y que la única que le vinculó es que estuvo afiliado entre marzo de 2018 y julio de 2021 (fue detenido en abril de 2019). Además, argumenta que no estaba en el partido durante la comisión de los hechos presuntamente delictivos.
Sin embargo, prosigue Vox, "es de resaltar que, posiblemente y por su especial relación con destacados miembros del PP en Valencia, debería haberse solicitado esta misma información" a los populares. "En todo caso, esta misma circunstancia, es decir, si fue o no afiliado del PP, o si alguno de los miembros de sus familiares más cercanos lo son o trabajan para el PP o cualesquiera de sus grupos, supone una especialísima circunstancia por la que se evidencia la diferencia abismal de los intereses y la imposibilidad de acumular y unificar la dirección jurídica entre ambas formaciones". Esto último lo cita en clara referencia al fichaje por parte de la portavoz popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, de una sobrina de Rita Barberá (e hija de Corbín) como asesora en el consistorio.
