VALÈNCIA. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que eximió el pasado año al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) del pago de 25 millones de euros a Litoral del Este por la anulación del programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos e impone a la parte recurrente a abonar 2.000 euros en concepto de las costas procesales.
La resolución del alto tribunal ratifica la decisión del TSJCV que en septiembre del pasado año desestimó el recurso de la urbanizadora del PAI contra la decisión de un juzgado de lo contencioso-administrativo que eximió al Ayuntamiento de Riba-roja de abonar los 25 millones de euros como indemnización a esa empresa, constituida en su momento por el Valencia Club de Fútbol, tras anularse por parte de los tribunales el plan urbanístico de Porxinos, por el que se pretendía construir la ciudad deportiva, 2.700 viviendas, fincas de seis alturas y un campo de golf.
Porxinos se considera una zona de alto valor ecológico y actualmente está incluida en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria.
El Valencia recurrió ante el Supremo la resolución del TSJCV pero, según ha informado el consistorio en un comunicado, el alto tribunal lo ha inadmitido a trámite al incumplir las exigencias contenidas en el ordenamiento jurídico al considerar "falta de fundamentación suficiente de la concurrencia del supuesto contenido en el artículo 88.3 a" de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo sin que se haya justificado el presupuesto para que la sala deba realizar "ninguna matización, precisión o concreción".
Además, el TS considera que hay "carencia de interés casacional objetivo" en los términos en los que el Valencia ha preparado el recurso, "dado el marcado casuismo que preside las cuestiones suscitadas, vinculadas a los aspectos circunstanciados del pleito" y, por ello, condena a las costas procesales a la parte recurrente en el proceso judicial.
Según recuerda el consistorio, el proceso judicial tiene su origen en el convenio urbanístico que se firmó en el año 2005 entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, gobernado en aquel momento por el Partido Popular, y la empresa que se constituyó por el Valencia Club de Fútbol para aprobar el PAI de Porxinos a cambio de 20 millones de euros que donó a las arcas municipales para acometer diversas obras y proyectos municipales como compensación.
El Ayuntamiento subraya que el Partido Popular votó en el pleno a favor del proyecto mientras que tanto el PSPV como Esquerra Unida se opusieron. Desde entonces, diversas sentencias y fallos judiciales han anulado todas las actuaciones que se han adoptado en relación con el PAI.
El primer fallo se remonta al año 2013 cuando en una resolución del Tribunal Superior de Justicia, ratificada posteriormente por el Supremo, se declararon nulos los planes parciales y la homologación del proyecto urbanístico por ausencia de suficientes recursos hídricos y falta de concurrencia y publicidad en el trámite, tras una denuncia presentada por la Plataforma Salvem Porxinos.
Según el consistorio, "los fallos judiciales constatan repetidamente una falta de respeto a las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de Les Rodanes y, al mismo tiempo, subrayan que la adjudicación de la urbanización que se tramitó en su momento se llevó a cabo 'a dedo y sin la oferta pública'.
La empresa Litoral del Este renunció, también, en el año 2014 a las indemnizaciones económicas por la anulación del PAI a cambio de una posterior tramitación por parte del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de un nuevo programa urbanístico como así se hizo, pero que, posteriormente, fue rechazado por la Generalitat Valenciana al aducir un "importante impacto ambiental", señala el consistorio.
Por ello, el Valencia demandó al Ayuntamiento de Riba-roja para que le abonara 25 millones de euros como indemnización, una petición desestimada en las instancias judiciales.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que la sentencia del TS "entierra definitivamente una época muy oscura del Partido Popular en la que la cultura del pelotazo rápido se imponía como forma de vida pero que gracias a los partidos políticos, entidades ecologistas y la sociedad civil en su conjunto pudimos parar a pesar de tildarnos de antivalencianos; pero al final la justicia se ha impuesto ya que aquel plan urbanístico habría destrozado el Valle de Porxinos".
Raga ha subrayado que el Valencia Club de Fútbol "está por encima de las actuaciones que en su momento realizaron sus dirigentes y que les permitió obtener un pelotazo urbanístico de más de 130 millones de euros a costa de todos nuestros vecinos; por suerte, la cultura del pelotazo y la corrupción están muy lejos de la actuación actual de este ayuntamiento en la que el interés general está por encima de cualquier otro aspecto".
