El conseller de Economía, Rafael Climent, y el subsecretario de la Conselleria, Natxo Costa. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Conselleria de Economía que dirige Rafael Climent (Compromís) recibió el pasado noviembre una visita que resultaría cotidiana si no fuera por el asunto al que se debía. Sus socios de Gobierno del PSPV acudieron a revisar el expediente que posteriormente derivó en una sanción de 43.000 euros de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a mercantiles vinculadas al hermano de Ximo Puig y sus socios.
Según confirman varias fuentes, la diputada Rosa de Falastín Mustafa se personó en la sede del departamento para comprobar toda la documentación debido a que fue ella quien el pasado septiembre registró en Les Corts una batería de peticiones de documentación sobre la tramitación de la multa.
La sospecha del PSPV siempre ha sido que hubo un trato desfavorable hacia Francis Puig con intenciones políticas por parte de Compromís. Aunque las manifestaciones públicas no han ido tan lejos y han resultado un poco más disimuladas, las diversas solicitudes de información en el Parlamento autonómico evidencian ese pensamiento.
El expediente que acabó en sanción fue conocido hace casi un año. El objetivo de Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza –la primera de ellas administrada por Francis Puig y las dos siguientes por la familia Adell Bover– era ganar varios lotes de corresponsalías de À Punt con un acuerdo en las ofertas. Así, presentaron propuestas idénticas al alza y en cada contrato pujaba una a la baja para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso.
Las intenciones fueron advertidas por la propia radiotelevisión valenciana –los contratos no llegaron a firmarse–, que lo puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y ésta, a su vez, lo trasladó al órgano autonómico. El expediente se inició en octubre de 2019 ante posibles incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se resolvió con la citada multa al declarar acreditada una infracción muy grave constitutiva de cártel en el ámbito de la contratación pública.
El informe elaborado por Competencia explicaba que, una vez recibida la documentación de esas mercantiles, se acordó iniciar una información reservada con el fin de determinar con carácter preliminar si concurrían las circunstancias que justificaran la incoación de expediente sancionador. Dado que en esa comprobación se observaron indicios racionales de la existencia de conductas restrictivas de la competencia prohibidas por ley, se incoó a continuación el expediente sancionador a las cuatro que acabaron multadas.
Concluyeron que esas mercantiles presentaron cuatro tipos o modelos de ofertas el mismo día, con precios idénticos en los cuatro conceptos –que se repitieron de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron– y que todo respondía a un sistema de reparto. Además, fueron las únicas, de entre las licitadoras que licitan a varios lotes, que ofrecieron precios distintos a los diferentes lotes a los que concurrían.
A ello se unía que las empresas de Francis Puig y los Adell Bover disponían, de acuerdo con Competencia, de información sobre la licitación con carácter previo a su publicación, tanto el hecho de la próxima licitación como de los términos en que se iba a lanzar. También que existió una coordinación entre todas para presentarse con el mencionado pacto de precios.
En abril, el PSPV ya quiso averiguar si el expediente únicamente se inició para las empresas multadas finalmente, ya que la información aportada por À Punt a la CNMC relativa a conductas que podrían ser contrarias a la ley de Defensa de la Competencia mencionaba a siete mercantiles (no sólo a las cuatro sancionadas). En la respuesta, firmada por Climent, Economía expuso que el expediente se incoó de acuerdo a un informe de fecha del 15 de marzo de 2019 de Competencia.
Luego, en septiembre, pidió acceder a todo lo relacionado con la investigación. A la parte pública –que se puede consultar en la web de la Conselleria– y al informe reservado. Para ello, registraron hasta seis peticiones de documentación dirigidas a Economía. La contestación por parte de esta última fue que acudieran a la sede del departamento porque no les podían trasladar una copia debido a la protección de datos. Allí se presentó la diputada socialista, aunque es posible que el grupo siga con las solicitudes de información.
