El Tribunal de Cuentas pide investigar si hubo falta de diligencia de responsables de EMT en la estafa

VALÈNCIA. (EP) El departamento tercero de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha pedido investigar si hubo falta de diligencia en las personas que gestionan los fondos públicos de la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) en la estafa de cuatro millones de euros.

Así lo ha informado este lunes la portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, quien ha puntualizado que de esta forma, el tribunal rechaza las alegaciones formuladas por el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, para pedir el archivo de las actuaciones.

El Tribunal de Cuentas ha acordado iniciar las actuaciones para el nombramiento del Delegado Instructor para investigar si se ha producido una falta de diligencia en las personas que gestionan los fondos públicos de la entidad, y si la misma ha derivado o no en una malversación de caudales públicos susceptible de generar responsabilidad contable.

Tras esta decisión, Catalá ha anunciado que desde su formación política se va a ampliar la denuncia incorporando las auditorias independientes realizadas en 2019, año de la estafa, "donde se confirman incumplimientos de la Ley de Contratos, debilidades en la gestión contable y en ciberseguridad", ha puntualizado.

"A los valencianos nos robaron cuatro millones de euros y a día de hoy el gobierno de Joan Ribó no ha asumido ninguna responsabilidad. Esto debe terminar y nosotros vamos a ir hasta el final para que se conozca la verdad, saber que falló y que se asuman responsabilidades", ha destacado Catalá.

Auditorias independientes de 2019

El grupo municipal popular advirtió la semana pasada que auditores independientes ponían de manifiesto "debilidades, deficientes e incumplimientos de legalidad" en materia de contratación en la Auditoria de Cumplimiento de la EMT del año 2019.

Entre ellas, se advertía de mismos proveedores y con objetos muy similares o relacionados entre sí, cuyo importe supera los límites de la contratación menor. De hecho, los auditores pedían que se estableciera un procedimiento específico de control interno para la acumulación de contratos menores con un solo proveedor, reduciendo así el riesgo de fraccionamiento indebido.

También se advertía de que no se comunicaban las adjudicaciones al Registro de Contratos del Sector Público, no se daba publicidad a los modelos de pliego y no se motivaba la necesidad de contrato, entre otros aspectos.

Asimismo, en el informe de auditoria de la empresa municipal se constataba que el año pasado, ejercicio en que se produjo la estafa, había "múltiples debilidades" en cuestiones relacionadas con la ciberseguridad.

"En un informe de 18 folios, le sacan los colores 19 veces. Los auditores hacen 19 recomendaciones y señalan debilidades y deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los fondos e información de la empresa", ha reiterado Catalá.