"Fui el último en llegar a Divalterra y parece que he matado a Manolete"

VALENCIA. La empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, se ha situado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a diversas informaciones acerca de posibles irregularidades, o al menos incidencias, que se arrojan en un informe de auditoría interna que pasó esta misma semana por el Consejo de Administración del ente, vinculado a la Diputación de Valencia.

No es el único problema que arrastra esta sociedad. El lastre de ser un empresa bajo la lupa de los tribunales por la Operación Taula tras años de gestión del PP, y el mestizaje que obliga a la convivencia entre dos cogerentes, uno designado por el PSPV, Víctor Sahuquillo, y otra nombrada por Compromís, Agustina Brines, también contribuyen a la complejidad de una mercantil de la que dependen, entre otras funciones, la gestión y operatividad de 560 brigadistas forestales o el respaldo económico a áreas industriales de carácter local.

A todo ello hay que sumar que el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, solicitó este viernes apartar al director de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, tras la información publicada en el diario El Mundo en la que se cuestiona tanto el coste -90.000 euros- como el destino de los trabajos por la abogada Emma Ramón dentro del caso Taula. A todas estas cuestiones se presta a responder el cogerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo (Valencia, 1967), en una entrevista concedida a Valencia Plaza.

-¿Qué problemas de funcionamiento tiene Divalterra?
-Cuando yo me incorporo en febrero de este año, la cogerente Agustina Brines y el resto del equipo ya habían hecho un trabajo. El problema fundamental que me encuentro es la imagen que tiene la empresa. Estamos sufriendo el paso de una etapa larga de desregulación a un proceso donde estamos creando las figuras necesarias: auditores, servicios jurídicos... estas son cosas que quizá ahora pueden ir en perjuicio de la inmediatez de los procedimientos pero que obviamente es mejor que existan.

-¿Se ha encontrado piedras en el camino desde que pisó la empresa?
-En todas las cosas de la vida te encuentras piedras. Lo importante es sortearlas y seguir, en este caso para que Divalterra tenga futuro y sea reconocida como una empresa de calidad que gestiona bien los recursos públicos.

-¿Es cierto que hay proveedores que les ven y, por así decirlo, salen corriendo?
-Al principio sí me encontré gente que cuando le decías que venías de Imelsa exclamaban: "Uf, no". Esto fue una de las grandes motivaciones para cambiar la denominación y marca de la empresa, una renovación que viene acompañada de una nueva forma de trabajar mediante la que dejar atrás la anterior etapa.

-¿Cómo es la convivencia con Compromís en este mestizaje al 50%? Porque hay cosas que deben firmar los dos cogerentes por ejemplo...
-Creo que lo estamos llevando bien. Es cierto que hay funciones o actuaciones transversales que a veces provocan discusiones pero no existe un problema en la empresa debido al mestizaje. Es un experimento que puede salir bien: cada uno sabemos nuestras funciones y todo se va superando.

-El responsable de los servicios jurídicos de Divalterra fue apartado este viernes por el presidente de la Diputación tras conocerse unos pagos a una abogada que habría prestado servicios a José Manuel Orengo y que están pendientes de ser aclarados. ¿Tenía constancia de esta situación?
-He pedido información sobre ello porque no tenía constancia de que fuera así dado que yo no era cogerente en esos momentos. El presidente de la Diputación ha ordenado encargar una auditoría externa para aclarar la procedencia de esos pagos y ha retirado por el momento a Vera de sus funciones hasta que se resuelva la cuestión.

-¿Cómo ha recibido el informe del auditor presentado en el Consejo de Administración en el que detecta posibles irregularidades en su gestión?
-Es el primer informe que el auditor, que fue contratado en 2015, presenta al Consejo de Administración,  y en él no habla de irregularidades, habla de incidencias, que además son todas subsanables.

