Un pleno de hace un año sacó adelante el expediente para que la empresa pasara a ser organismo público, mientras el interventor y el secretario de la Diputación tenían previsto presentar su propuesta a comienzos de 2021
VALÈNCIA. La intervención en Divalterra por parte de los dos últimos presidentes de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez y Toni Gaspar, ha sido una constante de idas y venidas desde 2016. El primero ya planteó un cambio en la personalidad jurídica de la empresa dependiente de la corporación provincial, pero la gestión de la firma heredera de Imelsa –y centro de otros casos de corrupción con el PP– derivó en el estallido del caso Alquería por la presunta contratación irregular de altos directivos afines a PSPV y Compromís.
Tras la dimisión de Rodríguez, y justo después del nuevo escándalo, entró en 2018 Gaspar, que desde el principio también planteó cambios. Tres años han pasado desde entonces en los que el término que más ha pronunciado, también los últimos meses y semanas, ha sido el de "transformación". Hasta que el pasado martes lo que anunció fue la disolución. Por qué se ha tomado ahora esta sorpresiva decisión no ha sido explicado todavía de manera oficial –el presidente lo comunicó en una intervención de cinco minutos en la Junta General de ese día–, aunque el momento escogido coincide en el tiempo con la pérdida por parte del PSPV del control del área de personal de Divalterra.
La cronología de sus actuaciones del último año en la Diputación no llegaban a aventurar este drástico desenlace. Ni tampoco sus declaraciones públicas. En una entrevista en À Punt el pasado 1 de marzo, en plena polémica por el intento de cargos del PSPV de revocar el proceso de contratación de la nueva jefa de Recursos Humanos de la firma, explicó en qué trabajaba. "Cuando llegué a la Diputación quise que me arrojaran luz sobre cómo coger una empresa privada como es Divalterra que se quiere transformar, se quiere cambiar. Y casi tres años después todavía estoy con la guerra de informes porque nadie ve claro cómo se puede hacer cuando hay 700 trabajadores", afirmó.
"Con tranquilidad seguiremos con el plan, que yo intento que sea lo más discreto posible. El objetivo es que esa sociedad anónima creada en los años 80 se adapte. Para eso necesito tranquilidad, muchos informes, mucha seguridad jurídica y no le digo yo que después de decidir haya alguien que pese a todo diga que está mal hecho. Una sociedad anónima no se quita ni se cambia de un día para otro. Llevo tres años. No es sólo la voluntad política", añadió. En otra entrevista en junio en eldiario.es, detalló que el proceso sobre Divalterra estaba "en el momento de escoger si se convierte en un organismo autónomo o una entidad pública".
En el seno de la Diputación, las propuestas también iban en un sentido diferente. En enero de 2020, dio traslado de una firmada por él en la que se planteaba el cambio de la forma de gestión para que tanto Divalterra como el Patronato de Turismo pasaran a formar parte de una entidad pública empresarial local con el objetivo de aumentar la eficiencia. Para ello encargó al secretario y al gerente de la empresa la redacción de una memoria justificativa sobre su creación. El inicio de este expediente se llevó, además, a una comisión extraordinaria del área de Administración General.
Después de esa propuesta, Ciudadanos y el PP solicitaron un informe al secretario y al interventor de la Diputación sobre la transformación de la empresa. El primero concluía que la gestión a través de una entidad local como se pretendía "debe ser descartada por los problemas de relaciones laborales que generaría en la propia Diputación". En su opinión, "conllevaría la necesidad de clasificar en la Relación de Puestos de Trabajo muchos puestos como reservados a funcionarios e iniciar los procesos de funcionarización de la transformación y dispararía el coste de los servicios al aplicarse a los trabajadores el convenio colectivo de la Diputación y las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público".
Así, abogaba por "mantener la personalidad jurídica propia y separada" para la prestación de los servicios de Divalterra y el Patronato de Turismo, de manera que se integraran en un ente único. Exponía que si la transformación de la primera ha de consistir en pasar de la forma de sociedad mercantil local a la de organismo público, la forma más conveniente era un procedimiento que permitiera "la extinción de la sociedad mercantil provincial sin necesidad de su disolución y liquidación" para que le permitiera conservar la personalidad jurídica.
Posteriormente, Toni Gaspar propuso una enmienda a la propuesta inicial en la que la final era que los servicios de Divalterra y el Patronato de Turismo fueran prestados y gestionados mediante un único organismo público.
El asunto fue tratado en el pleno de ese febrero, donde enumeró las opciones que otorga la ley: una gestión por la propia entidad local, un organismo autónomo local, una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local. El expediente para iniciar esa transformación salió adelante, a la espera de los informes.
No sólo Gaspar, sino también el presidente de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera, se ceñía a la mencionada transformación. Así lo manifestó este último en el Consejo de Administración del pasado diciembre, donde indicó que la previsión era que comenzara este año y que en el nuevo organigrama se reestructurarían varios cargos. También en un pleno de este mismo enero, el secretario señaló que él y el interventor ya habían resuelto sus discrepancias técnicas al respecto, por lo que podían presentar una posición común a la Junta General. A lo que Gaspar le respondió que cuanto antes.
Hasta ahí lo que ocurrió sobre esos intentos de cambio sin que se hubiera manifestado una voluntad de "disolución". Pero llegó la polémica desvelada por Valencia Plaza a finales de enero con los intentos de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos justificados en un recurso del aspirante que quedó en segundo lugar, quien desde hace varios años ocupa puestos en Sanidad, donde ha sido nombrado por dirigentes socialistas.
Tras una última maniobra para tratar de anular el nombramiento de la ganadora mediante diversos informes del director jurídico de la empresa, José Luis Vera, que fueron tumbados por el Consejo de Administración, Gaspar anunciaba la determinación de disolver Divalterra. Todo después de que, hace escasos días, se eligiera a nuevos consejeros debido a varias dimisiones y se cesara al gerente. Movimientos que contrastan con la decisión final.
Ciudadanos ya ha presentado una solicitud de acceso a los informes que la sustentan, mientras su portavoz, Rocío Gil, remarcó este miércoles que el presidente de la Diputación lo único en lo que estaba trabajando con los partidos –también de la oposición– era en una transformación de la empresa. "No entendemos por qué nos ha engañado", afirmó, y criticó su "opacidad".
Por su parte, el portavoz del PP, Vicente Mompó, indicó en À Punt que el cierre de Divalterra responde únicamente a una "rabieta para tapar un presunto caso de corrupción que obviamente acabará en los tribunales".