El puerto de la piruleta feliz, edición 2050

VALÈNCIA. En esta vida todos tenemos claro que no hay forma de lograr un “free lunch” que lo sea de verdad, que dicen los economistas (o que “nada es gratis”, en la traducción de FEDEA al castellano). El saber popular, antes que ellos, también tenía claro que nadie da duros a cuatro pesetas o que, para hacer una tortilla, pues normalmente hay que romper antes huevos. Y, en general, en esta vida, casi todos sabemos que cualquier decisión o acción, por muchos beneficios que pueda reportar, suele conllevar también unos costes en casi todos los ámbitos, algo que siempre se cumple en lo económico porque, como mínimo, hay costes de oportunidad en no dedicar recursos, tiempo y esfuerzos a otros menesteres cuando los centramos en la consecución de un objetivo concreto. Sin embargo, y de acuerdo con lo que nos cuentan, todas estas reglas donde confluían hasta ahora pacíficamente saber popular y ciencia económica, han encontrado una excepción por fin: las ampliaciones del puerto de Valencia, donde oficialmente todo son beneficios y no hay ningún problema ni coste, excepto el follón que montan cuatro hippies, que son muy pesados.

Si atendemos a las explicaciones públicas de los gestores de la cosa, no hay inversión pública más rentable sobre la faz de la tierra. No sólo es que las sucesivas ampliaciones del puerto de València hayan posicionado a la ciudad, su hinterland y su industria como punteros en el mundo; es que los beneficios económicos de la siguiente ampliación serán si cabe mayores: 15.000 puestos de trabajo adicionales a las decenas de miles que ya genera el puerto que, además, serán de gran valor añadido y con sueldos como mínimo un 50% mayores al salario medio de los valencianos, según nos cuentan los estudios económicos encargados por los sospechosos habituales. Obviamente, que el peso relativo de la economía valenciana, de su industria y de los salarios de los habitantes de este país nuestro no hayan hecho sino caer desde mediados de los ochenta del siglo pasado, cuando se asienta la lógica ampliacionista hasta el infinito y más allá destinada a convertir al puerto de la ciudad en el más grande de España, del Mediterráneo y, si pudiera ser, de Europa y del mundo, no es sino una desafortunada casualidad. De hecho, ¡seguro que habría sido aún peor sin las ampliaciones! (aunque para ser peor tendríamos que irnos a los niveles de depresión económica que suelen asociarse a guerras y grandes catástrofes).

Pero no sólo es que económicamente la cosa sea un chollo, ojo. Además es que todo este tinglado nos sale gratis, porque la rentabilidad de estas inversiones es tan grande que no hay que poner en realidad dinero público. ¡Se pagan solas por la alta demanda de los servicios que ofrecemos y su gran rentabilidad! Tan indudable y tanto se pagan solas que el puerto de València es el más endeudado de España, que 20 años después de haber destrozado la Punta para la nueva ZAL (de forma ilegal, por cierto, como han ido declarando todos los tribunales hasta llegar al Tribunal Supremo sin que aquí haya pasado nada) ésta sigue vacía y que la rentabilidad por contenedor que pasa por València es la más baja de todos los puertos de Europa desde nuestra latitud hacia arriba. Cosas de especializarnos en mover volumen, que es donde hay que competir para hacer el cacharro cada vez más grande, al parecer, aunque sea a costa de convertirnos en campeones del tránsito de contenedores vacíos. Eso sí, de este modo tenemos una plataforma logística sobredimensionada, vale, pero que reduce enormemente los costes marginales cuando de transportar mercancías para Madrid se trata, a lo que también contribuye nuestra especialización en competir en precio y que con la capital del Reino, por supuesto, sí hay una conexión ferroviaria digna para abaratar aún más todo el proceso. Si añadimos a ello que la gestión centralizada en Puertos del Estado hace que los posibles o futuros beneficios vayan donde van, el negocio, en efecto, es redondo. Para algunos. No para la ciudad de València ni para los valencianos. Por eso, entre otras razones, los puertos por ahí fuera, entre ellos esos competidores en los que tanto nos fijamos, como Hamburgo o Rotterdam, se gestionan de una manera bien distinta. ¿Alguien ha visto o leído reclamar a la Generalitat Valenciana un modelo como éste para nosotros? Yo tampoco.

