Vicente Mompó y Rocío Gil. VALÈNCIA. El PP y Ciudadanos abren la puerta a llevar a los tribunales la última polémica en Divalterra relacionada con el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos. Todo ello después de los diversos intentos por parte del presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, de que se anulara la contratación de la persona elegida por el tribunal después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. Junto a él se ha posicionado el director jurídico y de riesgos penales de la firma, José Luis Vera, que en varios informes expone diversas irregulares en un proceso que es defendido, del otro lado, por el propio tribunal, la Agencia Antifraude y la Intervención de la Generalitat.
Rivera ha convocado un Consejo de Administración para el próximo viernes después de que los partidos de la oposición solicitaran la celebración de una Junta General Extraordinaria –equivalente al pleno de la Diputación de Valencia– para abordar todo este asunto. La respuesta ha sido la de fijar antes del Consejo para votar los informes de Vera y cesar al gerente de Divalterra por desobedecer la orden de no contratar a la ganadora –a lo cual se negó al entender que todo se hizo correctamente–.
El portavoz del PP en la corporación provincial, Vicente Mompó, ha recordado, en un comunicado, que hay solicitada por parte de la oposición una Junta General de Divalterra para tratar "cuestiones trascendentes" relacionadas con esos temas y ha considerado que celebrar la reunión del viernes antes "no parece lógico". En este sentido, ha apuntado que en el Consejo de Administración extraordinario del viernes se pueden tomar decisiones que debería estudiar la Junta General y ha hablado de "decisiones de gran importancia para el futuro de la empresa como es la continuidad o no en el cargo de su gerente".
"Hemos solicitado, desde la semana pasada, una Junta General de la empresa que se ha de celebrar en los próximos días", ha expuesto. A su vez, ha manifestado que la "premura en la actuación del presidente del consejo, Ramiro Rivera, genera cierta alarma, toda vez que en la Junta que se debe celebrar en pocas fechas se van a tratar cuestiones trascendentes para Divalterra". El portavoz 'popular' ha indicado que esta "parece el foro lógico donde se deben analizar con máxima transparencia" esos asuntos para "después, trasladar al consejo las decisiones que se adopten". Vicente Mompó ha agregado que sería deseable que tanto lo relacionado con el gerente "como el informe jurídico de José Luis Vera se pudieran estudiar con carácter previo en la Junta General, donde se reúnen los propietarios de la empresa pública".
Ha aseverado, igualmente, que el PP estará "muy vigilantes de todo lo que ocurra en el consejo del próximo viernes y en la Junta General por si llegado el momento se deben adoptar medidas para denunciar, donde corresponda, las diferentes polémicas que se han suscitado en los dos últimos meses" en torno a Divalterra.
Por su parte, el grupo de Cs en la Diputación de Valencia ha anunciado que pedirá que el Consejo de Administración de Divalterra lleve la elección del jefe de Recursos Humanos a la Fiscalía. "El caso ha llegado a tal punto de gravedad que la justicia ha de tener constancia de lo que está pasando en esta empresa pública", ha señalado la portavoz de esta formación en la institución provincial, Rocío Gil.
Así, ha avanzado que "el consejero a propuesta de Cs pondrá esta demanda encima de la mesa en la sesión extraordinaria" del consejo "del próximo viernes" y ha declarado que su grupo espera "que los demás lo apoyen". "Las presuntas irregularidades en el proceso de elección del jefe de Recursos Humanos han ido demasiado lejos. Falta de transparencia, filtraciones interesadas, triquiñuelas de dudosa legalidad, un culebrón más propio de una serie de ficción que de una institución seria y ética como debe ser la Diputación" de Valencia, ha criticado Gil.
"Llegado a este punto, cuando incluso quieren cesar al gerente de la empresa siendo que su actuación cuenta con el visto bueno de la Agencia Antifraude, consideramos que lo sensato es que la Justicia conozca qué está pasando", ha insistido la responsable de Cs.
Rocío Gil ha añadido que su grupo "sabe que hay hasta ocho informes" aunque ha dicho que "todavía no hemos tenido acceso al expediente". "Los representantes públicos, la ciudadanía y, sobre todo, las 700 familias que dependen de Divalterra tienen derecho a saber por qué un proceso de selección genera estos problemas y se acaba convirtiendo en un espectáculo bochornoso", ha afirmado.
