La presidenta del PPCV, Isabel Bonig. CORTS VALENCIA. El Partido Popular en Les Corts registró este martes una petición dirigida al presidente de la Cámara, Enric Morera, para que abra un expediente informativo que justifique los motivos por los que se retrasó el traslado al Consell de las 600 solicitudes de documentación presentadas por diputados populares.
Al respecto, cabe recordar que el pasado 18 de octubre la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, avanzaba que su grupo no descartaba emprender acciones legales ya que desde que estas se registraron en el mes de septiembre no habían sido tramitadas por la Mesa de Les Corts y, por tanto, se estaba obstaculizando "la labor de control de los diputados". El grupo apuntaba que, ciñéndose al Reglamento del parlamento valenciano, que establece un margen de 20 días para facilitar información, se encontraba próximo el "vencimiento del término legal" para que el Gobierno valenciano la facilitase.
Tan sólo un día después, Morera alegaba que la duplicidad de 50 peticiones de información entre las 600 solicitudes habían provocado un retraso en el trabajo de los servicios administrativos de la Cámara, lo que promovió que alertaran a los populares para que fuesen retiradas y poder continuar con el proceso. Además, a esta dilación también contribuyó que se tuvieran que cursar "más 1500 resoluciones del Debate de Política General (DPG)".
No obstante, las 50 peticiones duplicadas no se hallaban entre el listado que denunció el PP y la indignación en el grupo fue todavía mayor. Ahora, el Partido Popular exige al president de Les Corts que, además de iniciar un expediente de informativo que aclare cuál fue el procedimiento seguido y por qué este se demoró, presente el resto de solicitudes de los otros grupos parlamentarios "durante la semana del 19 al 23 de septiembre que también sufrieron idéntica demora" a las presentadas por el PP debido a la tramitación de las resoluciones del DPG tal como señalaba en el informe de Morera.
Como informaba esta semana Valencia Plaza, el PPCV se está tomando muy en serio la labor de fiscalización que debe llevar a cabo un partido en la oposición. Si en la anterior ocasión, el grupo requería información sobre los empleados públicos de determinados departamentos de todas las consellerias, en esta lo hacían sobre facturas de caja fija, la incidencia en la residencia de Carlet y subvenciones a Acció Cultural del País Valencià. Una labor de control a los miembros del Consell del Botànic como principal estrategia política a seguir por la formación que dirige Bonig.