Una vez ha quedado claro el salvaje retorno económico de la cosa, que avalaría ya a priori que hay que ampliar sí o sí, todo lo que se pueda y más, alguien podría oponer aún algún pero de tipo ambiental. Ya se sabe que siempre hay pejigueros que van contra el progreso. ¡Pero no hay que preocuparse por esto, que la cosa también está clara en este punto! Ya nos ha explicado el actual presidente de la Autoridad Portuaria de nuestro estimado “Megaport” que las playas del sur de la ciudad y la Albufera no padecen lo más mínimo como consecuencia del puerto, como demuestran sus estudios y las evaluaciones de impacto pasadas, así que nos recomienda que hagamos como los políticos locales y que mejor que no atendamos a desviados cantos de sirena. ¿A quién vamos a creer, a nuestros ojos mentirosos que nos dicen que en Natzaret ya no hay playa o a los lustrosos estudios del señor Aurelio que nos aseguran que en realidad ahí sigue, mejor que nunca? Ustedes mismos. Y no sólo es que el efecto sea inexistente. Cualquier día se sacarán de la manga algún estudio, convenientemente jaleado por los medios concertados, explicándonos que son la restinga del Saler y los cordones dunares que aún no han desaparecido los que afectan negativa y malévolamente a la actividad portuaria, condicionando las corrientes por su mera existencia y generando un exceso de oleaje que hace que los barcos hayan de consumir más combustible. ¡Mejor que desaparezcan del todo de una vez! La ampliación no es que ambientalmente no sea perjudicial, es que es imprescindible para la correcta preservación del medio. Por no mencionar que la ampliación futura del puerto de València, como nos han contado también, va a ser la primera obra de gran impacto en todo el planeta que prevé una duplicación de la actividad a la par que no sólo reduce la huella ambiental y de carbono sino que, directamente, la elimina prácticamente del todo. ¡Un 98% menos de emisiones gracias a la ampliación! ¿Alguien da más?

Pues sí, todavía podemos dar más, dado que todo esto se garantiza que se hará sin inversión pública, pues como ya sabemos el puerto se autogestiona que da gusto, ni incremento de los impactos indirectos, porque todo lo que rodea esta obra es como magia blanca que ni Florentino Pérez repartiendo los beneficios de la Superliga. Es un asunto menor, al parecer, que el obrón previsto requiera si o sí de un acceso norte al puerto que costaría varios cientos de millones de euros sobre el que, por supuesto, el puerto nada ha dicho no sea que alguien pregunte por su impacto ambiental o sobre quién vaya a pagarlo. Aunque va a poner unas decenas de miles de euros, sandungueros como son, para ayudar a la Generalitat Valenciana a ampliar el tranvía en la zona marítima, oiga, a ver si cuela, gracias al anumerismo imperante, que unos ceros de más antes de la coma no tienen en realidad importancia si se compensan suficientemente con muchas fotos con políticos inaugurando cosas. Como tampoco a nadie ha de llamar la atención demasiado el hecho de que llevemos cuatro décadas sin lograr un túnel pasante ferroviario para las cercanías y demás servicios de viajeros en la ciudad pero nos pongamos a diseñar túneles aún más caros para sacar camiones del puerto con el Ministerio de Fomento, ahora sí, dando palmas con las orejas y presto a financiar la juerga que haga falta. Todo sin huella de carbono, eh. Porque los cuentos de hadas, en València, si se refieren al puerto, sí son posibles.

Llama la atención que toda esta explicación sobre las indudables ventajas y los grandes beneficios para todos de dejar al puerto y sus gentes ir haciendo marcha a su bola no vayan acompañadas de demasiadas explicaciones ni voluntad de debate público por parte de los políticos del ramo. La Generalitat Valenciana, donde los consellers encargados de la cosa muestran un entusiasta apoyo por la ampliación siempre y cuando se pinten las obras de verde, no pierde ocasión de sumarse a la explicación de cómo nos caerá maná del cielo gracias a dejarles hacer. En cambio, no se ha dignado tampoco, que ya es mala suerte, en presentar números, ni estudios, ni dar una mínima explicación a las críticas o una valoración coste-beneficio. Quizás porque piensan que es una labor innecesaria ante tanto bienestar que aporta el puerto y cómo reduce la contaminación por cada nuevo barco o crucero que llega. O a lo mejor porque directamente consideran que la ciudadanía está en Babia y pueden permitírselo, Dios no lo quiera. 

