El Síndic de Greuges constata el atasco de expedientes de pisos turísticos en València

VALÈNCIA. El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de València aprobó por unanimidad una moratoria a licencias de pisos turísticos en la ciudad ante los informes técnicos que alertaban sobre un "alarmante crecimiento" en la implantación de este uso a lo largo y ancho de la ciudad. Un 'boom' que ahora confirma también el Síndic de Greuges, al comprobar por parte del consistorio el atasco existente en la tramitación de expedientes.

La constatación viene a raíz de la denuncia de un propietario, quien había solicitado el 26 de junio a la concejalía de Urbanismo la compatibilidad urbanística de su inmueble con el uso turístico. La falta de respuesta en el plazo legal por parte del consistorio empujó al dueño a acudir al Defensor del Pueblo valenciano, que ha podido confirmar así el retraso en la tramitación de estas solicitudes.

Así, tras solicitar al consistorio una explicación del retraso en la contestación al propietario del inmueble, el Ayuntamiento indica que "en relación con la tramitación de informes de compatibilidad para uso terciario hotelero se ha producido un incremento considerable en el número de informes solicitados, lo que ha generado una acumulación de expedientes que se van tramitando por fecha de presentación, dentro del marco legal de tramitación ordenada de los procedimientos".

En ese sentido, el Ayuntamiento responde a la queja que "se atenderá y notificará al interesado el informe solicitado con la mayor diligencia posible dentro del respeto al riguroso orden de incoación de las peticiones de informe", aunque añade que no se puede "determinar una fecha concreta dada la gran cantidad de peticiones actualmente en trámite".

Así pues, la resolución del Síndic, emitida este lunes, entiende que el Ayuntamiento "se limita a escudarse el volumende trabajo y en el deber de la administración de tramitar los asuntos con riguroso orden de incoación de las peticiones", pero obvia "el deber legal de dar respuesta a las solicitudes formuladas por los interesados en los plazos fijados en la normativa". "A pesar de nuestra insistencia, no nos indica el plazo previsto para dar respuesta a la petición formulada por en interesado", afea el escrito.

Por ello, el Síndic recuerda al consistorio "el deber legal de contestar en plazo, expresa y motivadamente, los escritos" de los interesados, y que tanto el personal del Ayuntamiento como sus superiores son "directamente responsables" de este deber. Además, le insta a responder a esta solicitud "a la mayor brevedad posible" y a adoptar "las medidas organizativas" necesarias para atender los escritos de los interesados.

'Boom' antes de la moratoria

Cabe recordar que el propio Ayuntamiento constató que se habían disparado las solicitudes de licencia y las declaraciones responsables de pisos turísticos durante el último año pero "especialmente en los meses transcurridos del año en curso y todavía más" en las semanas antes de la moratoria. En concreto, entre enero y mayo se habían registrado 733 títulos habilitantes, de los cuales casi 500 eran licencias y el resto declaraciones responsables. Cifra que contrastaba don los 456 títulos de todo 2023, que en sí mismo era ya un incremento respecto a la tendencia anterior, con una media anual de 92.

Según el gobierno municipal, la suspensión aprobada en mayo afecta tanto a las licencias que se pidieron a partir entonces como a las que se habían solicitado ya pero cuyo plazo de respuesta (dos meses) no había finalizado. De este modo, aquellas que entraron en el consistorio en abril y mayo aproximadamente, y que suman un total cercano a las 430 licencias, verían suspendida su tramitación, que se reactivará cuando el Ayuntamiento ya haya cambiado el planeamiento urbanístico. En ese momento, si no cumplen las nuevas normas, se rechazarán.

Los datos recogidos por el departamento de Licencias cifraban, al aprobar la moratoria, casi 7.900 apartamentos turísticos los que ya estaban operando en la ciudad a fecha de abril de 2024, lo que para los técnicos suponíoa un "preocupante incremento porcentual" del 33% respecto a los que estaban anunciados justo un año antes, y un 10% más respecto a los datos de agosto, en plena temporada alta. Cifras que, huelga resaltar, cuestionan desde el sector al considerarlos "inflados".