VALÈNCIA. No, no ha sido Ribera Salud -gestora hasta el 31 de marzo del departamento de La Ribera- la que ha llevado finalmente a la vía judicial el decreto que regula subrogación del personal del personal de La Ribera a la administración pública.
El poco margen que ha dejado la Conselleria de Sanidad entre la publicación del decreto y su entrada en vigor hacía pensar que nadie interferiría en el proceso, sin embargo ha sido el Sindicato Independiente quien ha interpuesto un recurso contencioso administrativo cuando la norma no había sido ni siquiera publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) -apareció cuatro días antes de la reversión-.
El sindicato no solo recurre la norma, sino que además solicita la suspensión cautelar del decreto. "Esta urgencia deriva, precisamente, del corto periodo de tiempo que transcurre entre la aprobación por el Consell del decreto y su entrada en vigor el próximo 1 de abril de 2018", recoge, ya que la aprobación por el pleno del Consell fue ocho días antes de la entrada en vigor.
El principal argumento del sindicato, liderado por Fermín Palacios, es el perjuicio que supone para los 1.422 trabajadores que se subrogarán con un cambio de su relación laboral de "personal fijo" a "personal laboral a extinguir". Según señala en la demanda, esto supone la sustitución de un contrato indefinido por otro temporal -es decir, empeorando las condiciones de los trabajadores- y eludiendo la obligación de subrogarse en los mismos derechos y obligaciones laborales del anterior empleador -Ribera Salud-, como marca el Estatuto de los Trabajadores.
A esto suman un problema de igualdad de trato, ya que todos aquellos trabajadores que fueron contratados tras la entrada en vigor de las normas de reversión no pudieron convertirse en indefinidos, sino que Ribera Salud tuvo que fijar el final del contrato a 31 de marzo. Las normas de reversión marcaban que debía ser Sanidad quien autorizara los indefinidos, cosa que no hizo y que ha afectado a 65 trabajadores. "Esta distinción no responde a ninguna justificación objetiva atendible", se recoge.
Con todo esto, el Sindicato Independiente incluye uno de los argumentos que el Consell Jurídic Consultiu también recogió en su informe: se ha vulnerado el derecho de la negociación colectiva. Esto se debe a que la negociación del decreto no se realizó con el comité de empresa "vulnerando la prohibición de dejar el cumplimiento de lo pactado al arbitrio de una de las partes".
"Al eludir la conselleria su obligación de negociación colectiva de una modificación de condiciones de trabajo que afecta al conjunto de trabajadores afectado por la subrogación, atenta contra el derecho de la libertad sindical", recoge la demanda del Sindicato Independiente, calificándolo como "fraude de ley". Y es que Sanidad negoció con la mesa sectorial pero no con el comité de empresa de Ribera Salud II, gestora de La Ribera.
"La Administración ha pretendido llevar a cabo la negociación de las condiciones con una representación de los trabajadores que carece de legitimidad al no haber sido elegido por la plantilla que será objeto de subrogación", insiste el escrito. En definitiva, los trabajadores no han negociado y aceptado los cambios laborales que sufrirán con la subrogación.
