El Síndic de Greuges insta al gobierno de València a dar al PP el borrador de la ordenanza de civismo

VALÈNCIA. El Síndic de Greuges ha admitido la queja presentada por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València y ha instado a la concejalía de Seguridad Ciudadana a entregar a los populares el borrador de la futura ordenanza de civismo en la que trabaja desde hace tres años. El organismo insta al departamento que dirige Aarón Cano a facilitar "cuanto antes" una copia del borrador de la futura normativa, cuyo contenido provisional fue avanzado a los medios de comunicación ya en 2018, cuando dirigía la concejalía la edil Anaïs Menguzzato.

El texto, redactado por la Cátedra Protecpol de la Universitat de València, lleva trabajándose desde entonces en el seno de la concejalía de Seguridad Ciudadana. El PP también había pedido toda la información relacionada con esta colaboración interadministrativa y el Síndic de Greuges también recomienda a la concejalía facilitar cuanto antes una copia digitalizada con estos datos, así como "todos los trabajos realizados por la Universitat y las facturas que se hayan abonado en virtud de dicha colaboración".

Fue en octubre cuando el Partido Popular presentó la solicitud a la concejalía, que respondió rechazando la petición puesto que "este borrador se encuentra en actuaciones preliminares". Y lo hizo 11 días después al escrito presentado por el grupo municipal que lidera María José Català, pese a que la normativa fija como fecha límite para dar respuesta los cinco días.

Según el Síndic de Greuges, la actuación de la administración en este caso no ha sido "lo suficientemente respetuosa con los derechos" del concejal del PP que pidió la ordenanza. "Si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos", rezan las conclusiones del Síndic, Angel Luna.

En este sentido, continúa recordando que el derecho de acceso a la información pública que consta en las dependencias municipales es de "todos los concejales, tanto quienes forman parte del equipo de gobierno, como quienes se encuentran en la oposición" y que "los concejales no son terceras personas ajenas a la Administración municipal, puesto que son miembros de la corporación local".

También afea las dilaciones del gobierno local en facilitar el acceso a la información solicitada. Luna expone que la normativa busca que el acceso a la información de los regidores "sea rápida, sin retrasos de ningún tipo, puesto que esto dificulta más allá de lo razonable el ejercicio de un derecho fundamental", por lo que considera "muy importante" responder dentro del plazo máximo de los 5 días. Como en este caso no se cumplió -incumpliendo "la obligación legal"-, el derecho se adquiere por silencio administrativo automáticamente.

Asimismo, el Síndic explica que la legislación no recoge ninguna limitación respecto a que no se pueda acceder a un borrador de trabajo o una documentación que no está incluida en un expediente, como esgrime el Ayuntamiento en sus alegaciones, por lo que la concejalía debe dar acceso a la información "con independencia de que la misma forme parte de un expediente o no".

Y en la misma línea, explica que "con la finalidad de evitar la imposibilidad de acceder de forma indefinida a una información que está elaborándose y se eterniza", la normativa "impone" la obligación de fijar una fecha estimada determinada, "lo que tampoco se ha hecho en este caso".