Ximo Puig: "Ha habido mucho gasto público y todos somos conscientes de que habrá que reequilibrar"

VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig (Morella, 1959), recibe a Valencia Plaza en la que será su última entrevista antes de firma para la disolución de Les Corts y la convocatoria de las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

La entrevista se divide en dos partes, esta primera centrada en la gestión y una segunda más política que pone el foco en la covocatoria electoral del 28M, con el siguiente titular: "El objetivo del Partido Popular es decir que todos somos iguales, y no somos todos iguales".

Un encuentro de más de hora y media en el Palau de la Generalitat en el que el jefe del Consell hace un extenso balance de una legislatura marcada por la gestión de dos situaciones excepcionales como la pandemia y la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.

(La entrevista se lleva a cabo horas antes de la destitución del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, motivo por el cual no se le pregunta por ello)

-Los incendios del año pasado en Bejís y el de ahora en Villanueva de Viver han sido devastadores. Todo el mundo coincide en que los incendios se 'apagan' en invierno y hay muchas quejas por la gestión del monte, la falta de cortafuegos o las limitaciones de actuación para los propios lugareños. ¿Qué se puede hacer que no se esté haciendo? 
-Bueno, siempre se puede hacer mucho más, pero el dicho este de que los fuegos se apagan en invierno ya no es tan así, porque realmente hasta en invierno hay incendios. Ahora es posible que haya incendios los 365 días del año. Por tanto, tenemos que actualizar las estrategias. Yo creo que hay una suma de causas en el diagnóstico. Por una parte, una estructural, que es la despoblación. El efecto de que los bosques han dejado de estar humanizados y que los abancalamientos han dejado de ser productivos, ha generado unas zonas con un combustible enorme. Y también otra causa es el cambio climático. Esto implica que, por ejemplo, en este incendio ha ocurrido a principio de primavera lo que hablábamos siempre en verano, los incendios del 30: más de 30% de temperatura, menos de 30% de humedad, más de 30% de viento. Por tanto, aunque se ha mejorado muchísimo la capacidad de intervención en la extinción, debemos ir atajando causas y tenemos que buscar nuevas vías en lo que es la prevención además de mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con la propia operativa, de cómo se hacen los trabajos de limpieza o de trabajar en las interfaces, que ya se está haciendo. También debemos producir una alianza con la agricultura,  con el medio rural.  El medio rural tiene que revitalizarse. En la medida que consigamos, por ejemplo, que muchos de los abancalamientos que en este momento están abandonados pudieran estar produciendo, sería un logro porque está claro que son el mejor cortafuegos. Lo vimos en Bejís o lo vimos en Vall d'Ebo: las zonas que están trabajadas frenan el fuego. Entonces, queremos lanzar un proyecto piloto en esas zonas, de apoyo a los agricultores y a las cooperativas que de alguna manera rescaten para la producción terrenos abandonados.  

-En cuanto al origen del fuego, la investigación de la Guardia Civil apunta precisamente a unos trabajos de gestión forestal por parte de una brigada municipal. No sé si puede confirmarlo.
-Esto es una cuestión que finalmente dilucidará la Guardia Civil y yo ahora mismo no tengo más información.

-¿Hay falta de formación? O sea, ¿las brigadas municipales a lo mejor no tienen la formación adecuada?
-Yo creo que se está haciendo un gran trabajo de formación. Habrá que analizar por qué ha pasado, pero no creo que haya por qué poner el foco en esto.

-En las últimas semanas, usted transmitió internamente la decisión de gestionar hasta el último día, y hemos visto un fin de legislatura frenético, sobre todo en Les Corts con leyes aprobadas por vía de urgencia, de última hora, multitud de anuncios... ¿No se podía haber hecho antes para favorecer el debate y que no fuera todo tan precipitado? 
-Bueno, siempre se puede dedicar más tiempo al debate pero creo que al final eran dos leyes y estaban bastante trabajadas. Todas las leyes ya tienen un recorrido, muchas veces incluso algunos dicen que demasiado lento, pero vamos, estoy de acuerdo en que existan tiempos de reflexión y serenidad para legislar.

