Aitor Pérez (Gerokon): "El decreto de tipologías de Oltra obedece al postureo pospandemia"

VALÈNCIA. "El decreto de tipologías de Oltra obedece al postureo pospandemia". Así lo cree Aitor Pérez, socio director de Gerokon, consultora encargada de analizar para la patronal de residencias Aerte la propuesta de decreto de tipologías impulsado por la Conselleria de Igualdad y con el que se busca avanzar en el modelo social para personas dependientes. Un borrador en el que se propone, por ejemplo, el aumento de ratio de personal y la reducción de centros de 150 a 100 personas, cuestiones que desde las empresas señalan por no suponer un modelo congruente para éstas.

En este sentido, señalan la necesidad de aumentar las cuantías económicas para poder afrontar estas peticiones, además de la necesidad de aclarar si dichas restricciones serán o no retroactivas para las residencias ya en marcha. En todo caso, desde Aerte insisten en la necesidad de revisar la que podría convertirse en la nueva normativa junto al sector privado para poder establecer un modelo sostenible.

-¿Cuál es su valoración acerca de la propuesta del decreto de tipologías que ha puesto la Conselleria de Igualdad sobre la mesa?

- Desde Aerte nos hacen el encargo de valorar la parte que afecta al tema de mayores, centros de día y residencias. Entonces, la valoración no es buena. Es un decreto bastante confuso como primera lectura. Obedece también a una tendencia que se ha producido pospandemia, que es un poco la necesidad que se plantean desde las administraciones de tener que modificar algo. Obedece también a una serie de prejuicios que se ha transformado en una culpabilización del sector en cuanto a la iniciativa privada. Cuando las residencias se transformaron en el campo de batalla de la epidemia, pero en la que no han sido ni los responsables ni los protagonistas.

A partir de ahí, en este caso concreto, el decreto redunda sobre cuestiones que en otras comunidades también se están planteando. No tiene que ver con elementos de cómo se hacen las cosas en las residencias, ya que éstas llevan 20 años en proceso de transformación. Se han ido adaptando a las necesidades cambiantes de las personas mayores, mucho más dependientes, polimedicadas,... Se ha ido adaptando el modelo de atención centrada en la persona. Se trabaja siempre en unidades más pequeñas, se tienen profesionales de referencias, el tema de sujeciones se está trabajando,...

Y luego están los elementos de hardware. Cada comunidad autónoma desarrolla su propia normativa donde se regulan los requerimientos. La valenciana no es de las más viejas, de hecho es de este siglo y es relativamente joven. Es una de las primeras que ya regulaba el tamaño de los centros a 150. Y en este sentido, hay normativas del año 90. Lo que ocurre cuando hablamos de temas arquitectónicos es que tenemos un problema con todos los centros que ya están funcionando. 

- ¿Qué implican los posibles cambios de condiciones como la reducción de plazas hasta 100 en las residencias?

- Si a partir de ahora decimos, que es un poco hacia donde va la tendencia, que se requieren más habitaciones individuales que dobles, más metros cuadrados,.... estará bien para los nuevos centros, pero no es aplicable para los centros antiguos y esta parte no queda clara tampoco en el decreto. Si estos centros que están funcionando tienen que adaptarse, supondría el cierre. En un borrador que está trabajando también de mínimos el Imserso, plantea una especie de retroactividad y esto en la Comunitat Valenciana supondría una reducción de camas. En este contexto, no está la autonomía para prescindir de éstas porque ya hay un déficit importante.

- ¿Qué parte es la que causa confusión?

- Es un decreto en el que hay algo de corta-pega en algunos momentos. Y luego, un elemento que también es importante y es que no está claro a qué va a afectar. Hay una tendencia que se está volviendo peligrosa que es la acreditación. Digamos que todas las residencias que funcionan en la comunidad autónoma tienen que estar autorizadas. Al margen de esto, en algunas autonomías se ha planteado la necesidad de una acreditación para trabajar con la administración. 

