"Extinguir empresas públicas requiere mucha interlocución con las consellerias, estamos en ello"

VALÈNCIA. Por las manos de Empar Martínez pasan dos de los objetivos más importantes que se marcó el Consell a su llegada a la Generalitat: la reforma del sector público instrumental y la necesaria transformación de un modelo económico cuyas carencias dejó al descubierto la crisis. El esfuerzo invertido en ambas tareas desde que asumió la dirección general de Empresas y Modelo Económico dará resultado en pocos meses.

Por un lado, la entrada a Les Corts de la Ley del Sector Público supondrá el principio del fin de los "abusos y la opacidad" que ha marcado el devenir de muchas empresas públicas en los últimos años. Por otro, el periodo participativo para avanzar en la definición del nuevo modelo productivo se concretará en pocos meses en directrices concretas e indicadores de resultado evaluables.

En esta entrevista, Martínez reflexiona sobre la complejidad de poner orden en el entramado empresarial de la Generalitat, el encaje de sus más de 6.000 empleados o el papel de los sindicatos en ese proceso.

–¿Cómo avanza la Ley de Sector Público?

–Estamos bastante avanzados teniendo en cuenta la complejidad de este proceso que requiere revisar toda la regulación que afecta al sector público instrumental y que, además, implica una reestructuración del mismo, que son los dos objetivos que nos planteamos. La regulación de las empresas públicas ha implicado un trabajo muy serio de recogida de las diferentes normativas de cada conselleria. Estamos finalizando el contraste interno de la ley dentro de la Conselleria de Hacienda –Abogacía, Intervención, Tributos– para tener trabajo adelantado para cuando se envíe a las diferentes conselleries. Esperamos que la tramitación parlamentaria se pueda iniciar hacia el verano.

–Hacienda está definiendo con las conselleries cuál ha de ser la forma jurídica de sus entes adscritos, ¿ha culminado ese proceso?

–Para mí la forma jurídica no es lo más importante, sino determinar a qué se ha de dedicar cada empresa y que cada ente haga lo que debe en lugar de formar los popurrís inmanejables que se han hecho en el pasado. Es fácil recortar el número de entes si lo que se hace es simplemente fusionar dos o más en uno. Sobre el papel queda genial, pero en la práctica no está trabajado. Ahora estamos haciendo un trabajo más afinado para ver qué ha de hacer una entidad. La razón de ser de estas empresas ha de estar justificada por su función.

–¿Va a haber fusiones o extinciones más allá de las que se plantearon en 2013?

–Estamos en ello, pero eso requiere mucha interlocución con las consellerias. Resulta que algunas sobre las que se planteó la extinción en 2013 aún no están extinguidas. Solamente hacer eso ya requiere un esfuerzo importante y estamos trabajando en ello.

–El Consell ha aprobado un decreto para limitar el número de altos cargos en las sociedades públicas, ¿por qué no se ha abordado en el seno de la nueva ley?

–Para garantizar y regular antes nuestro compromiso. Como era imposible tener antes la ley, hemos avanzado en todo lo posible. Consideramos que teníamos que regular una práctica que hasta ahora no se había regulado para impedir que cada empresa o cada Conselleria decidiera lo que quisiera al respecto.

–Intersindical ha denunciado los primeros nombramientos llevados a cabo según esta norma en FGV, concretamente el de Frances Romeu por falta de publicidad y concurrencia...

–Los sindicatos pueden cuestionar lo que consideren. El nombramiento de los cargos directivos en las empresas públicas se han ajustado a ese procedimiento que hemos regulado en el decreto. Se ha elegido a las personas que ha considerado el consejo de administración conforme a la norma. Al sindicato le puede parecer bien o no, pero es lo que está regulado. No son puestos para los que haya que pasar por un proceso de publicidad y concurrencia; se hace pública la contratación y por lo tanto se puede cuestionar si la persona seleccionada cumple o no el perfil. Creo que no es el caso. 

–El conseller de Hacienda ha anunciado una limpieza de cargos en las empresas públicas para los que no existió proceso de selección, ¿ya los tienen identificados?

–Estamos en ello. Sí tenemos identificadas, en la medida de nuestras posibilidades entre más de 6.000 personas, la forma en la que entraron los trabajadores. Tenemos registrada toda la información que nos han trasladado las empresas al respecto, pero hay que aclarar que, si en un momento determinado no era necesario hacer un proceso de selección en una empresa, esa empresa actuó conforme a la norma, porque entonces nadie le obligaba a hacer las cosas de una forma determinada.
Nosotros sí queremos obligarnos a hacer las cosas de una forma determinada y quien incumpla esa obligación estará haciendo la cosas de manera inadecuada. Pero si nadie regulaba los procesos selectivos con pruebas, probablemente haya personas que han entrado sin procesos de selección que, aunque ahora nos parezca inadecuado, en su momento no fueron regulados por quien tenía la capacidad de hacerlo. Por lo tanto tenemos muchas personas sobre las que no se puede acreditar con qué proceso selectivo han entrado.
Lo que vamos a hacer es poner mecanismos para que eso no pase y corregir las situaciones que se puedan corregir. Pero depende de en qué medida se puedan convocar plazas de empleo público. El Ministerio de Hacienda debe darnos la autonomía que necesitamos para gestionar dentro de los límites marcados para la oferta de empleo que necesitamos. Si no se elimina esa tasa de reposición difícilmente podremos corregir la elevada temporalidad.

–Se ha puesto en marcha la mesa del diálogo social del sector público, ¿qué se ha avanzado?

–Es una comisión de diálogo social para el sector público; no es un espacio de negociación, sino de diálogo. Es un matiz importante porque las negociaciones sindicales se producen en el seno de cada ente. No podemos quitarles la competencia a los distintos comités de empresa, pero si creemos necesario tener un espacio de diálogo para criterios comunes para todas las empresas.
Estamos muy satisfechos con la primera reunión que hemos mantenido por el clima de diálogo que se respira y porque coincidimos en muchos aspectos de la ley. Los sindicatos están muy de acuerdo con los criterios en los que se ha de basar la regulación, por ejemplo en las pruebas selectivas en los procesos de selección u otras cuestiones de fondo en las que también estamos de acuerdo. Los sindicatos tienen una visión muy realista de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Entonces eso me anima a seguir trabajando con ellos; la utopia ha de estar ahí para dirigirse hacia ella, pero se ha de trabajar desde el realismo. Todos queremos un mercado laboral muy distinto al actual, pero en paralelo somos conscientes de la situación de partida. Tenemos que ir corrigiéndolo conjuntamente.

–¿Cómo avanza el inventario de bienes de la Generalitat?

–Estamos en la fase de sacar una licitación para que nos ayuden en la confección del propio inventario, para actualizarlo e informatizarlo. En todas las organizaciones, la dinámica diaria ahoga en muchas ocasiones las innovaciones o las actuaciones que no son rutinarias. Esto es lo que ha pasado con el inventario. No es que esté parado, pero tenemos una herramienta demasiado administrativa que no nos sirve para tomar decisiones sobre nuestro patrimonio desde un punto de vista de gobierno, no nos permite gestionar ese patrimonio y, por ejemplo, determinar si le estamos dando un uso óptimo a nuestros inmuebles. Queremos contar con una herramienta visual, con los inmuebles geolocalizados para analizar y poder tomar decisiones. En el inventario tenemos aproximadamente 8.200 inmuebles y necesitamos una herramienta para gestionarlos con agilidad. Con la situación actual consumimos el 90% de nuestro tiempo regularizando situaciones administrativas que no se habían hecho.