Este silencio de los poderes públicos sobre la evaluación que les merece la ampliación y los datos y estudios que les hacen avalarla es tanto más llamativo cuanto se une a una contumaz negativa a evaluar ambientalmente la obra. Algo que, como explicó en estas mismas páginas de forma certerísima e inapelable Gabriel Doménech, supone un flagrante incumplimiento del espíritu de la actual regulación de la evaluación ambiental de proyectos de esta naturaleza, pero también de su letra, entendido el actual régimen legal vigente de forma mínimamente coherente y sistemática. Debe de ser la primera vez en la Historia que las Administraciones públicas a cargo de un proyecto que sólo va a traer beneficios y que ambientalmente no hará sino mejorar las cosas que se oponen todas las objeciones posibles, arriesgando incluso importantes responsabilidades personales, a cumplir con la legislación vigente y atender un trámite que no debería sino confirmar todo lo que nos cuentan y respaldar con ello no sólo el proyecto en sí sino también políticamente a todos los que han dado su decidido respaldo a tan necesaria y benéfica obra.

A estas alturas, debería ser sencillo unir la línea de puntos y empezar a entender qué pueda haber detrás de todo esto, del silencio cómplice del Consell, de la incapacidad del Ajuntament de València por hacer oír su voz y de la igualmente lamentable actuación de la oposición autonómica o local. ¿Oposición he dicho? Bueno, lo que sea, dado que en vez de controlar al poder, como se supone que es su trabajo y vocación, ahí andan los diferentes partidos de la oposición, escondiditos y con la cabeza gacha sin que se les escuche decir esta boca es mía, no se vayan a enfadar los amos. Y eso cuando no pasan directamente a agitar el espantajo preferido de todos los valencianos, el puerto de Barcelona, para así aportar ellos también su granito de arena en este despropósito. 

Estamos, en definitiva, ante una estafa social y económica a gran escala, en beneficio de unos muy concretos poderes económicos, que sólo se explica que tenga el aval político que tiene por un modelo de gestión centralizado de la toma decisiones, profundamente capturado por esos intereses privados que no coinciden con el interés general, y que permite la aberración de que quien tome las decisiones sean los actores que se pueden beneficiar de una ampliación (el Estado, el conglomerado empresarial interesado en poder allegar mercancías a Madrid al menor coste posible, los agentes valencianos con intereses empresariales directos en la actividad del transporte y la logística…) sin que quienes padecen los costes (la ciudad de València, la economía e industria y la agricultura valencianas, los niños y niñas con asma o bronquiolitis que se multiplican como setas, las personas mayores o enfermas que pierden años de vida, los vecinos de los barrios cercanos al puerto… o todos aquellos que puedan pensar en el enorme valor, también económico, del patrimonio natural de nuestro país y sus playas) tengan más que un limitado derecho al pataleo.

Esta tomadura de pelo se agrava porque los bwanas a cargo del show se dedican, para mayor escarnio, a combinar su actuación contra los intereses generales y el medio ambiente con la presentación de planes estratégicos nacionales de protección de la costa frente al cambio climático, exactamente a cargo del mismo Ministerio de Transición Ecológica que se lava las manos y nos explica que es Puertos del Estado quien ha de evaluar si la Albufera de València puede o no padecer consecuencias negativas, no el órgano ambiental. Por no hacer hincapié en la coincidencia con la presentación de la maravillosa Estrategia España 2050 y sus fundamentos y propuestas para una estrategia nacional y de país a largo plazo, con las que nos han dado intensamente la turra estos días, que nos explica, muy didácticamente, que lo que hay que hacer en materia de grandes infraestructuras, de transporte, de logística y de diseño de nuestra economía productiva es precisamente lo contrario de lo que luego pretenden aprobar sin pasar por evaluaciones y saltándose los debidos procedimientos legales de control. Todo el Capítulo IV del informe España 2050 declina un catequismo, por lo demás bastante vacuo por inconcreto, sobre la necesidad de reorientar hacia el futuro nuestra estrategia productiva para intentar reducir la huella ambiental y de carbono, garantizar la resiliencia y la protección de nuestros ecosistemas y valores ambientales y combinar crecimiento con la proyección y puesta en valor del patrimonio natural. Ello requiere repensar las grandes intervenciones, nos dicen, y el informe hace mucho énfasis a lo largo de sus páginas en la imperiosa necesidad de una rigurosa valoración de los proyectos e inversiones, por supuesto también en su dimensión ambiental, como clave para un mejor posicionamiento de nuestro país en las próximas décadas. La burla obscena que supone que las mismas personas que publican estos documentos y nos dan la murga propagandística a la mínima que tienen ocasión en esta línea sean los que luego, a la vez, dan luz verde a ampliaciones como las del puerto de València sin ningún control sólo es comparable a que el ministro del que dependen los puertos del Estado fuera concejal socialista en el ayuntamiento de València cuando ese partido se opuso, cabalmente, a la primera ampliación. Una oposición fundada, además, en muchos datos sobre su nefasto impacto ambiental y la lamentable obviedad de que si con instalaciones de un mismo tamaño otros puertos competidores sacan el mismo número (o uno aún mayor) de contenedores al año quizás el incremento de la capacidad de nuestras instalaciones pasaba, y pasa todavía hoy en día, más por una mejora de los procesos y de la gestión que por el siempre sencillo, pero muy lucrativo para algunos, recurso a tirar más cemento y hacer más obra dura, cueste lo que cueste, en términos de dinero, ambientales… y de conservación de las playas.

