El Síndic insta a Educación a estudiar la adaptación de las oposiciones docentes a personas con dislexia

VALÈNCIA (EP). El Síndic de Greuges ha instado a la Conselleria de Educación a que estudie la posibilidad de adaptar los procesos de acceso a la función pública docente a las personas con dislexia y otras dificultades del aprendizaje.

Así consta en una resolución del Síndic, recogida en su memoria anual de 2023, a la que el departamento que dirige José Antonio Rovira no ha contestado, por lo que, para el defensor del pueblo valenciano, "se hace evidente que desde la Conselleria no han realizado las actuaciones necesarias".

En junio del año pasado, una ciudadana presentó una queja por la demora de Educación en dar una respuesta a su solicitud de adaptación de las pruebas de acceso al empleo público en el sector docente para personas con dislexia.

El defensor del pueblo admitió a trámite la queja y se dirigió a Conselleria para pedirle un informe al respecto en un mes, plazo que finalizó sin que hubiera respuesta.

Ante esta situación, el Síndic emitió una resolución en agosto en la que emplazó a Educación a responder a la queja y a valorar la elaboración, previa consulta con los colectivos afectados, de una norma de adaptación de las oposiciones con los ajustes adecuados para personas con dislexia y otras dificultades del aprendizaje, con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda acceder al empleo público en condiciones de igualdad.

En su argumentación, el defensor señala que la Orden 22/2020 de la Conselleria, por la que se convoca el procedimiento selectivo de ingreso para los cuerpos docentes, regula adaptaciones para el colectivo de personas con diversidad funcional, pero no para personas con dislexia y otras dificultades del aprendizaje.

"No estamos hablando de reservas de cupo"

Según expone, estas personas pueden presentar condiciones personales que dificultan el acceso a la realización de las pruebas selectivas. "Si bien puede debatirse que las personas con dislexia no estarían entre las personas con discapacidad o diversidad funcional, es claro que no estamos hablando de reservas de cupo en las ofertas de empleo público, sino que se valore adoptar medidas adecuadas en el procedimiento selectivo que garanticen, en condiciones de igualdad, la participación de los aspirantes de estos colectivos, mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios", defiende.

En esta línea, el Síndic considera que Educación debe realizar un estudio "riguroso", con un protocolo "perfectamente regulado", de las condiciones en que se pueden solicitar determinadas adaptaciones y cuáles se pueden conceder y cuáles no, y que se proceda en su caso a la publicación de la normativa reguladora. El objetivo, subraya, es que "ningún aspirante al empleo público sector docente resulte perjudicado ni por falta de adaptaciones ni tampoco por tener concedidas algunas que pudieran darles ventaja en el proceso de acceso".

Por todo ello, sugiere a la Conselleria que valore la elaboración y aprobación de esta norma junto a los colectivos afectados. Finalmente, deja constancia de la falta de respuesta y colaboración de Educación y acuerda el cierre del expediente de queja, contra el que no cabe recurso.

Cabe recordar que, recientemente, la Conselleria de Educación anunció que los alumnos diagnosticados de dislexia no serán penalizados por sus faltas de ortografía en áreas no lingüísticas en las pruebas de acceso a la Universidad. Además, avanzó que trabaja para que estas adaptaciones sean también efectivas durante los dos años de Bachillerato.