VALÈNCIA. Hace justo un año, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, lanzaba en Pedreguer un encargo a la Conselleria de Sanidad y la Conselleria de Hacienda ante la sorpresa de todos: la intención de iniciar negociaciones con DKV para adquirir sus acciones de la sociedad Marina Salud, gestora del hospital de Dénia, de concesión público-privada.
"Es una cuestión que debe abordarse con la mayor urgencia", señalaba Puig y aunque señalaba que todavía no existía fecha para iniciar esas negociaciones emplazaba a las próximas semanas -de hace un año-, y en cualquier caso en el mes de abril. Desde ese instante, no hay respuesta resolutoria de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que siempre dice lo mismo: "estamos en negociaciones".
Unas supuestas negociaciones que perduran en el tiempo cuando se pregunta a la consellera de Sanidad pero que más bien muestran un estancamiento, incluso fuentes de la Generalitat señalan una intención de enfriar esta posible compra de acciones que permitiría la integración a lo público del departamento.
De hecho, esta misma sensación denotaban las declaraciones de Montón en la Cadena Ser el pasado martes, realizadas justo el día en que sacaba pecho por la notificación por segunda vez a Ribera Salud de la reversión del contrato de Alzira, concesión que finaliza el 31 de marzo de 2018. "Dénia es más complejo porque la finalización del contrato no es en esta legislatura. En lo que nos comprometimos por parte del Gobierno de la Generalitat era en llevar un control riguroso de las concesiones", apuntaba.
"El contrato de Dénia finaliza más tarde, en el 2025, y primero estamos estableciendo un control más riguroso sobre la gestión y paulatinamente iremos finalizando contratos. Si se da la oportunidad de hacer una reversión pactada o de comprar acciones en alguna de las concesiones también lo estamos estudiando", señalaba hace dos días, un año después del anuncio.
DKV, principal accionista de Marina Salud, estaba en negociaciones para vender su 65% al propietario del 35% restante, Ribera Salud, concesionaria de las áreas de salud de La Ribera, Elx-Vinalopó y Torrevieja.
De hecho, fuentes de la Conselleria de Sanidad señalan ahora que el principal obstáculo para cumplir los deseos de Puig es que Ribera Salud tiene derecho de tanteo sobre las acciones de DKV, de manera que si la Generalitat compra el 65% de Marina Salud, el socio minoritario podría ejercer ese derecho y quedárselo por el mismo precio.
Ribera Salud ha dejado claro al departamento que dirige Carmen Montón que ejercería ese derecho, mientras desde la Conselleria responden que esa compraventa entre socios debería contar con la autorización de la Generalitat, que en ningún caso otorgaría.
La empresa que dirige Alberto de Rosa sostiene, no obstante, que ese consentimiento "es reglado", es decir, depende de factores objetivos como la capacidad técnica del comprador, que asegura que tiene suficientemente acreditada.
A todo ello se suma otra cláusula de los estatutos o acuerdos entre socios de Marina Salud que aún podría ser más gravosa para las arcas de la Generalitat. Se trata del derecho de arrastre, en virtud del cual Ribera Salud podría exigir a la Generalitat, en caso de adquisición de 65% en manos de DKV, que le comprase también su 35%.
La operación también tiene otras complejidades: no había precedentes conocidos de la compra de una concesión por parte de la Administración o la repercusión en el ámbito laboral por ejemplo. Tampoco el coste de la operación estaba claro –Valencia Plaza calculó un mínimo de 60 millones y fuentes del sector hablan de más de 100–, ya que había que contemplar la amortización pendiente, el lucro cesante y qué hacer con la deuda de Marina Salud, cuyos acreedores son sus dos socios, DKV y Ribera Salud.
En ello está Hacienda, que puso en marcha una asistencia técnica para la valoración de las acciones cuya finalización se estimaba a finales de febrero. A partir de ahí explicarían a Sanidad su valoración de Marina Salud para que junto a otros elementos de juicio tomara una decisión. Sin embargo todavía no tienen los resultados y tampoco parece que a nadie le corra prisa.
También se esperaba un informe jurídico a cargo de la Abogacía de la Generalitat y del que no se tiene conocimiento. Los únicos datos que se aportaron en todo este tipo fueron los de la Intervención General de la Generalitat, quien presentó un informe provisional económico-financiero donde se señalaba la total falta de control por parte de la Conselleria de Sanidad sobre el hospital.
Una opción que en varias ocasiones ha mencionado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es el cambiar la deuda de Marina Salud con el Consell por las acciones, una especie de permuta. El saldo a pagar a la Generalitat de 36,3 millones por las liquidaciones calculadas entre 2009 y 2015, según este informe.
Además, el Gobierno valenciano no reservó un solo euro en los presupuestos de la Generalitat 2017 para la compra del Hospital de Dénia.