Esto no tiene sentido, porque convierte en ciudadanos de primera y de segunda. Si en la Comunidad Valenciana se entiende que la ratio de atención a los mayores dependientes tiene que ser el 0,69, aplíquese a todos, pero no sólo a los dependientes. Lo razonable es que los requerimientos se establezcan en función de las necesidades de las personas dependientes y no de quien pague la factura. Porque de esta manera se van a tener distintas autopistas.

Este es un fallo habitual en muchas comunidades autónomas y aquí, desde luego, es especialmente gravoso y sangrante. No está nada claro en el decreto a qué afecta esto. Luego, excluye a las residencias de titularidad pública, crearía una tercera vía y no sé muy bien cómo ha sido la dinámica, pero apunta a un tema de precipitación y tiene varios problemas.

- ¿Considera que hay una falta de base científica o sociológica?

- Desde luego, lo que no ha habido ha sido un contraste con los profesionales. El modelo que se plantea es las unidades convivenciales dentro de la atención centrada en la persona. En este sentido, todavía no hay ningún modelo en el Estado español, en ninguna comunidad autónoma, que sea sostenible del concepto de unidad provincial. Es un concepto muy interesante y muy atractivo, que viene de los países nórdicos, donde hay pequeñas unidades convivenciales que pueden ser de ocho -aquí se plantean 20- y hay presencia permanente de personal. 

Aquí el decreto también es un poco absurdo porque habla de que serán tres, pero pueden ser dos o pueden ser cuatro, o sea, o son dos o son cuatro. Cuando planteas un decreto de este tipo, la presencia permanente, eso ya se convierte en un gasto fijo y estas cuentas hay que hacerlas en base a las ratios. Si tú planteas unidades convivenciales de 20 con una presencia permanente de tres auxiliares, a las 3 de la tarde y una de noche, la ratio se nos dispara bastante por encima del 0,85 que se plantea. 

Y en los modelos nórdicos, donde todo el pescado está vendido porque todas las plazas están llenas, sería peor, porque como tengas cuatro plazas vacías, en vez de 25, tengas 20 y mantienes el ratio de personal, se te disparan los costes. Entonces, el borrador adolece, que quizá lo tengan, de una memoria económica. Al final, nosotros trasladamos los costes que nosotros estimamos de la atención con este modelo y son disparados e inviables, ya que son más del doble de lo que ahora mismo se está pagando. 

- ¿Este es el mayor problema?

- Este es el problema más gordo para mí junto a la acreditación. Si la dinámica valenciana entiende que tienen que convivir tres o cuatro autopistas, a mí me parece un error. Creo que desde el punto de vista de los ciudadanos, que quedes excluido del sistema de dependencia porque tienes dos pisos o porque tienes algo de ahorro y tengas que pagarte la plaza, seas un grado tres y en esta residencia tus requerimientos sean del cero seis, pero si entras en una plaza pública sean otros, es otro fallo que el decreto no contempla. No se contempla un trato diferenciado en función del grado y nivel de dependencia. Igual que en las unidades convivenciales, que se plantea un totum revolutum y no por grados.

- ¿Esta justificada la limitación a 100 plazas en las residencias?

- La limitación a 100 personas es absurdo. Si planteas unidades convivenciales de 25, que más te da que haya 100 que 120. Porque al final estamos hablando de que es gente que va a hacer toda su vida en ese espacio. Entonces, yo a esto del tamaño le llamo el efecto pandemia. El Imserso planteaba 50 y es absurdo, no hay ningún criterio técnico. En los países nórdicos hay residencias de 200 que funcionan en unidades de ocho y no pasa nada. Hay un bloque donde optimizamos costes generales. Al final nadie ha hecho la cuenta de lo que cuesta esto, porque los costes de la atención residencial son, por un lado, los costes de personal, que es la parte más gorda y ahora supone un 50% y con este planteamiento podría suponer un 80 o 90% del coste. 

