El PP recurrirá el convenio con Escola Valenciana y pide paralizar ayudas a dedo

VALÈNCIA (EFE). La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Català, ha reclamado este viernes que se retire del orden del día de la Junta de Gobierno la aprobación de un convenio con Escola Valenciana "al considerar la Agencia Antifraude que no está justificado el interés público".

Catalá ha anunciado que el PP presentará un recurso de reposición si Compromís y el PSPV aprueban el convenio de Escola Valenciana para el año 2020 y presentará también reclamaciones al Presupuesto "para que se paralicen las ayudas a dedo que Antifraude considera no justificadas a entidades catalanistas", según un comunicado de la formación política.

La resolución de la Agencia Antifraude sobre la subvención a Escola Valenciana del 17 de noviembre "deja en evidencia la voluntad política del Ribó y el PSPV de favorecer a entidades catalanistas que utilizan el dinero público para fines en los que no están justificados el interés general", asegura el Grupo Municipal Popular.

Según el comunicado de la formación popular, Antifraude deja claro en su dictamen que hay más entidades que fomentan el uso del valenciano que podían haber optado a estas ayudas del Ayuntamiento, pero que han quedado excluidas porque no se utilizó un procedimiento abierto para su adjudicación.

Para el Partido Popular, desde que gobiernan Joan Ribó y el PSPV en el Ayuntamiento, "distintas entidades vinculadas al catalanismo han recibido más de 400.000 euros de fondos públicos".

Al respecto, Catalá ha declarado que el alcalde "tiene que dejar de regar con dinero público a entidades que están a favor del expansionismo e independentismo catalán", y ha agregado: "Es necesario poner un dique de contención a estas entidades que actúan de manera opaca, además de que alguna de ellas también cuenta con financiación de la Generalitat de Catalunya".

Catalá ha señalado que esta resolución de Antifraude denuncia irregularidades graves del Gobierno municipal y ha concluido: "Esperamos que, esta vez, se asuman responsabilidades y se atienda al dictamen de la Antifraude, porque de manera reiterada el gobierno del Ayuntamiento de València hace caso omiso a las resoluciones de la Agencia Antifraude, al Consell de Transparencia y al síndic de Greuges".