-Pero por ejemplo, lo que ha pasado con la ley de carreteras, que incluía los cambios en las sanciones sobre la prostitución, y su grupo en Les Corts la ha tratado sin éxito de sacar adelante por lectura única, lo que no permite el debate, que se emitan informes...
-Ya, pero sabe usted perfectamente que esa norma estuvo debatiéndose durante muchos meses y finalmente no se aprobó en el Consell. Por eso el grupo parlamentario, dentro de su legitimidad, tomó la decisión, pero debate sobre esta cuestión y trabajos previos a esa proposición ha habido muchísimos.

-¿Está molesto con la postura de los socios en este tema?
-Molesto no, porque cada uno tiene sus planteamientos y somos respetuosos con ello, pero es cierto que a mí me cuesta entender que no haya una acción más decidida  contra una situación que atenta tanto a la dignidad de la mujer como es la prostitución.

-Y en un debate que se ha reabierto ahora, el de la maternidad subrogada, ¿qué opinión tiene?
-Creo que la dignidad de la mujer no puede ser alterada por razones mercantilistas en ningún caso. 

-También en este apretón de última hora en Les Corts se ha intentado renovar los órganos estatutarios en su mayoría sin conseguirlo, aunque algunos ya habían vencido desde hace casi un año...
-Pero no es que se haya intentado ahora, nosotros intentamos hacerlo desde que caducaron y alcanzar un acuerdo con la oposición. Un acuerdo que, por cierto, fue posible con la anterior dirección del PP cuando tenía más representación Les Corts, y con los mismos parámetros, teniendo menos representación, no ha sido posible. Así que esto obedece al obstruccionismo del PP: nosotros hemos seguido el mismo itinerario que en el pasado y habíamos llegado a un acuerdo. No se ha querido y bueno, eso tiene consecuencias, porque hace mucho tiempo que intentamos que que se renovaran, pero no ha habido ninguna voluntad. Creo que hasta que no cambie la dirección del PP va a continuar congelada esta situación.

-¿Ha sido un error pensar que quizá Ciudadanos podía aportar los diputados suficientes para renovar los órganos sin contar con el PP y también para rebajar el listón electoral? 
-Nosotros siempre hemos pretendido y siempre hemos intentado que el PP, que es el partido mayoritario de la oposición, esté en los acuerdos institucionales. Es cierto que al final, bueno, pues había un grupo -Ciudadanos- que tenía 18 diputados,  aunque ahora ya no sé, ha habido gente que ha ejercido de tránsfuga, pero en cualquier caso la idea siempre ha sido contar con el PP. Y respecto al listón del 3%, siempre hemos mantenido una posición favorable a que se rebaje porque es una cuestión que mejoraba la representación. Es cierto que, ahora al final, nosotros siempre dijimos que si había un acuerdo suficiente lo apoyaríamos, pero no ha habido ningún intento desde el Gobierno de provocar esta situación, en absoluto.

-Entonces, ¿ha sido Ciudadanos quien se ha ofrecido para esto?
-Sí. Hubo algunas conversaciones y nada más,
pero en ningún momento ha habido un impulso por parte del Gobierno para ahora, a última hora, de esta manera, cambiarlo. No. De hecho, no pensábamos que hubiera tampoco mayoría suficiente para hacerlo.

-Recientemente se anunció el bono cesta de la compra después de seis meses de conversaciones con los empresarios. ¿Al final no salió como tenían pensado?
-Evidentemente ha ido evolucionando porque había varias cuestiones sobre la mesa donde la principal era cómo ser eficaces en el objetivo planteado. Y el objetivo planteado no era hacer una ayuda universal, porque es imposible. No se trataba de hacer una ayuda como ha hecho el Gobierno de España, que afecta al IVA, pero que repercute a todos los ciudadanos. En este caso, lo que se trataba era intentar buscar fórmulas para suturar la fractura social. Y para eso había también que tener en cuenta no solo a las grandes superficies, sino también al pequeño comercio, a los mercados y a todos los establecimientos de alimentación. Al final se ha conseguido, y yo creo que todo es mejorable, pero es la única comunidad de España que va a iniciar un proceso en el que por lo menos puede haber medio millón de familias beneficiadas. Y que es a través de una tarjeta en la que el ciudadano puede comprar donde quiera. Esto también ha sido muy complicado en la elaboración, porque las distintas superficies comerciales también tenían su problemática en la operativa. Yo creo que lo que se ha demostrado es que en la Comunitat Valenciana se pueden conseguir avances y acuerdos a través del diálogo.

