VALÈNCIA. (VP) El Partido Popular en el Ayuntamiento de València ha pedido en la Junta de Portavoces que se retire del orden del día del próximo pleno municipal, que se celebra el jueves, el punto en el que se propone la aprobación provisional de nueva documentación sobre la modificación puntual de la ordenación urbanística de Tabacalera.
La portavoz popular, María José Catalá, ha advertido que esta modificación puntual tiene que volver a ser aprobada por el pleno porque en su momento el gobierno municipal de Ribó y el PSPV hizo "una tramitación chapucera, sin contar con un dictamen preceptivo de la conselleria Cultura al tratarse de un Bien de Relevancia Local (BRL), y de manera precipitada para dar curso a la recalificación que elimina suelo escolar y dotacional para hacer viviendas en el barrio de Penyaroja".
Catalá ha pedido al gobierno municipal de Compromís y el PSPV que no aproveche el estado de alarma para aprobar un acuerdo urbanístico, que está relacionado con la recalificación en el barrio de Penyaroja, "cuando los vecinos no pueden intervenir en el Pleno para mostrar su disconformidad".
"En el Grupo Popular estamos en contra de esta recalificación, y pensamos que, por su transcendencia y oposición social, no debería llevarse a Pleno en este momento cuando los vecinos no pueden defender su postura contraria”, ha resaltado.
El Ayuntamiento realiza esta operación para dar respuesta a la deuda del consistorio con la constructora Guadalmedina, derivada del llamado 'pelotazo' de Tabacalera, que tiene origen hace tiempo, cuando el gobierno municipal de Rita Barberá dio luz verde a la permuta de unos terrenos realizada en favor de dicha empresa en el edificio de Tabacalera. Una operación que el TSJ acabó anulando años después, ya con Ribó al frente de la administración municipal.
Figuración de cómo quedaría volumétricamente el nuevo edificio. Foto: VP. Así, el Ayuntamiento de València se vio obligado a compensar a la empresa, quien reclamaba en vía judicial 45 millones de euros. Y en este contexto, el equipo de gobierno local y concretamente desde el área de Urbanismo, que entonces dirigía el edil Vicent Sarrià, decidió que para compensar esta deuda, el Ayuntamiento entregaría parte de un solar previsto para centro escolar y otro calificado como zona verde, en el barrio de Penyaroja.
Los vecinos quieren que se sigan manteniendo la parcela como uso dotacional y han recibido el apoyo del Partido Popular, que en el pleno se opuso al cambio de calificación de los terrenos. A pesar de ello, Ribó y el PSPV han seguido adelante con la construcción de las viviendas. Ahora es la Generalitat Valenciana la que tiene la última palabra ya que debe pasar su aprobación por la Conselleria de Infraestructuras.
