El PPCV y los sindicatos excluidos llevarán a los tribunales el valenciano entre los funcionarios

VALENCIA. La Generalitat ha llegado a un acuerdo sobre el requisito lingüístico que se solicitará a los funcionarios autonómicos en la nueva Ley de Función Pública, tras meses de debate interno al respecto. Habrá un mínimo de valenciano exigido, detallado en un documento que se deberá promulgar durante los próximos seis meses de la entrada en vigor de la norma, algo contra lo que ya se han levantado las primeras voces críticas. Tanto el PPCV como los integrantes de los sindicatos CSI·F y CESM-CV han amenazado con llevar la cuestión a los tribunales si el decreto final incluye este discutido punto.

La coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciado que el tema ya está “en manos de sus abogados” para interponer una denuncia en cuanto se promulgue la ley. Se trata del mismo protocolo de actuación llevado a cabo con el decreto de pluriligüismo. En el caso de esta norma, los populares han presentado un recurso ante los tribunales para paralizar su ejecuición, y hablan de “chantaje lingüístico”. “Seremos firmes cada vez que haya una medida similar, especialmente con la cuestión del valenciano, porque creemos que se vulneran los derechos constitucionales de los ciudadanos”, ha argumentado Ortiz.

“No es que CSI·F y CESM no estuviéramos, es que nos expulsaron, y eso PARECE una grosería"

El caso de las agrupaciones CSI·F y CESM-CV es especialmente sensible, ya que son dos de las cinco que forman parte de la Mesa General en la que se discuten asuntos de función pública, pero no estuvieron presentes en la reunión de ayer. Fue durante la misma cuando la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, comunicaron la nueva medida a UGT, CCOO e Intersindical. Desde el Consell argumentan que se consideró “oportuno” convocarles únicamente a ellos, ya que son los tres firmantes del llamado ‘pacto de las Naves’, un acuerdo precisamente proclive a la exigencia lingüística y a las medidas que se iban a anunciar.

“No es que no estuviéramos, es que nos expulsaron”, precisan desde CESM-CV. Los representantes sindicales fueron avisados de la cita de este martes por el funcionario habitual, pero una vez sentados en la mesa, se les pidió que abandonaran la sala antes de que llegaran los consellers. Posteriormente fue Gabriela Bravo quien se encargó de transmitirles las novedades por separado. El sindicato médico califica el gesto de “grosería”, pese a que este miércoles recibían una disculpa por parte del funcionario responsable de llamarles. La explicación oficial pasa porque se habría tratado de “un error, un fallo".

CSI·F no solo confirma el relato, sino que además avanza que planteará “actuaciones legales sobre el fondo y la forma en que se han producido los acontecimientos”. “Hemos sido convocados a una reunión de la que luego nos han echado. Se trata de un comportamiento sectario, dogmático y que pretende arrinconar en la marginalidad al sindicato”, argumentan, al tiempo que se preguntan cuál habría sido la situación si los expulsados hubieran sido el resto. En su opinión, solo existe un borrador de anteproyecto, por lo que todo lo demás “no se ha negociado”. En este sentido, critica que el gobierno autonómico ya esté publicitándolo “cuando todavía tiene que pasar por Mesa y ser aceptado por el resto de sindicatos”.

El valenciano, ¿imposición ideológica?

Cabe recordar el largo periplo recorrido por la Ley de Función Pública hasta llegar a este punto, cuando parece que está a punto de promulgarse. La norma abrió una brecha entre los miembros del Consell, especialmente en lo concerniente al requisito lingüístico que se va a pedir a los funcionarios. Mientras que el PSPV era partidario de dejarlo en manos de cada sector profesional, siendo permisivo en el ámbito sanitario, Compromís quería fijar unos mínimos de valenciano. En concreto, que a todo el personal del grupo A, como médicos o enfermeros, se le pidiera el C1 (el equivalente al anterior Mitjà).

La postura del sindicato sanitario CESM y la de CSI·F es contraria a “la imposición” del requisito lingüístico. En opinión del primero, se trata de “un órdago político por parte de Compromís”. “Hay problemas más importantes en la Comunitat. Aquí el sentimiento identitario es el que es y las ideologías son muy legítimas, pero no se pueden imponer”, concluyen. Para CSI·F, la exigencia fijada “no recoge la realidad del uso del valenciano en la Comunitat”, ya que su utilización en las tres provincias “no es homogénea”.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, también hacía referencia a esta cuestión durante el acto Forum Europa Nueva Economía. La líder popular calificaba de “impropio de un Consell que habla de diálogo” el hecho de “apartar al sindicato CSI·F de la negociación acerca del requisito lingüístico”. “La hoja de ruta separatista está marcada desde los años 80 y empieza por la educación y por la administración”, aseguraba la dirigente quien añadía que Compromís “simplemente la está aplicando con pasos firmes” y la comparaba con el que denomina “decreto de chantaje lingüístico en la educación”. La lucha irá para largo.