-¿Y qué les dice a los que consideran que el bono consumo de 90 euros es poco?
-Pues sí, efectivamente. Pero la Generalitat tiene los recursos limitados y es la inversión que hemos podido realizar en este momento. Pero también digo que no es tan poco desde la perspectiva de las rentas a las que va dirigido. Será poco a lo mejor para muchas rentas pero no será tan poco para las rentas de las personas que están cobrando el salario mínimo. Al final es un apoyo, una ayuda que es compatible con otras que se han ofrecido, como hemos hecho con las hipotecas.

-La medida va dirigida a las familias desfavorecidas y tiene relación con el comercio, pero no se contó con los consellers de Comercio ni de Igualdad, ambos de Compromís. ¿Está actuando por separado la parte socialista de la parte de Compromís del Consell?
-Sí que se han tenido conversaciones. Lo ha pilotado el conseller de Hacienda, pero ha tenido conversaciones sobre todo con la vicepresidenta. No creo que haya habido ningún tipo de problema. De hecho, si se ha llevado a cabo es porque hay acuerdos.  

-¿Cómo ha sido su relación con Compromís en el Consell antes y después de la salida de Mónica Oltra?
-Los gobiernos de coalición tienen que fundamentarse en gestionar adecuadamente la diversidad y funcionar con lealtad y respeto. Siempre de una parte u otra se puede estimar que a veces no se cumplen esas condiciones. Pero yo creo que un gobierno que durante ocho años ha sido capaz de aprobar en tiempo y forma los presupuestos ha demostrado una enorme solidez. Hay que tener en cuenta que esto no ha pasado en ninguna de las cuatro autonomías más importantes de España y, de hecho, ha habido muchas comunidades que han estado varios años sin presupuesto. Por tanto, yo creo que la solidez se ha demostrado reiteradamente.  

-¿Ha estado más tranquilo en el Consell desde que dimitió Mónica Oltra?
-Cada persona tiene su carácter y su talante. Pero yo creo que la primera parte con Mónica Oltra en el gobierno fue un momento muy importante porque teníamos que aprender y desarrollar todas las nuevas políticas y fue un tiempo muy satisfactorio a pesar de las diferencias que existieron y existirán. Porque somos partidos diferentes, somos grupos diferentes y tenemos, en algunas cuestiones, miradas diferentes. Pero bueno, los ciudadanos decidieron que tenía que haber un gobierno de coalición progresista y nosotros con esas claves hemos tenido que actuar y hemos actuado. Y creo que ha sido satisfactorio y beneficioso para la Comunitat Valenciana.

-Al hilo de últimos anuncios que ha ido realizando, ¿qué le gustaría para la ampliación de Cacsa en la parcela M3?
-La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha sido un éxito enorme para la ciudad y para la Comunitat Valenciana, eso es bastante indudable. ¿Que se hubiera podido hacer mejor y con más eficiencia? Pues seguro que sí. Pero yo creo que hay que quedarse con la parte positiva: esto es un proyecto además del que han participado muchos gobiernos desde la idea inicial de Joan Lerma. Yo recuerdo que en la campaña antes de que el PP llegara al gobierno, Eduardo Zaplana dijo que iba a anular el proyecto, pero después sí se hizo y creo que fue positivo que se hiciera. Entonces aquello que se inició con Lerma ahora hemos podido acabarlo en gran medida. Es más, lo que era un espacio vacío, que es una cosa bastante discutible en términos económicos hacer un edificio -el Ágora- con un coste de 100 millones de euros sin un programa, hemos conseguido, con el acuerdo con la fundación La Caixa, hacer el mejor CaixaForum de España, porque ningún otro ha costado 100 millones. Ahora, para la parcela que queda hay varias iniciativas que incluso desde el mundo privado se han planteado y a mí me gustaría hacer un concurso internacional de ideas sobre esta parcela porque es una de las más significativas de València. Hay que acertar bien en el proyecto y que no se pierda un poco la visión con la que nació la Ciudad de las Ciencias por lo que a mi juicio debe estar vinculado a la modernidad y a las nuevas tecnologías, que quizá es el concepto que está más cojo probablemente.

-¿Y qué hay de la posibilidad de utilizarlo como zona de conciertos? 
-Bueno, esto es una cuestión que ahora sí que con carácter previo se podría plantear, pero yo creo que a largo plazo esto exige una respuesta de mayor calado.

