El Síndic de Comptes enfría la petición de que asuma los casos valencianos del Tribunal de Cuentas

VALÈNCIA. El pasado mes de enero los socialistas valencianos registraron una Proposición No de Ley en Les Corts para instar a la Sindicatura de Comptes a que solicitara a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas (TCu) la delegación de la "instrucción de los procedimientos jurisdiccionales" que afectaran al "ámbito competencial del sector público valenciano".

Una tarea que el órgano de control externo realizó hasta finales de los años noventa y que el PSPV quería que recuperase para permitirles, principalmente, agilizar la resolución de los casos valencianos. No obstante, tras presentar esta iniciativa, la propia Sindicatura de Comptes se puso en contacto con el grupo para amonestarles porque, según fuentes del grupo parlamentario, "aunque el fondo les agradó porque buscaba dotarles de mayor capacidad, no tienen funcionarios suficientes" para hacer frente a esta tarea.

Una alegación por la que los socialistas autoenmendarán su texto, junto a Compromís, en los próximos días para 'congelar' temporalmente la demanda de esta atribución. Así, añadirán al texto no legislativo que el órgano estatutario pueda solicitar esta delegación de competencias y asumirlas cuando tenga capacidad para ello. Una PNL que llegará al pleno de Les Corts la semana que viene y que, a priori, saldrá adelante sin problemas porque cuenta con el apoyo de la coalición valencianista y de Podemos. 

Ahora bien, sobre el fondo de la cuestión, en el PSPV creen que la Sindicatura sí podría obtener una respuesta favorable del TCu porque la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas reconoce en sus relaciones con los Órganos de control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx) -como la Sindicatura- la delegación de la instrucción "de los procedimientos de reintegro por alcance".

¿Por qué el PSPV pide esta delegación de competencias?

Actualmente es el Tribunal de Cuentas el que se encarga de instruir los procedimientos irregulares que los organismos de control externo autonómicos como la Sindicatura de Comptes detectan. Sin embargo, el volumen de casos acumulados es tal que la resolución de muchos procesos se dilata en exceso en el tiempo. No en vano, en 2016 la Memoria Anual del órgano contable nacional cifraba en 411 la cantidad de casos pendientes de resolver; casi la mitad del total de actuaciones jurisdiccionales dilucidadas ese mismo año (992).

Por este motivo, los socialistas registraron esta propuesta para desatascar tal embudo y así evitar que la instrucción de los procesos contables que afecten a las arcas públicas valencianas se eternicen. Situación que, de hecho, ya se da en el ámbito judicial con muchos casos de corrupción que en numerosas ocasiones llegan incluso a prescribir.

Conviene señalar que la Sindicatura de Comptes tiene delegada la fiscalización de las cuentas de las administraciones y entes locales de su ámbito territorial como tienen otros 11 órganos en toda España. En este sentido, anualmente informa al Tribunal de Cuentas sobre el estado de la gestión que la Generalitat y ayuntamientos hacen con el erario público y, a su vez, les realiza recomendaciones para que mejoren su tesorería.

No obstante, más allá de este traslado de información, la competencia para enjuiciar la responsabilidad contable de los cargos públicos autores de los agujeros en las arcas es del órgano estatal, el TCu.