MADRID (EP) El PP ha registrado este viernes en el Congreso su propuesta para permitir que un Gobierno en funciones pueda modificar el tope de déficit y de deuda de las administraciones públicas y así permitir que las comunidades autónomas puedan beneficiarse del margen dado por Bruselas que, al flexibilizar los objetivos para España, permitió aumentar el déficit autorizado este año a estas administraciones del 0,3% al 0,7% del PIB.
En caso de aprobarse, permitirá la liberalización de 4.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que hasta ahora no pueden llegar a las administraciones autonómicas, pues el Gobierno en funciones no está autorizado. En el caso de la Comunitat, se desbloquean 400 millones de euros.
No obstante, tal y como publicó Valencia Plaza, es falso que el Gobierno no pudiera aplicar la nueva senda de déficit autorizada por la Unión Europea y pactada con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por estar en funciones.
Ello es así porque la Ley del Gobierno establece que un Ejecutivo en funciones no podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Es lo único que está taxativamente vetado. Pero los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por el CPFF no son objeto de ley, sino de un acuerdo del Consejo de Ministros que debe ser remitido a las Cortes Generales.
El Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos,absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas", según esta ley, por lo que el Gobierno podría aprobar el acuerdo alegando razones de interés general.
La proposición de ley orgánica presentada ahora por los populares sólo tiene un artículo, que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluyendo en ella una nueva disposición para permitir que un Gobierno en funciones pueda modificar los objetivos de déficit y deuda pública.
Concretamente, la iniciativa señala que si fuera necesario revisar los objetivos ya fijados como consecuencia de una decisión de la Unión Europea, y el Gobierno estuviera en funciones, podrá adoptar el acuerdo por el que se fijan los límites de déficit y deuda pública para las diferentes administraciones públicas. La modificación excluye de ese acuerdo el límite de gasto no financiero, que no podrá ser modificado por un Gobierno en funciones.
Para que la proposición pueda salir adelante lo antes posible y no se pierda en caso de disolución anticipada de las Cortes por unas terceras elecciones, el Grupo Popular ha solicitado la tramitación directa y en lectura única en el Pleno del Congreso, lo que implica que no pasará ni por ponencia ni por comisión.
Fuentes del grupo parlamentario han comentado a Europa Press que la ley, una vez que el Gobierno dé su visto bueno para debatirla, será llevada al Pleno del Congreso la semana del 18 de octubre para que a la semana siguiente complete su tramitación en el Senado.
