César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante y Javier Moliner, su homólogo de CastellónVALENCIA. El enfrentamiento institucional que venía deslizándose desde hace meses entre las diputaciones gobernadas por el PP y el Consell que preside Ximo Puig se elevó este jueves, tras varios amagos, a la vía judicial. Así, la jornada comenzó con los cuatro diputados provinciales de Alicante y Castellón levantándose de la mesa del Consejo de Coordinación Turística y anunciando que esperarán a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre el recurso que ambas corporaciones han interpuesto.
El gesto, iba acompañado casi simultáneamente de la comparecencia conjunta en Alicante de César Sánchez y Javier Moliner para mostrar su rechazo a lo que califican de "imposición" por parte de la Generalitat. En este sentido, ambos presidentes calificaron de "ilegales" los decretos de Coordinación impulsados -hasta ahora en materia de Turismo y Deporte- por el Gobierno valenciano y denunciaron que, de esta manera, Puig trata de "controlar e intervernir el presupuesto de las diputaciones".
Por otro lado, desde el Consell, recuerdan que la maniobra iniciada por el Gobierno valenciano parte de la Ley de Coordinación de las Diputaciones de 1983 que hasta ahora había permanecido dormida. "Simplemente estamos aplicando una ley vigente", señalaron fuentes de la Generalitat a este diario.
Todo este debate, cabe recordar, se libra en un contexto de debate sobre el futuro de las diputaciones: así, el presidente de la Generalitat y sus socios de Compromís han mostrado públicamente su deseo de suprimir estas instituciones. Ante las dificultades que esto conlleva -un debate nacional que implica la reforma constitucional- Puig ha puesto en práctica esta medida para aumentar el control de la Generalitat en la gestión de los recursos de las diputaciones, un compromiso que ya había anunciado en la campaña electoral. Por otro lado, no es menos cierto que con esta maniobra el jefe del Consell incrementa su capacidad para reducir el contrapoder político que implican las corporaciones provinciales en manos del PP.
Ximo Puig junto a los presidentes de las tres diputaciones en su primer encuentro meses atrásAnte este movimiento, Sánchez y Moliner escenificaron ayer su posición conjunta ante lo que consideran la "imposición" de unos decretos que, a su juicio, "incumplen la ley y no se ajustan a derecho", un argumento en el que se ha basado el recurso presentado por la Diputación de Alicante este jueves en el TSJCV, según explicó Sánchez. Por su parte, Moliner recordó que el presentado desde Castellón ya ha sido admitido a trámite y pidió por "prudencia" la "suspensión de facto de unos decretos que en nada condicionan la capacidad de coordinarnos, como siempre y sin necesidad de ningún decreto".
Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, afirmó tras finalizar la reunión del consejo en Valencia que habían participado representantes de otras instituciones. "No se ha levantado nadie del sector turístico", recalcó, en referencia a la marcha de los diputados del PP. En este sentido, las fuentes populares consultadas por este diario recordaron que, precisamente ese organismo creado a partir del decreto, les deja en una situación "minoritaria" y "desigual".