Los costes de funcionamiento como la alimentación, la lavandería, la calefacción, la luz, que es una parte importante y luego los costes de carácter inmobiliario. Si antes la inversión media era entre 50.000 y 80.000 euros; ahora, con los requerimientos de personal de unidades convivenciales nos vamos a 100.000 o 120.000 euros porque hacen falta muchos más metros, cuando podría suponer el incremento por persona. Nosotros hemos hecho el cálculo y nos podemos ir de entre 82 euros en los centros autorizados hasta los122 y luego hay que tener en cuenta que la cama no ocupada también supone coste. Entonces, nos estamos viendo en cifras bastante más del doble de lo que se está pagando, claro.

- ¿Estas limitaciones podrían provocar la expulsión de compañías?

- Si esto tiene carácter retroactivo, se cerrarán centros. No tanto por el software, porque al final los requerimientos de personal si la Generalitat paga esa plaza no hay problema. Aunque no creo que lo pague. Desconozco las cuentas públicas, pero por lo que veo en todo el país es impensable. La Comunidad de Madrid, que ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho un proceso parecido y plantea un incremento muy importante, pero es un gran esfuerzo. Valencia plantea una ratio del 0,60 y aquí estamos hablando del 0,85 y Madrid plantea un pago de 70 y tantos euros día y sin elementos arquitectónicos. 

- De los aplicados en España, ¿cuál sería el modelo más idóneo?

- Hay tantos modelos como centros. Hicimos un estudio hace poco para CEAPS, donde analizamos España y hay 70. Somos 17 comunidades autónomas y en total hay 65 modelos, porque en una comunidad tenemos autorización, en otra podemos tener acreditación, en la Comunidad Valenciana tenéis las plazas de accesibilidad social, sabemos que hay un catálogo muy amplio. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Pues es difícil compararlos. Digamos que en cuanto a requerimientos, quizás el territorio más exigente con temas de personal es Guipúzcoa, pero el precio de concertación es de 110 euros con una ratio muy inferior, es la que se plantea la Comunidad Valenciana.

Y aquí no se dice nada, pero también está el tema del marco laboral. Desde el Estado se está planteando incrementos salariales, que es de justicia y hay que hacerlo. Yo creo que las patronales lo están asumiendo y se están planteando incrementos que yo creo que en los próximos tres años, al margen del IPC, pueden suponer un 15%. Esto habrá que reflejarlo en las tarifas. Es curioso que en este decreto, que es tan populista digamos, no se hace mención al tema laboral. 

Luego, hay aspectos que también este decreto menciona y entra mucho al detalle, como sobre las funciones y las horas del personal en el centro de día. Por ejemplo, si hacemos un centro de día de diez plazas, tendríamos diez figuras profesionales distintas y esto no tiene ningún sentido y significaría una precarización laboral. Pero esto también va un poco en contra del modelo de atención centrada en la persona, donde se trata de empoderar a la auxiliar a que ya vaya desarrollando más tareas. Y estas son las cosas que cuando cuando se nos encarga el informe, matizamos.

- ¿Cuál cree que es el propósito del decreto?

- En la declaración de intenciones de la ley, que esto dice mucho de la filosofía, donde normalmente se habla de la evolución y de la mejora, aquí es como una especie de crítica a todo lo anterior. Esto va a ser lo mejor, ya por fin, ya estamos,... Igual hay que hacer más hincapié en por qué hacemos este marco normativo, por qué hacemos este cambio que pretendemos. Espero que esto no se apruebe y que al final alguien tendrá que coger un Excel. Luego hay aspectos que son absurdos. Por ejemplo, en el perfil del director de los centros, lo que se está planteando en todas las comunidades autónomas aunque tampoco hay criterio uniforme es un grado universitario y una formación especializada en dirección a la formación especializada en dirección de centros, que tiene que ver con gestión económico financiera y recursos humanos.

