Triángulo de amor bizarro en el nuevo enredo en Divalterra

VALÈNCIA. Las alianzas en política, especialmente dentro de una misma fuerza política, resultan, a menudo, complejas y difíciles de entender para los ajenos al conocimiento de la vida interna de los partidos. Más aún, algunas incluso son crípticas e indescifrables para los versados en la materia: una buena -o mala- relación personal, una hoja de ruta oculta, una estrategia secundaria o a largo plazo o incluso una venganza, puede ser suficiente para ver cómo los astros se alinean y florecen pactos con ese dirigente o sector al que, poco antes, se pretendía ajusticiar.

Una curiosa convergencia ha ocurrido en la Diputación de Valencia, donde el acercamiento entre diferentes familias políticas del PSPV ha salido a relucir en una situación que no es nueva para la corporación provincial: una crisis en la empresa pública Divalterra. Heredera de Imelsa –centro de una macrocausa de corrupción en la época del PP como es el caso Taula– y protagonista de otro ya con los socialistas y Compromís al frente –el caso Alquería–, actualmente vive una nueva polémica de la que ha venido dando cuenta este periódico. 

El resumen de los hechos es que el presidente de la firma, el diputado del PSPV Ramiro Rivera, ordenó suspender a mediados de enero el nombramiento de la vencedora del proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos. Aunque ésta fue elegida por un tribunal, trató de revocar su contratación después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. El gerente, sin embargo, no obedeció la orden al entender que todo se había realizado correctamente, de modo que la elegida se encuentra en su puesto desde el 18 de enero. 

A partir de ese momento, el jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, inició una investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso, que muchas voces de la empresa pública consideraban injustificados. En las conclusiones de sus indagaciones, plasmadas en dos informes, mantiene que procede anularlo todo: las bases, el mismo procedimiento y el contrato al haberse realizado, asegura, en fraude de ley.

Después de que los equilibrios a favor de las tesis de Vera no quedaran claros en el último Consejo de Administración de la empresa, fuentes de la Diputación indicaron que Ramiro Rivera instaba de manera urgente a convocar la Junta General (el pleno de la corporación) para que "adopte las medidas necesarias" dirigidas a "permitir la adecuada operatividad de la empresa y sus trabajadores". El motivo que aducen es la "imposibilidad por parte del Consejo de Administración de resolver aspectos importantes". Una "inoperatividad", añaden, que se ha "agravado" tras la dimisión de algunos consejeros.

La mencionada Junta se celebrará el próximo martes, y este planteamiento supone que el pleno de la corporación provincial –que preside Toni Gaspar y donde cuentan con mayoría PSPV y Compromís– pueda pasar a asumir el mando de la empresa. 

De modo que en esta historia, más allá de los protagonistas técnicos –gerente, presidente del tribunal, consejeros de Divalterra...– tiene a tres de perfil político: Toni Gaspar, Ramiro Rivera y José Luis Vera. Aunque mención especial merece el último, que no ocupa un cargo de esta índole, pero se le sitúa en la órbita del partido (exmagistrado, está casado con la que fuera diputada del PSPV 20 años y abogada vinculada a UGT María Antonia Armengol). 

Puig, Ábalos y el 'Clan de Gandia'

Toni Gaspar, al frente de la corporación desde julio de 2018 en sustitución del dimitido Jorge Rodríguez, revalidó el cargo esta legislatura. Diputado desde 2011 y con experiencia en la política municipal, llegó a abanderar una especie de "tercera vía" que pretendía superar la histórica división de familias en el PSPV. Incluso se midió al actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el congreso provincial de 2012. Actualmente, mantiene buena sintonía con el jefe del Consell, Ximo Puig –aunque en el pasado se enfrentó a él en unas primarias para ser candidato a la Generalitat–, lo que propició que fuera situado en la Diputación. Y los equilibrios en los que suele navegar a nivel orgánico también han llevado a que haya optado recientemente por un acercamiento al sector 'abalista', mayoritario en el grupo socialista de la corporación. 

En la polémica de Divalterra no se ha posicionado oficialmente del lado de nadie, aunque su rol como máximo dirigente de la institución ha sido el de dejar hacer tanto a Ramiro Rivera como a José Luis Vera. Al menos hasta el momento, dado que a partir de la semana que viene pasa a ser ya de manera visible su responsabilidad lo que ocurra con Divalterra. La Junta General que ha de decidir sobre los nombramientos y sobre la forma en la que se toma el control de la empresa está presidida por él. 

Ramiro Rivera es próximo al sector de José Luis Ábalos. Su nombre, junto a los de la amplia mayoría de los integrantes del grupo del PSPV en la Diputación, fueron los elegidos por la actual secretaria general de los socialistas en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, cuando se elaboró la lista para la corporación en 2019. Sus competencias son las de Desarrollo Rural, Políticas contra la Despoblación y Prevención de Incendios, por lo que es a la vez el máximo responsable de Divalterra y quien ha instado en primera persona a que se convoque la citada Junta General para que asuma el mando. 

Por último, José Luis Vera mantiene una relación estrecha con el denominado 'Clan de Gandia' dentro del socialismo valenciano que comandan José Manuel Orengo, exnúmero tres del PSPV y exasesor de Ximo Puig, y Alfred Boix, quien fuera secretario de Organización del partido y ahora secretario autonómico de Promoción Institucional en el Consell. 

Nombrado director jurídico de Imelsa –después Divalterra– en 2015 por indicación de Orengo, llegó a ser apartado por Jorge Rodríguez, enemistado con este último, tras autorizar que la empresa pública suscribiera unos contratos de asesoramiento con una abogada ligada al PSPV y encargada de causa judiciales de Orengo. Estuvo un largo período de baja justificada por enfermedad y luego regresó a su puesto, en el que se ha mantenido hasta ahora demostrando unas buenas dotes de supervivencia.