Frente al relato que nos vende la propaganda en versión 2050 “España resiliente y moderna”, que nos dibuja un puerto de València que traería almuerzos gratis para todos los valencianos, habrá que cuestionar de una vez esta narrativa. Y, en concreto, habría que pedir explicaciones detalladas a su presidente, Aurelio Martínez, especializado en explicarnos ya en otras ocasiones cómo inversores extranjeros iban a poner cientos de millones de euros, seguro que sí, palabrita del niño Jesús (pero la documentación no se puede ver porque es privada y secreta), y recordarle que en 2021 han cambiado algunas cosas respecto de la anterior ampliación o de éxitos de público y crítica como el proceso de venta del València CF, también intermediado por sus cuidadosas manos. Por mucho que los intereses económicos y el respaldo político sean los mismos, es dudoso que aquí y ahora se acepten con naturalidad cosas como que una década después los papeles y contratos sobre la venta del València CF sigan sin conocerse públicamente y no se pueda saber a qué se comprometieron y a cambio de qué los diversos actores del proceso. Tarde o temprano, la información sobre la ampliación del puerto y los estudios de impacto, esto sí, habrán de ser conocidos.

Además, han cambiado a mejor los tiempos y la sensibilidad de los tribunales ha evolucionado a la par, de modo que ya no debiera ser tan fácil que el tocomocho de la ZAL en la Punta, con nuestros políticos dejando que se consolide una actuación ilegal, pueda repetirse. Piénsese que incluso los jueces españoles empiezan a adaptarse a un estándar más europeo, aunque sea poco a poco, de protección de los derechos de los afectados, del medio ambiente e, incluso, de generaciones futuras frente a las actuaciones de los poderes públicos. Por ello, son cada vez menos proclives a no aplicar medidas cautelares cuando las administraciones públicas pretenden comportarse de modo arbitrario o que pueda generar daños ambientales ciertos y difícilmente reversibles. También son cada vez más exigentes con que los informes y evaluaciones legalmente exigibles se hagan de verdad y no sean mero paripé. En lugares como Alemania o los Países Bajos hemos visto ya, incluso, decisiones que han tumbado planes de la Administración e incluso leyes mucho menos irrespetuosos con el procedimiento debido por no tener suficientemente en cuenta las exigencias ambientales. Y no lo han sido en procedimientos donde no se hacían evaluaciones ni se publicaban los informes técnicos, precisamente. La pauta no tardará en llegar aquí, donde además nuestros poderes públicos se lo ponen fácil, acostumbrados a trabajar poco estas decisiones más allá del ordeno y mando al uso. 

De modo que si los poderes públicos no están a la altura y las autoridades valencianas, a las que se ha votado por la ciudadanía para que hagan algo más que contemplar embelesados los sucesivos proyectos que presenta el puerto y aplaudirlos con pasión digna de mejor causa, confiemos en que se le ponga remedio desde fuera. Cabe la posibilidad de que en València veamos por primera vez a una Justicia aplicando cautelarmente lo que no es sino un principio que debiera ser básico y estar a estas alturas claro para todos, ya asentado en Europa: no te puedes cargar las playas e incrementar la contaminación gratuitamente, por muy poder público estatal que seas y muchos Aurelios Martínez al servicio de la causa que tengas en la ciudad, sin haber pasado previamente por los controles técnicos y legales previstos en la norma e impuestos por el Derecho europeo. Y, para superarlos con éxito, afortunadamente, hace falta algo más que el Cuento de la Gominola y la Piruleta Feliz de la mano de una Estrategia 2050 de cartón piedra, por mucho coro entusiasta y violines mediáticos que le pongas a la cosa. Porque estamos en un país, aunque a veces cueste creerlo del todo, que ya es más o menos serio. O, si no, porque ya hay una ciudadanía activa y comprometida dispuesta a luchar por parar este tipo de desmanes. Basta ya.