VALÈNCIA (VP/EP). El PSPV ha criticado este viernes el concurso que va a poner en marcha la concejalía de Urbanismo de València para ceder suelo a los promotores para la construcción y explotación durante 65 años de 221 viviendas protegidas, al eximirse a los promotores que resulten adjudicatarios de un canon por disponer del suelo. Una decisión del gobierno municipal, que dirige María José Catalá, que según los socialistas "permite a los constructoras no pagar por el suelo público".
Se ha referido así el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, a la moción impulsora de la licitación suscrita por el edil de Urbanismo, Juan Giner, donde se recoge que "con el fin de lograr la mayor concurrencia posible y obtener otras ventajas (v.gr. la reducción del plazo, la presentación de proyectos de una mayor calidad arquitectónica o la mejora en el cumplimiento de criterios sociales), sin que por ello se pierda o comprometa la rentabilidad del contrato, no se exige un precio al superficiario".
"De esta manera -asegura la moción- la posibilidad de ofertar un precio únicamente operará como criterio de adjudicación". Aunque el texto explicita que "el derecho de superficie será oneroso en cualquier caso, aun no mediando abono de canon", dado que la finalidad es "la promoción del alquiler asequible o social constituido como consecuencia de la colaboración entre Administraciones Públicas y la iniciativa privada".
Según expone el edil de Urbanismo en la moción, la decisión de emplear el concurso de derechos de superficie, por el cual se cede suelo público para la construcción y explotación de viviendas protegidas durante un período de tiempo, busca "innovar respecto a actuaciones precedentes, con el objetivo claro de aumentar el número de viviendas disponibles que sean asequibles para los ciudadanos".
Esta fórmula, subraya, "resulta apropiada en el actual contexto económico ya que, superando las actuales limitaciones presupuestarias y la dificultad que supone la promoción de procesos públicos de edificación, que exigen grandes inversiones, con el otorgamiento de dichos derechos se satisface a corto y medio plazo una parte de las amplias demandas existentes", a lo que se une que el Ayuntamiento incrementa su parque público de vivienda a la finalización del periodo de constitución del derecho de superficie.
El representante del grupo socialista ha indicado, en un comunicado, que el gobierno actual "sigue dando pasos para entregar completamente la política urbanística" de la ciudad "a las empresas que quieren hacer negocio con la vivienda a costa de los vecinos de València". Y ha criticado la decisión de "librar a las promotoras y constructoras del canon que se paga habitualmente para poder quedarse con el suelo municipal donde estaba previsto construir viviendas de protección pública a pesar de que admite que conseguirán un 297% de rentabilidad".
Cabe recordar que este jueves, los socialistas hicieron público un informe del Interventor, que informaba favorablemente al concurso pero observaba que ningún técnico municipal había dado el visto bueno al estudio económico, encargado a un despacho de arquitectura externo. "Justo después de conocer esta situación que ha denunciado el propio interventor --municipal-- porque ningún funcionario público ha podido supervisar el documento, hemos podido comprobar que el Concejalía de Urbanismo, en base a los cálculos económicos que ha hecho este comisionista inmobiliario, ha decidido que no es necesario cobrarle el canon a las promotoras y constructoras", ha añadido Borja Sanjuán.
El edil ha considerado "clave" este informe "para la redacción de los pliegos técnicos que regirán la licitación" porque "los funcionarios deben basarse en sus conclusiones para elaborar el documento definitivo".
Sanjuán ha añadido que "todos estos movimientos del gobierno de Catalá con la política de vivienda" son "parte de una operación montada para que las constructoras ganen mucho dinero con el suelo público de los valencianos". "Un plan que pasa por renunciar a construir vivienda pública como estaba haciendo el anterior gobierno progresista para dejarla en mano de quienes hacen dinero con ella", ha insistido.
En respuesta a Compromís y PSPV, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha afirmado que ha quedado "en evidencia" la gestión de estas dos formaciones en los dos mandatos anteriores, según ha dicho, "ocho años en los que se incrementó el precio de la vivienda y del alquiler y en los que la única solución que daban a los ciudadanos que querían vivir en Valencia era váyase fuera porque no tienen oportunidades para adquirir una vivienda".
Caballero, que ha censurado que hicieran "proliferar los apartamentos turísticos irregulares, ha añadido que esos dos partidos, "en ocho años, solo fueron capaces de construir catorce viviendas de protección oficial". Asimismo, ha asegurado que Catalá ha fijado "la vivienda como una de sus principales prioridades", al igual que "ampliar el parque público de vivienda".
Respecto a los informes, ha señalado que el del interventor afirma que "está todo de forma correcta" y ha comentado que el de viabilidad económica "no estipula ni determina nada más que un valor estimativo". "Luego son las empresas las que hacen sus números y las ofertas al Ayuntamiento en un procedimiento de adjudicación reglado y un procedimiento administrativo realizado los técnicos de Vivienda y de Contratación".
Por parte de Compromís y respecto a la cesión de suelo público, la portavoz de esta formación, Papi Robles, ha afirmado: "cada vez que escucho al PP hablar de colaboración público-privada me pongo a temblar".
"No hace mucho que tuvieron el caso colegios, dentro del caso Azud y en el que el PP lo que hacía era cambiar la clasificación de suelo escolar para regalárselo a empresas que eran constructoras y especuladoras", ha apuntado, tras lo que ha dicho que se está "volviendo a ver las mismas prácticas que utilizaba el PP".
Robles ha considerado, en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar del debate sobre el estado de la ciudad, que "el urbanismo es un epicentro de movimiento de dinero y de oscuridad muy peligroso en el que el PP se maneja muy bien". "Corrupción es lo que están intentando volver a incluir dentro de nuestro ayuntamiento", ha apostillado.
"Lo que está haciendo la Concejalía de Urbanismo, siendo la mano ejecutora de la Catalá, es abrir la puerta otra vez a la corrupción a través del urbanismo. Están utilizando de forma vil la mayor necesidad y el mayor problema que tiene esta ciudad, el acceso a la vivienda, para volver a hacer chanchullos y negocios. Y no se lo vamos a consentir", ha agregado la edil.
Asimismo, Papi Robles ha censurado que el PP, al frente de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, está "de brazos caídos, con una ejecución de las inversiones en vivienda del 3,9% prácticamente en octubre".