El tribunal rechaza la petición de Zaplana de que la Audiencia Nacional enjuicie el 'caso Erial'

VALÈNCIA. El juicio del caso Erial que sienta al exministro Eduardo Zaplana en el banquillo –junto a 14 personas físicas y cuatro jurídicas– ha arrancado este jueves con las cuestiones previas después de que fuera suspendido hasta en dos ocasiones. La última, el pasado enero debido a que el abogado del también expresidente de la Generalitat sufriera un infarto. 

Finalmente, el letrado, tras recuperarse, ha decidido seguir asumiendo la defensa de Zaplana y el juicio ha arrancado con normalidad. La primera cuestión previa planteada por los abogados de los acusados –y presentada por el del exministro– ha sido la petición de que la Sala de la Audiencia de Valencia que enjuicia los hechos se inhiba para que los enjuicie la Audiencia Nacional. La Fiscalía se ha opuesto y el tribunal lo ha rechazado. 

La defensa de Zaplana, que ejerce Daniel Campos, ha expuesto que la competencia para el enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional porque los hechos, tal y como los narra la Fiscalía, se cometieron en el extranjero básicamente. En este sentido, ha señalado que los delitos de corrupción de los que se acusa a su cliente, y en los que se incluye el blanqueo, se suelen juzgar allí. Ha puesto como ejemplo los casos Gürtel, Púnica, Lezo, etc. Incluso en el caso Koldo, ha dicho, la Fiscalía Anticorrupción señala que cuando el blanqueo se ha cometido en el extranjero ha de ser competencia de la Audiencia Nacional. "No hacerlo así puede infringir el derecho al juez predeterminado por la ley", ha comentado. 

Además del blanqueo, ha hecho hincapié en el cohecho. En su opinión, el supuesto pago de dádivas pactadas se hizo con el traspaso de fondos a una sociedad en Luxemburgo, por lo que el delito de cohecho, uno de los que lleva aparejada pena más grave, se ha consumado en ese país. "El cohecho se materializó íntegramente en Luxemburgo o en Andorra. Y cuando se recibe la cantidad es cuando se consuma el delito", ha afirmado. 

En cuanto al delito de falsedad documental, el abogado ha indicado que no saben dónde se cometió y el de prevaricación es "el único que se cometió en Valencia", pero tampoco saben nada de ello porque "no hay instrucción de Zaplana de ningún tipo". 

La gran mayoría de letrados –no todos, lo que deja entrever la posibilidad de conformidades de acusados con Anticorrupción– se ha adherido a esta petición de inhibición. Mientras, la Fiscalía ha mostrado su discrepancia. Así, ha señalado que la moderna jurisprudencia del Supremo es que la competencia de la Audiencia Nacional hay que interpretarla de manera restrictiva porque no puede ser un juzgado de guardia. 

"Tiene que primar la territorialidad en la que se ha cometido el delito y los hechos se han cometido en Valencia. Se paga porque se han predeterminado una serie de adjudicaciones públicas y el cohecho se realiza aquí independientemente de dónde vaya el dinero. Hay un pacto en Valencia. El delito de cohecho tiene asignada la mayor pena y se produce aquí y es en Valencia donde se recaba la mayor prueba del delito", ha destacado.  

El tribunal se ha pronunciado a continuación para rechazar la solicitud de que la causa se enjuicie en Madrid, por lo que la sesión ha continuado con otras cuestiones previas como la nulidad de la prueba. 

La Sala también avala los 'papeles del sirio' que iniciaron la causa

El abogado de Zaplana, y también la gran mayoría de letrados, han pedido anular los famosos 'papeles del sirio'. Se trata de aquellos que dieron inicio a la investigación del caso Erial. En el sumario consta que el origen de las pesquisas fueron una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado de Marcos Benavent (exgerente de Imelsa) durante un registro en 2015 en el marco de otra supuesta causa de corrupción, Taula. 

La sorpresa llegó cuando los papeles correspondían a operaciones totalmente diferentes que eran indiciariamente delictivas. Los agentes tomaron entonces declaración a Benavent, quien explicó, de acuerdo con el informe que elaboraron, que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio, "un miembro destacado de la mezquita de Valencia y muy conocido dentro de la comunidad árabe" que, además, presumía de tener vínculos con el CNI.

El susodicho acabó contando a la Guardia Civil que dio unos papeles al exgerente de Imelsa que había encontrado diez años atrás (es decir, sobre 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler y que anteriormente fue ocupada por Zaplana. En ellos se dibujaba una perfecta hoja de ruta para lograr las adjudicaciones y las posteriores comisiones.

La Fiscalía ha defendido que el auto de entrada y registro estuvo totalmente motivado y que ha sido avalado por la propia Audiencia de Valencia. En esos papeles, ha recordado, había una serie de operaciones que evidenciaban que había una adjudicación pública predeterminada y por eso se investigó. 

El tribunal ha decidido que inadmite la nulidad de la prueba pero que se pronunciará fundamentadamente sobre este asunto en la sentencia. 

Testimonio de Belhot

La mayoría de las defensas de los principales acusados han cuestionado igualmente el pacto alcanzado entre Anticorrupción y el abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado testaferro y administrador de fondos y propiedades que realmente pertenecían a Eduardo Zaplana y su círculo de colaboradores más cercanos.

La iniciativa en este asunto la ha tomado el abogado de Francisco Grau, el considerado "financiero" de la supuesta trama corrupta y amigo de Zaplana, que ha insistido en que "Belhot, a pesar de haber hecho una declaración autoincriminatoria, no consta como investigado", y ha pedido que su testimonio se expulse del proceso.

"Nuestra legislación no contempla ningún acuerdo de exoneración total; se está comprando una prueba incriminatoria", ha opinado sobre la condición de testigo de Belhot, en lugar de la de procesado.

En su respuesta, el fiscal ha subrayado que "el tribunal podrá creer o no una determinada declaración, pero no hay precepto alguno para la expulsión de su testimonio". Además, ha agregado que el acuerdo al que se llegó "no dice que Zaplana tenga que se investigado ni se le pide que declare contra nadie", y ha reiterado su colaboración para la recuperación de fondos supuestamente obtenidos de forma ilícita.

El presidente del tribunal finalmente ha desestimado la petición de expulsar el testimonio de Belhot y ha informado de que lo fundamentará en la sentencia.

La causa

Los investigadores del caso Erial consideran a Zaplana y a su círculo más cercano como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del exjefe del Consell, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros. 

Junto al exministro, se sientan en el banquillo, entre otros, los empresarios Vicente y José Cotino; su considerado testaferro Joaquín Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; o el que fuera su exjefe de Gabinete Juan Francisco García. También otro exjefe del Consell, José Luis Olivas. La Fiscalía pide para Zaplana 19 años de cárcel y una multa de más de 40 millones de euros.