VALÈNCIA. El levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Azud ha dado lugar a un río de informaciones respecto a una trama sobre posibles comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones en la que se encuentran implicados políticos, empresarios y funcionarios. Esta operación, a diferencia de otras, tiene la particularidad de que afecta en primer plano a personas fuertemente vinculadas en su momento tanto al PPCV como al PSPV, pero incluso también, aunque en menor medida, a Compromís.
Más allá del contenido de la investigación y posibles delitos que se desprenden de los 55 tomos del sumario, también merece la pena una reflexión sobre cuestiones de estética política concreta en una causa que, si bien tuvo su apogeo hace más de una década, sigue teniendo algunos protagonistas muy presentes en la actualidad valenciana. Y aquí, tanto el PP como el PSPV tienen motivos para reflexionar.
-El papel grotesco de Manolo Mata. El síndic socialista ha vuelto al disparadero esta semana por ser el abogado de Jaime Febrer, el principal cabecilla de una trama nacida a la sombra del gobierno popular en el Ayuntamiento de València pero que tuvo importantes ramificaciones en su propio partido, tanto con personas investigadas como Rafa Rubio como en acciones cuestionables que habría hecho el propio PSPV, como encargar una parte de la campaña de Unió Valenciana en 2007 y hacer que la pagara una de las empresas de la trama. Y Mata en esa época ya era portavoz del partido. ¿Por qué paga ese desgaste? ¿Sólo por amor a su profesión?
Que el empresario tenga derecho a elegir su defensa es algo que nadie cuestiona, que haya aceptado hacer ese papel el vicesecretario general del PSPV le pone en una situación muy delicada y, al mismo tiempo, privilegiada. Por varias razones. Por un lado, por defender no sólo a un presunto corrupto sino al corruptor de algunos de sus compañeros dentro de un gobierno que presume de haber acabado con esas prácticas. Pero, por otro, y eso es especialmente peliagudo, por la información que maneja y que va a manejar. Mata fue, por ejemplo, una de las primeras personas que tuvo acceso al sumario, lo que le da una ventaja política evidente. También puede influir en las declaraciones del principal acusado. ¿Qué hará si hay información que le convenga contar al empresario pero no le convenga al PSPV que se cuente? ¿Y si es al revés? El conflicto de intereses parece evidente. Este mismo viernes el presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón, ya instó a que aclarara si iba a defender a Febrer o a su partido.
-Las conexiones de José Luis Vera con el entorno de Puig. Otro de los investigados en la causa es un abogado vinculado históricamente al PSPV, al que la juez señala como posible receptor de 1,3 millones de euros en comisiones. Pareja de la exdiputada socialista Maria Antonia Armengol, trabajó entre 2003 y 2007 en el Ayuntamiento de Gandia bajo el mando del entonces alcalde José Manuel Orengo, donde coincidió con otros dirigentes como el entonces concejal Alfred Boix o el funcionario Emilio Sampío. Ambos altos cargos fundamentales hoy en día en la Presidencia de la Generalitat que lidera Ximo Puig, donde también es pieza esencial Andreu Ferrer, quien también ejerció como habilitado en el citado consistorio.
Orengo, precisamente, era jefe de Gabinete en la Diputación de Valencia en 2015 cuando Vera fue elegido para situarse al frente de los servicios jurídicos de Divalterra, entonces Imelsa, una empresa pública llena de escándalos como el relacionado con el 'yonki del dinero' (caso Taula). De hecho, el abogado ahora investigado se erigió como uno de los colaboradores de la Fiscalía en el caso, al tiempo que se paseaba por los medios de comunicación explicando sus medidas para que la Imelsa fuera una entidad transparente. Con él al frente de los servicios jurídicos de Divalterra, estalló el caso Alquería, que se llevó por delante al entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, cuya pujanza no agradaba en determinados sectores próximos a Puig.
Las buenas relaciones de Vera con referentes del partido eran conocidas. De hecho, el también investigado en Azud y entonces subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, al igual que el mencionado Orengo o el propio presidente de la Diputación, Toni Gaspar, mostraron su sintonía con Vera en julio de 2020 cuando acudieron a una exposición benéfica organizada por el citado abogado en su municipio, Cortes de Pallás. Es más, otra muestra de la confianza en él es que en diciembre de ese año se le añadió en Divalterra el área de riesgos penales, una responsabilidad equivalente a la de compliance o vigilante del cumplimiento normativo de la empresa pública.
Tal y como informó Valencia Plaza, una de las últimas polémicas en las que Vera estuvo salpicado fue el proceso de selección de la nueva responsable de Recursos Humanos de Divalterra en enero de 2021, que no llegó a tomar posesión al cuestionarse posibles irregularidades al proceso que el propio Vera trató de señalar, pese a que la Agencia Antifraude veía correcta la contratación y también fue avalada por la Inspección de la Generalitat, lo que disparó las sospechas hacia los intentos de favoritismos sobre el candidato perdedor. A raíz de este escándalo, Gaspar decidió iniciar el proceso de liquidación de la empresa y, según adelantó este diario ayer, Vera no será integrado en la Diputación, a diferencia del resto de los trabajadores de Divalterra.
De esta manera, tras lustros de navegar entre lo más granado de las filas socialistas, el abogado parece perder el favor del que gozaba en el PSPV, donde no se atisba una reflexión sobre los errores que se han cometido en los últimos tiempos respecto a las relaciones que han venido manteniendo algunos de los 'pesos pesados' de la formación del puño y la rosa.