La diputada y portavoz de Justicia del PPCV, María José Ferrer San-Segundo. Foto: CORTSVALÈNCIA (EP). El Partido Popular ha presentado en Les Corts Valencianes una iniciativa para que el Consell inste al Gobierno central a mantener, "no derogar y en su caso reinstaurar", la prisión permanente revisable como la pena máxima del Código Penal respecto a delitos de extrema gravedad para penados con pronóstico desfavorable, bajo revisión periódica, de reinserción social.
Así lo ha explicado este sábado la portavoz de Justicia del grupo Popular, María José Ferrer San-Segundo, quien ha señalado de que se trata de una propuesta que está recogida en otros ordenamientos del entorno, informa el PPCV en un comunicado.
Ferrer San-Segundo ha recordado que esta pena se introdujo por el Partido Popular en 2015 para delitos graves como "asesinatos especialmente lacerantes, genocidios, delitos de lesa humanidad, terrorismo y crímenes dolosos acumulados a agresiones sexuales, con agravante cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable". Ha lamentado que el "PSOE, Podemos, Compromís y grupos nacionalistas como ERC o Bildu, con la abstención activa de Ciudadanos, quieran derogarla de plano y en caliente".
En este sentido, ha recalcado que son estos grupos "y no el PP quienes han abierto el debate", pero, según la parlamentria, "no para hacer propuestas de mejora o remedios complementarios, sino para liquidar el sistema legal vigente".
"Teniendo en cuenta -ha proseguido la portavoz de Justicia- que estas previsiones legales vienen, por lo demás, alineadas con la demanda social, y no solo, aunque también, de asociaciones de víctimas y familiares". A su juicio, "resulta incoherente que en un momento en que se reitera que hay que escuchar a la calle, se descalifique en este tema la posición de una buena parte de la sociedad, tachándola de inmadura, vengativa, infundada, o sin capacidad para discernir".
El PPCV también pide en su propuesta el impulso de la mejora de la legislación penal y penitenciaria, profundizando en medidas sobre el cumplimento efectivo de las condenas para hacer frente a la peligrosidad.
La PNL defiende la necesidad de "perfeccionar el sistema de manera que, respetando los principios constitucionales del penado, sean justas respecto del daño causado a las víctimas, además de garantes para la seguridad de la sociedad, a fin de evitar reincidencias previsibles lesivas para el bien común".
Para ello, los populares proponen una batería de medidas que no se limitan a la cuestión de la pena, como medios técnicos, materiales y humanos para profundizar en los mecanismos de evaluación de riesgos, reportando garantías procesales a los condenadas para protegerlos contra decisiones arbitrarias y dar al tiempo seguridad jurídica a la sociedad; intensificar los cursos y actividades de resocialización, reeducación y reinserción del penado. o perfeccionar los métodos de valoración por el juez en cada caso concreto respecto a los efectos de la excarcelación, entre otros.
San Segundo propone así garantizar que los crímenes de máxima gravedad y los pronósticos individualizados desfavorables de reinserción tengan "un reflejo legal en la determinación de las penas, las clasificaciones al tercer grado de tratamiento penitenciario, los permisos de salidas extraordinarios, ordinarios o de fin de semana, las suspensiones de condena o las excarcelaciones anticipadas a su cumplimiento".
Igualmente, los pronósticos individualizados desfavorables de reinserción "deben tener, sin perjuicio de la mejora del sistema a que también alcanza esta iniciativa, un reflejo legal, en la determinación de las penas, las clasificaciones en tercer grado de tratamiento penitenciario, los permisos de salidas extraordinarios, ordinarios o de fin de semana, las suspensiones de condena o las excarcelaciones anticipadas a su cumplimiento, tal y como lo tienen en otras democracias consolidadas".
