Intervención alerta de que ningún técnico validó el estudio económico para la cesión de suelo en València

VALÈNCIA. El concurso público para la cesión de cuatro parcelas municipales de València para la construcción de 221 viviendas protegidas se hizo a partir de un estudio de viabilidad económica elaborado por un despacho externo al Ayuntamiento. El consistorio encargó a un bufete de arquitectos la elaboración de este documento que, sin embargo, no recibió el visto bueno de ningún técnico municipal.

Esta es la advertencia que ha lanzado el Interventor General Municipal del Ayuntamiento en su informe relativo a la licitación puesta en marcha desde la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Juan Giner. En el documento, fechado del pasado 27 de julio, el alto funcionario municipal fiscaliza de conformidad la convocatoria del concurso, pero recoge expresamente esta "observación complementaria".

"Se observa que el Informe de viabilidad económica que obra en el expediente esta firmado el 24 de abril de 2024 por personal ajeno al Ayuntamiento, sin que conste ningún visto bueno o aceptación por personal responsable de la Corporación Municipal", advierte la Intervención en ese sentido, en referencia al estudio que la concejalía encargó previamente a la elaboración de los pliegos del concurso, que la Junta de Gobierno aprobó el viernes pero que todavía no se han publicado.

En dicho estudio, al que ha tenido acceso este diario, el bufete de arquitectos y urbanismo Raizde3 analizaba las ventajas de emplear esta fórmula (la cesión de los derechos de superficie), la situación del mercado inmobiliario y las características urbanísticas de las parcelas elegidas por el consistorio, situadas en Nou Moles y Faitanar, además de calcular, teniendo en cuenta la normativa autonómica de vivienda protegida, la rentabilidad que tendrá la promotora adjudicataria al explotar los pisos durante 65 años.

Así, tras analizar los ingresos y los costes en que incurriría el futuro promotor, prevé rentabilidades anuales que van in crescendo conforme avance el período de la cesión, y que van desde el 2% anual los primeros años, hasta cifras que rondan el 8% en los últimos ejercicios. En total, la proyección realizada por la firma prevé que la inversión esté amortizada al año 24, y que se obtenga una rentabilidad total para los promotores cercana al 150% en relación a los fondos propios.

"Juez y parte"

El PSPV criticó este jueves el encargo a un despacho privado del estudio de viabilidad económica y que ningún técnico municipal haya expresado su visto bueno. Su portavoz, Borja Sanjuán, acompañado de la edil Elisa Valía consideró esto una "cesión sin precedentes" del Ayuntamiento a los promotores privados. "Son las propias constructoras las que están dictando las condiciones para que" el consistorio "les ceda el suelo público sin la supervisión de los técnicos municipales", dijo.

Así pues, aseguró que la alcaldesa "ha entregado la gestión urbanística de la ciudad directamente a los especuladores para que puedan hacer negocio a su antojo". En ese sentido, el socialista aseguró que el despacho redactor del informe tiene como objeto social "la compraventa y explotación" de fincas, "la urbanización, parcelación, construcción, promoción y rehabilitación" de inmuebles y la "actuación como comisionista e intermediario" en el sector.

Por ello, sentenció que la concejalía de Urbanismo ha encargado "a un comisionista las normas para dar suelo público a los especuladores". Lo cual consideró un "escándalo", que el PSPV ha llevado a la Agencia Valenciana Antifraude: "No puede ser que los especuladores en esta ciudad sean juez y parte".

Se contactó con siete empresas

Por su parte, el edil de Urbanismo, Juan Giner, negó este extremo y respondió que "es falso que cualquier promotor haya redactado ni una sola de las condiciones de la constitución del derecho de superficie" y "es mentira que se haya encargado a un comisionista las normas", por lo que exigió al PSPV que rectifique las "acusaciones" hechas "sin aportar pruebas".

Así, recordó que los requisitos para acceder a una vivienda protegida están establecidos en un decreto autonómico, aprobado el pasado mandato cuando gobernaba la izquierda, y dijo que el "portavoz de un partido no puede acusar de la comisión de delitos de forma gratuita sin mostrar ni una sola prueba y mintiendo públicamente". Y explicó que para la estimación del valor del contrato y su viabilidad económica se invitó a siete empresas y que la redacción se adjudicó a la que mejor oferta económica había presentado y que lo hacía en menor tiempo.

"Exigimos al señor Sanjuan que públicamente rectifique sus declaraciones. Le exigimos que diga públicamente a qué promotores se refiere; le exigimos que públicamente diga los nombre de las constructoras que según afirma han dictado las condiciones del derecho de superficie; que diga qué comisionista ha elaborado una sola línea de las condiciones del contrato", afirmó Giner.