-¿Qué explicaciones ofrece del informe en el que se desliza que pudo haber impulsado contratos de publicidad sin exceder los 18.000 euros para evitar contar con la firma de la cogerente?
-Imagino que el auditor se refiere, aunque no viene concretado en el expediente, a dos contratos de publicidad con medios. No es que se intentara que el precio estuviera por debajo de los 18.000 euros para que no los firmara la cogerente, sino que desde el departamento de Comunicación se trató de negociar que los precios fueran los más bajos posible porque considerábamos que no podíamos pagarlos. Hay determinados medios que tienen unas tarifas muy costosas y por eso nuestro departamento de Comunicación trabajó por conseguir los mejores precios y logró finalmente una rebaja. Aquí creo que la opinión del auditor ha sido un poco subjetiva.

-El citado informe desliza que podría haber existido fraccionamiento de contratos para la empresa Socialnova porque se le encargaron diversos trabajos por importes menores que, de haber sido incluidos en uno solo, hubieran requerido de un concurso. ¿Cómo lo explica?
-En la referencia que se hace a esta empresa creo que el auditor no tiene en cuenta los conceptos. Primero se encarga lo que es la nueva imagen corporativa y el cambio de nombre. Después van surgiendo otras necesidades que no tienen nada que ver y no están previstas con anterioridad, por lo que son conceptos distintos. Además, existe un informe de los servicios jurídicos de Divalterra que resuelve que no hay fraccionamiento de contratos.

-También se refleja en el citado informe, por ejemplo, un desfase respecto a las fechas de inicio de campaña y el inicio formal del expediente de contratación...
-La relación de las fechas tiene que ver mucho con la realidad de los contratos, de su objeto, en este caso contratos de publicidad con distintos medios. Es un ámbito peculiar. Debes hacer una consulta, una orden de publicidad... estamos hablando de diferencias de fecha de unos pocos días. Esto tiene que ver también con que la empresa prefirió que el departamento de Comunicación negociara con cada uno de los medios para conseguir el mejor precio en vez de acudir a una central de medios. Entiendo que el auditor, ante la lectura fría de los datos, pueda considerar que exista algún desajuste pero creo que todo se encuentra dentro de los márgenes normales en ese tipo de contrataciones. En cualquier caso, los servicios jurídicos señalan, y estoy de acuerdo, que debe estudiarse alguna fórmula para compaginar la realidad de este tipo de contratos de publicidad con las exigencias de la ley. 

-¿No es cierto que Socialnova se constituyó como empresa ad hoc para recibir estos contratos de Divalterra?
-No. Socialnova ya existía antes, la propia empresa así lo explica. Empezó como una comunidad de bienes y después pasó a ser una sociedad limitada. Creo que simplemente son emprendedores que trabajan bien.

-¿Usted ya había trabajado anteriormente con Socialnova en su etapa en el Ayuntamiento de Alfafar?
-La verdad es que yo nunca he trabajado con empresas grandes como por ejemplo Engloba o Imedes. Siempre me ha gustado trabajar y dar la oportunidad a empresas pequeñas y gente nueva. Para la identidad corporativa se presentaron tres ofertas y salieron ellos. A mí me gusta como han resuelto la imagen de Divalterra: costó mucho y la verdad es que creo que han hecho un buen trabajo. No es un delito trabajar con alguien que da resultados satisfactorios mientras se cumplan las condiciones legales.

-Según el informe, se siguen haciendo muchas contrataciones menores en Divalterra. ¿Por qué?
-Esta empresa ha mejorado mucho en estos aspectos respecto a la etapa del PP. En el propio informe del auditor menciona que la contratación menor abarca en total algo más de 680.000 euros (un 14%) cuando la contratación con procedimientos abiertos supera los 2,8 millones de euros. A ver, en una empresa como esta, si tienes que encargar una serie de tornillos tienes que hacer un contrato menor. Tenemos un colectivo como son los brigadistas que están todo el día en el monte y tienen una serie de necesidades urgentes. Todos los procesos son mejorables, pero creo que hemos ido dando pasos hacia delante y estamos en parámetros normales, no como ocurría antes.