-El último barómetro de la Generalitat sitúa la sanidad y el empleo como los dos principales problemas de los valencianos.  De hecho, la sanidad está en el foco en las últimas semanas por diversas cuestiones. ¿Teme que sea el talón de Aquiles del Botànic en esta campaña? 
-Especialmente después de la pandemia, todo el mundo es consciente de que la sanidad es el gran pilar del Estado del Bienestar que hay que proteger, vigorizar y mantener, en términos ideológicos, como una sanidad pública, universal y gratuita. En este trayecto hemos abordado una transformación importante: hay alrededor de 16.000 personas más trabajando, se está haciendo una inversión de más de 400 millones de euros solo en la ciudad de València: tenemos la ampliación del Hospital Clínico, tenemos también la transformación del Arnau de Vilanova, se está trabajando en el espacio Ernest Lluch en Campanar... además tenemos hospitales como el de la Marina Baixa, la ampliación de Orihuela, el nuevo hospital de Castellón, que por cierto, estamos acabando ya la expropiación y se va a acelerar muchísimo con la inversión más importante que se va a hacer a Castellón con más de 200 millones de euros. Lo que digo es que en inversiones se está avanzando como nunca en toda la historia. Por otra parte, en lo que es la tecnología, la Generalitat ha invertido más de 100 millones en nuevos aparatajes, nuevas tecnologías para mejorar la calidad asistencial, también hemos contado con el apoyo de la Fundación Amancio Ortega y ahora con el plan de resiliencia... hay que tener en cuenta que hemos aumentado del 50% la inversión desde el 2015 hasta ahora.

-Pero no parece que el resultado sea tan palpable. 
-Sí hay resultados, lo que pasa es que después de la pandemia hay una crisis de oferta y demanda, que no solo ocurre en la Comunitat Valenciana, sino en España y en Europa. Ha habido cambios y todavía no somos capaces de analizar todas las consecuencias que ha tenido la pandemia. Así, aunque ha habido un avance sustancial, es obvio que necesitamos reformar la sanidad, necesitamos cambiar la arquitectura institucional y en eso, en esta próxima legislatura, tenemos que mejorar para fortalecer todo lo que es el sistema valenciano de salud. Hay que unificar muchas compras, porque hay una realidad incuestionable y es que cada vez va a haber más demanda y los recursos son limitados. Hay que tener en cuenta que todo lo que significa el avance en esperanza de vida y el envejecimiento genera mayores costes. Por ejemplo, eliminar la hepatitis C nos ha costado hasta ahora casi 300 millones de euros, que bien gastados están y es una de las cosas de las que estoy más orgulloso, pero son gastos que hay que tener en cuenta. Sin ir más lejos, hace poco el conseller llevó al pleno una inversión de casi 400 millones de euros sólo en productos para tratamientos del cáncer. Quiero decir con esto, que la encrucijada es cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con el aumento de inversión necesaria.

-¿Qué balance hace de las reversiones de concesiones sanitarias acometidas esta legislatura en términos de gestión, de resultado y de coste?
-Respecto a lo que es la atención yo creo que sí que ha ido mejorando. Es verdad que tenemos que analizar bien y para eso estamos a la espera del estudio que acordamos antes de la pandemia con la Airef de todo lo que es el componente económico de la sanidad y también de alguna manera los resultados. Fuimos la primera comunidad que lo pedimos y estamos pendientes de que lo pueda realizar.

