Exconcejales del PP que fueron imputados en el caso del 'pitufeo'. Foto: MARGA FERRER VALÈNCIA (EFE). El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de queja presentado por la Fiscalía sobre el archivo de la pieza del caso Taula sobre el presunto 'pitufeo' en el PP de València con una veintena de imputados y el propio partido, que también estaba investigado como persona jurídica.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo así lo acuerda en un auto del 19 de abril en el que ha desestimado el recurso planteado por la Fiscalía contra un auto de la Audiencia Provincial de Valencia, de 10 de enero de 2022.
En ese auto la Audiencia declaró no haber lugar a la preparación de recurso de casación contra el auto previo, de 18 de noviembre de 2021, del mismo órgano judicial, que declaró el sobreseimiento provisional de una causa por presunto blanqueo de capitales relacionada con el PP de Valencia, en lo que afectaba a una exconcejal y a la exsecretaria del grupo municipal en el Ayuntamiento de València.
El auto de la Sala del Tribunal Supremo recuerda que, de acuerdo al artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es indispensable para poder presentar recurso de casación contra un auto, que el mismo establezca el sobreseimiento libre y no el sobreseimiento provisional como en este caso, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El tribunal tiene pendientes de resolver otros recursos de queja de la Fiscalía en la misma causa referidos a otras personas. El Supremo indica que decidirá de manera individual los mismos aunque "con las imprescindibles armonía y coordinación".
El pasado diciembre, la Audiencia archivó provisionalmente la causa conocida como caso del 'pitufeo' para 22 investigados, así como para el PP, al entender que si bien pudiera ser ilícita la actividad "que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero".
La investigación se centraba en la campaña electoral de 2015, para la que desde el grupo municipal popular se exigió a un total de 50 personas, todas ellas vinculadas, en ese momento o en el pasado, al grupo y al partido -desde la propia alcaldesa a concejales y asesores- una aportación de 1.000 euros, que les sería devuelta en mano en dos billetes de 500 euros.
