José Salas, diputado autonómico del PPCVLa modificación fue aprobada con el voto a favor de PSPV y Compromís y con el voto en contra de los populares valencianos
VALENCIA. El pleno de Les Corts celebrado este jueves acogió una peculiar votación en materia de comercio. La cámara validó el nuevo Decreto Ley sobre Horarios Comerciales de la Comunidad Valenciana, un texto que modifica el Decreto Ley 1/2015 tras la amenaza de recurso por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que forzó al Consell a rebajar sus restricciones a la libertad horaria.
Lo curioso es que tal modificación aprobada este jueves contó con el voto a favor del Gobierno valenciano, formado por PSPV y Compromís -formaciones partidarias de restringir la apertura en domingo-, y con el voto en contra del PPCV -defensor de la liberalización de horarios-.
El apoyo del Consell sí estaba en el guión. El Ejecutivo, como explicó el diputado de Compromís Fran Ferri, optó por aceptar estas modificaciones como "mal menor" para evitar un conflicto judicial con el Gobierno central por esta cuestión, una disputa que enquistaría la normativa que regula las Zonas de Gran Afluencia Turística -áreas con libre apertura para el comercio los domingos y festivos-.
La sorpresa provino del sentido del voto del PPCV, de quien nadie se esperaba que se pronunciara en contra de las exigencias del Gobierno de España, controlado por su partido. Preguntado al respecto, el diputado autonómico del PPCV José Salas ofreció a Valencia Plaza una interpretación bien distinta sobre los cambios en el decreto que este jueves se votaba.
"Entendemos que es un texto que contribuye a la restricción. Lo que busca el Consell es extender lo que ya se está haciendo en Valencia ciudad: que los comercios cierren los domingos", explicó Salas, que agregó que el PPCV defiende "la libertad horaria bien pautada".
La discrepancia entre el Gobierno autonómico y el central la suscitaba el artículo 21, el que contenía los requisitos aprobados por el Consell para limitar la liberalización horaria a los municipios o áreas geográficas que acreditaran "criterios objetivos" de afluencia turística.
Teles requisitos eran tener un 20% de segundas residencias, plazas hoteleras equivalentes al 15% de la población o un Bien de Interés Cultural (BIC) con un mínimo de 300 visitas en domingos y festivos, entre otras cuestiones que el Gobierno de España consideró restricciones excesivas.