-¿Se ha sentido solo alguna vez en Divalterra?
-Sí, en algún momento me he sentido muy solo ante la responsabilidad de tener a un montón de personas trabajando en el monte. También por saber que existe un pasado que puede dañar a la empresa. Es difícil a veces luchar con las piedras en el camino que vas encontrando. De hecho, yo me sumé al equipo directivo en febrero: fui el último entrar y a veces parece que he sido el toro que mató a 'Manolete'. Pero bueno, al margen de las dificultades lógicas de cuando empiezas en un sitio cuando los equipos ya están formados, creo que las personas con las que trabajo merecen la pena y aquí seguiré mientras el presidente de la Diputación así lo considere.

"Hemos regulado el proceso de selección para los brigadistas"

-¿Qué cambios ha impulsado entre los brigadistas desde su llegada a Divalterra?
-Tenemos 560 brigadistas y fundamentalmente lo que estamos haciendo es introducir racionalidad. Por ejemplo, tras un estudio hemos visto que las bases instaladas no cubrían todos los municipios de la provincia de Valencia así que vamos a modificar su localización. En resumen, la idea es profesionalizar a este grupo para que su función de servicultura preventiva sea más eficaz.

-Siempre ha planeado la sombra del enchufismo en este colectivo. ¿Existía esto en la empresa? ¿Qué medidas ha tomado para terminar con esto?
-Para empezar, la cuestión del enchufismo está en los tribunales y ellos lo determinarán. Lo primero que hemos hecho es establecer procedimientos de selección como marca la ley, incluidas las próximas vacantes que hay que cubrir entre los brigadistas. Un proceso de selección acorde a los puestos al que se debe presentar una titulación, pasar una serie de pruebas... un funcionamiento como en cualquier empresa normal o institución pública. No existía eso y es lo que hemos creado.

-¿Tienen convocatorias a la vista?
-Ahora acaba de terminar una convocatoria para un experto de planes estratégicos y en breve sacaremos una para cubrir las vacantes que se han producido en las brigadas a causa de jubilaciones.

-¿Cuántas plazas?
-Será en torno a 25.

-¿Cómo han solucionado las dudas respecto a las brigadas verdes que tiempo atrás se anunciaron?
-Defendemos la creación de estas brigadas que, a día de hoy, están estudiando desde la Diputación, que es la encargada de dirimir si, como creemos, la realidad actual obliga a tener este tipo de personal que intervenga en las urbanizaciones, por ejemplo. Todo ello además de generar una segunda actividad dentro de la empresa. 

-¿Pero ello implica una mayor dotación presupuestaria? Porque se habló de un número de puestos importante...
-Hemos intentado que el proyecto presentado sea eficaz, racional y sostenible económicamente. Lo fácil es decir: necesito personal, como hizo la anterior Administración gobernada por el PP, que contrató a cientos de brigadistas sin tener en cuenta esos criterios. Nuestro proyecto está hecho para no sobrecargar en costes a la Administración y podamos cubrir todo sin que ello implique un incremento de plantilla excesivo.

-En materia de economía, ¿qué planes tiene para las áreas industriales?
-Creo que una de las virtudes que estamos teniendo es la de coordinarnos con las diferentes administraciones. Los polígonos industriales es una de las prioridades que nos trasladó el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. Lo primero es hacer un estudio sobre la realidad de los polígonos: decidimos crear una cátedra de empresa con la Universitat Politécnica de València (UPV) porque necesitábamos gente experta que nos ayudara y ya han elaborado un plan de trabajo para ello. En función de las necesidades de cada uno de los polígonos impulsaremos actuaciones para contribuir a la reindustrialización.

-¿Y qué presupuesto tendrá para ello?
-Los Presupuestos en la Diputación se están negociando. De momento hemos solicitado entre 600.000 y 700.000 euros.