Sagunto, último 'round' para una Ley de Función Pública que ha abierto la brecha en el Consell

VALENCIA. Una norma que es motivo de polémica incluso antes de nacer. La Ley de Función Pública de la Comunitat, anunciada por el Consell y en fase de borrador, lleva días coleando por los despachos de la Generalitat. Su tránsito de un departamento a otro ha abierto brecha. Mientras que el PSPV respalda la norma, Compromís muestra sus recelos sobre el texto, especialmente en lo concerniente al requisito lingüístico y los órganos de control interno. Como última oportunidad, los socios del Consell tratarán de acercar posturas durante este fin de semana en el Seminario de Sagunto, que podría dar el espaldarazo final para que la norma siga su cauce administrativo o dejarla totalmente neutralizada.

Hay un nombre propio detrás de todo este proceso: el de la consellera de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo. Si bien la jurista cuenta con el apoyo del president de la Generalitat, Ximo Puig, no sucede lo mismo con los socios de un Acuerdo del Botánico recientemente renovado. El gesto de que todas las Consellerias hayan podido acceder al texto, en tanto que afecta directamente su personal, ha tensado posturas en lugar de aplacarlas. Bravo se ha empeñado en sacar adelante el texto por el camino recto, pero Compromís no ha tardado en frenarle los pies.

El otro gran movimiento de esta semana ha sido poner el texto sobre la Mesa Sectorial para iniciar la negociación con los sindicatos. Queda a la espera de las aportaciones de Intersindical, CCOO PV y UGT-PV, en tanto que la promulgación de esta ley afectará a cerca de 19.000 empleados del sector público. La postura de las patronales es, a priori, marcadamente favorable a la ley redactada desde la Conselleria de Justicia, que se ha hecho teniendo en cuenta algunas de sus sugerencias.

La norma deja en manos de cada sector el mínimo lingüístico, algo que el Bloc no ve con buenos ojos

El gran punto de discordia es el nivel lingüístico que se pedirá al funcionariado. Justicia plantea que todos los empleados públicos acrediten un determinado nivel de valenciano, pero no especifica cuál. De hecho, deja en manos de cada sector profesional adaptarlo a su realidad, siendo especialmente permisiva en el ámbito sanitario. Compromís quiere que haya unos mínimos ya recogidos en el texto y que, a los miembros del grupo A, se les pida el C1 (el equivalente al anterior Mitjà). El acuerdo contempla, además, que la Generalitat garantice el aprendizaje del valenciano y fomente medidas de reciclaje, a fin de que las plantillas no se vean sometidas a un impacto.

Hacía referencia a esta polémica la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, este mismo viernes durante la rueda de prensa del pleno del Consell. Preguntada por los periodistas, afirmaba que cualquier ciudadano” tiene derecho a poder comunicarse con la Administración en la lengua de su elección”, castellano o valenciano. “Estamos para garantizar los derechos de las personas”, remarcaba, e insistía en que para ello debe establecerse “la normativa que permita cumplirlo”. Aunque rechazaba valorar el borrador de la ley de Función Pública, sus palabras dejaban vislumbrar cambios en un borrador que, afirma, no es definitivo: “Puede estar de una manera y de aquí a cinco minutos de otra”.

Por otro lado se encuentra el frente de la Oficina de Supervisión. El borrador de la Ley de Función Pública plantea crear un órgano con competencia en el control del trabajo de los funcionarios, lo que pondría en un compromiso Inspección General de Servicios. La Conselleria de Transparencia, al frente de la que se encuentra Manuel Alcaraz, muestra su total rechazo a la creación de tal oficina, que no haría sino restarle competencias. En el texto también se habla de una Escuela Valenciana de Administración, encargada de “la gestión del proceso selectivo de personal funcionario de carrera, interino, laboral fijo y laboral”, lo que seguiría incrementando las potestades de la Conselleria de Bravo.

Las fuentes oficiales se afanan en desmentir que exista “una polémica real” y lo atribuyen al ámbito mediático. Sin embargo, las fuentes internas de los partidos admiten la disputa. En este punto, la cita de Sagunto cobra más relevancia que nunca, no solo como elemento dinamizador de la Ley de Función Pública (una de las más esperadas desde que se anunciara su actualización), sino como piedra de toque del renovado tripartito.

Jornadas y traslados

Si bien la lucha principal se libra en el ámbito de la Comunitat, las condiciones de los funcionarios también dependen del Gobierno estatal. Esta semana los sindicatos le planteaban al ministro Cristóbal Montoro la posibilidad de recuperar la jornada reducida de 35 horas, como ya ha sucedido en Andalucía. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda se ha mostrado reacio a la medida, arguyendo que la jornada mayoritaria en la Unión Europea ronda las 40 horas. CSIF, UGT y CCOO no están dispuestos a rendirse. En su propia lucha, trasladarán este lunes la petición a la secretaria de Estado, Elena Collado.

Por otro lado, en la Conferencia de Presidentes las autonomías reclamaron a Mariano Rajoy medidas específicas para promover la consabida movilidad interadministrativa. Así, los funcionarios públicos podrán solicitar un cambio de Administración, sin importar que la transferencia sea entre organismos estatales, autonómicos o locales. No obstante, la reivindicación del Consell ante esta negociación es que la transferencia se produzca como “empleados de pleno derecho”, “integrados en la estructura” y atendiendo al “principio de reciprocidad”, algo que hasta la fecha no se ha garantizado.