El PSPV antepone "los derechos de los mayores" a la consulta de Grezzi para renovar las líneas de EMT

VALENCIA. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, remarcó este martes que la participación ciudadana en el proceso de renovación de las líneas de EMT está por debajo “de la igualdad de los derechos” ya que se “debe priorizar las necesidades de las personas mayores”.

Desde el pasado 4 de mayo, el Ayuntamiento impulsó una consulta para que, a través de grupos de trabajo en las juntas de distrito, los ciudadanos debatieran, analizaran y sugirieran en el borrador de la propuesta para realizar cambios en diez líneas de la EMT. Una campaña presentada por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, a quien corresponde también la presidencia de la Empresa Municipal de Transporte, y el concejal de Participación Ciudadana, Jordi Peris. 

No obstante, el PSPV recordó este martes, en su balance anual, que la ciudad de Valencia se sumó al acuerdo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para convertirse en ciudad amigable y que ello implica a todo el gobierno municipal. Este concepto de ciudad amigable, conlleva que “cuando se cambien las líneas de la EMT, se tengan en cuenta también los derechos fundamentales, y se considere que tenemos una población crecientemente mayor. Por lo tanto, más allá de cualquier otra consideración, los derechos de las personas mayores, el derecho a tener calidad de vida, está por encima de otras consideraciones”, señaló el primer teniente de alcalde, Joan Calabuig.

Preguntado por los periodistas por cómo van a trasladar los intereses de los mayores a la consulta ciudadana y si participará el equipo socialista esta consulta, Calabuig apuntó que el PSPV tiene un criterio determinado y que entienden que “más allá de cosas que nos parecen positivas como la participación ciudadana, que está muy bien, está el orden jerárquico de prioridades y, en este caso, éste es inferior a los derechos fundamentales”. “La prioridad a la hora de ordenar una línea de autobús es precisamente que esas personas lleguen con seguridad y comodidad al centro de salud. Y después viene en orden de prioridades la mejora del tránsito, participación, etc.”, apuntó Calabuig.

Respuesta a Moragues

Más tarde, el teniente de alcalde se refirió al requerimiento interpuesto por el delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues, por la señalización en valenciano de la calle María Cristina como “una sobre actuación que lo único que busca es llegar a la población en un período preelectoral y que están fuera de lugar”.

El requerimiento, que se produjo después de que la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) denunciara que las señales incumplían la legislación vigente, establece un plazo de un mes para que el Ayuntamiento corrija sus actuaciones ya que si no lo hacen, se presentará un recurso contencioso administrativo para que sean los tribunales quienes decidan si hay un incumplimiento de la ley. 

Calabuig aseguró en rueda de prensa que nunca han visto “al señor Moragues ni a nadie del PP preocupado porque el valenciano estuviera presente en las administraciones valencianas cuando ellos gobernaban. Nos preguntamos, además, si este mismo requerimiento que Moragues nos envía a los valencianos, también lo ha enviado –en el pasado y en la actualidad- a todos aquellos municipios de predominio lingüístico valenciano, donde se rotula exclusivamente en castellano, y si les ha recordado el deber de cumplimiento de la Llei d’Us i Ensenyament del Valencia, así como el Real Decreto que el mismo delegado del gobierno cita”, concretamente el artículo 138 que establece que “las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma”.

Así, quiso apuntar también que el equipo de gobierno ha puesto en marcha medidas que se indican en el Reglament d’Ús i Normalització del Valencià “aprobado por unanimidad hace décadas por el consistorio, cuando gobernaba el PP y publicado en el BOP en 2005”. Medidas que indican la voluntad de potenciar la lengua propia de los valencianos y también de la rotulación. En cualquier caso, afirmó que estudiarán el requerimiento y pedirán un informe jurídico en el Ayuntamiento.