Aquí han dado un paso más allá y piden un grado universitario, pero solo de los que trabajan en el centro. Es decir, médico, enfermeras, psicólogo o trabajador social y es de un corporativismo absurdo. Alguien que tiene ADE, gestionar una residencia de 150 plazas significa que tienes 150 familias, 150 usuarios es igual que gestionar una empresa con 100 trabajadores. Por lo tanto, con este modelo en la Comunidad Valenciana la gente de ADE no podría gestionar estos centros. Esto ya es una de las una de las mayores están ganadas. Tiene que ver también que, en los decretos, muchas comunidades lo que quieren hacer es diferenciarse del resto. Por ejemplo, se habla de la anchura de pasillos. Se establece de metro y medio, cuando el Código Técnico de Edificación, que es una norma superior de construcción, homologa las residencias, hospitales y por lo tanto hay siete pasillos de 2,20. 

- Una de las quejas más habituales de Aerte es la de la insistencia en la sanitización de las residencias. 

- Ahí hay un debate un poco absurdo en el tema de la atención sanitaria en residencias. Si tú estás en tu casa, la sanidad es gratuita y universal. Esto es un gran logro que tenemos los ciudadanos. Sin embargo, si estás en una residencia no está claro cómo queda, pero ahora tiene que se pagada por las residencias. Una de las críticas en la pandemia ha sido esta es que el Servicio Nacional de Salud y las Comunidades Autónomas se han puesto de perfil. Entonces, el ciudadano que tiene que pagar una parte importante de la plaza con su dinero, está pagando la atención sanitaria, que si viviera en casa sería gratuita. 

 En el borrador del Imserso pasaba algo parecido. ¿Por qué? Al final yo creo que también detrás de este discurso demagógico hay un tema de dinero. Si yo tengo una residencia de 150 personas significa que tengo colapsado a uno o dos médicos de atención primaria y esto tiene un coste. Ahora mismo se está ahorrando al sistema sanitario. A esto se suma que no se puede contratar una enfermera en este país. La Universidad española no está formando a suficientes profesionales de acción sanitaria. 

- ¿Hay algún punto a favor en en el decreto?

- A ver, yo quiero pensar que en todo esto, hay alguna intencionalidad buena. Quiero pensar que hay alguien que estará pensando en que esto puede mejorar. Pero primero hay que ver si es necesario un cambio normativo. Esta sería la primera pregunta y luego creo que hay que buscar un modelo y consensuarlo. En el caso de la Comunitat Valenciana, además, está clara cuál es la posición. La iniciativa privada es la que gestiona un 80 o 90% de las camas y esto no lo puedes obviar. Si te gustaría que fuera todo público, vas y las compras. Pero no hay ninguna comunidad autónoma que esté construyendo ninguna en ninguna. Y de hecho, la gestión de las que ya tienen construidas está mayoritariamente en manos privadas por la incapacidad de la dificultad y sobrecoste que supone que lo gestionen administraciones. Por tanto, te guste o no te guste, esto tienes que hacerlo de la manera privada.

Verla como un enemigo nos lleva a situaciones sin sentido. Yo creo que en los próximos años serán necesarias plazas y habrá que ser atractivos para inversiones. Esto obedece a un tema de postureo postpamdemia, un poco de decir, como en la pandemia hemos dicho tantas cosas y hemos criticado tanto, ahora tenemos que hacer algo. Hay mucho postureo. Se dijeron muchas cosas y balón adelante.

- ¿Hacia dónde deben ir los modelos?

- Las tendencias es ir hacia el modelo de unidades convivencia. Yo creo que hay que trabajar mucho más en aspectos de software, es decir, del modelo de atención, que del hardware. Tiene mucho más que ver con los derechos de las personas como el tema de las sujeciones, de la historia de vida, el trato diferenciado y una serie de elementos de estos que ya se están incorporando. Entonces yo creo que por aquí hay que avanzar y en paralelo podremos ir trabajando en marcos normativos que vayan a construir las residencias del futuro. Es decir, vamos a ir a modelos de más habitaciones individuales, pero todo esto es imposible si no hay más dinero.