-En los últimos meses se ha reabierto el debate sobre el peso de la Comunitat Valenciana en las decisiones del Gobierno de España. ¿Le molestó que la ministra Ribera recortara el trasvase Tajo-Segura y lo hiciera precisamente ahora? 
-La gestión del agua siempre ha generado disfunciones en el ámbito territorial. Siempre he intentado huir de estas guerras estériles que no llevan a ningún sitio. Y lo que hemos intentado en todo este tiempo es buscar garantías para los regantes, para fortalecer un sistema económico en unas zonas determinadas en las que su desarrollo está basado en el agua  y en todo lo que son los productos agroalimentarios. Al final, el objetivo es agua para siempre, que no dependamos de ninguna parte del recurso. Es decir, sumar un 'mix' de recursos como la desalación, la reutilización, la modernización de riegos, la utilización adecuada de las aguas subterráneas y también el trasvase Tajo-Segura, que es una realidad. También lo es ya el trasvase Júcar-Vinalopó, que ha empezado a funcionar ahora con un éxito notable. Respecto a esta cuestión, habíamos llegado a un punto de acuerdo que yo creo que era muy interesante para desdramatizar la cuestión del agua en temas territoriales. Y se trataba simplemente de que el acuerdo del Real Decreto tuviera en consideración la actualización de los caudales.
¿Era necesario un caudal ecológico? Sí, lo decía la norma. Nosotros nunca hemos estado en contra de que se fijara un caudal ecológico, de hecho, aceptamos que fuera de 7 hectómetros cúbicos. Pero lo que pensamos es que el año 2025 se evaluara el estado de las masas, se viera exactamente si habían realizado todas las inversiones que se tienen que hacer, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que tienen que ver con la depuración adecuada que ayudaría mucho a mejorar la cabecera del Tajo, y a partir de ahí se evaluara exactamente si era necesario aumentar el caudal de 7 hectómetros cúbicos o no.

-¿Se sintieron traicionados o engañados por la ministra?
-No entendimos que en el Consejo del Agua no se aceptara lo que previamente se había dialogado y se había acordado. Frente a esta situación, nuestra vía es doble: por una parte continuar dialogando, una cosa que sí que nos aceptó la vicepresidenta fue la comisión mixta de seguimiento, que nos parece muy importante para ver exactamente cómo se van realizando las obras y cómo está el estado de las aguas en cada momento. Y por otro lado, en la parte que no estamos de acuerdo con este Real Decreto, que tiene que ver con la disposición novena, hemos ejercido nuestro derecho de ir a los tribunales. Pero sin dramatismo, esto es una cuestión normal, la Generalitat Valenciana tiene la obligación de defender los intereses de la Comunitat.

-¿Por qué no ha compartido el recurso judicial contra el trasvase con la Diputación de Alicante?
-Porque cada uno tiene su autonomía y su responsabilidad y la Generalitat tiene competencias directas en el agua. Es bastante paradójico que durante días se nos criticaba porque no lo habíamos presentado y al final hemos sido la primera institución que lo ha hecho, de acuerdo escrupulosamente con lo que la Abogacía de la Generalitat ha estimado.

-¿Cómo se siente respecto al bloqueo de la reforma del sistema de financiación autonómica?
-Es un fracaso colectivo, es un fracaso de país.

-Pero en Madrid no se percibe igual...
-No, porque es verdad que nosotros tenemos una estrechez económica que no tienen otros, pero yo creo que sí que se debe considerar así. Porque para el buen funcionamiento de España se necesita garantizar la igualdad entre los ciudadanos, con la singularidad de los territorios, y eso en estos momentos no está garantizado. Es cierto que hay una parte de responsabilidad de todos, del Gobierno, de la oposición, de los territorios... nosotros hemos hecho nuestro trabajo: llegamos a un acuerdo aquí y presentamos un estudio muy riguroso además para toda España, no simplemente para solucionar nuestros problemas.

-Entonces, ¿quien no ha hecho su trabajo es el Ministerio?  
-No, el Ministerio lo que ha hecho es una primera parte, pero ha visto que hay un momento en el que no se puede avanzar más porque no hay disposición. Para que haya un acuerdo tiene que estar como mínimo en condiciones de acordar el PP y en condiciones de acordar las comunidades autónomas. En este momento, el PP no es capaz ni de acordar el Consejo del Poder Judicial que nunca ha significado los problemas que está significando ahora porque hay un bloqueo. Imaginen entonces cómo se puede abordar una cuestión mucho más compleja como es la financiación. Lo único que sí que tengo que decir en favor de lo que ha sido la acción del Gobierno es que nos han generado muchos más recursos y por otra parte han apoyado de hecho una mayor convergencia en gasto, que eso era muy importante para nosotros.

-¿Ha hecho gestiones ante el PSOE para la recuperación del derecho civil valenciano?
-Sí, nosotros lo hemos reiterado por activa, por pasiva y por perifrástica. Entre otras cosas porque no tiene ninguna lógica que el único derecho civil que no esté recogido de las comunidades que tenían derechos históricos sea el de la Comunitat Valenciana.  

-Pero PP y PSOE a nivel nacional han pactado que no se integre en la reforma constitucional que se está negociando. 
-Bueno, cada uno tendrá su versión, pero lo que nos dicen a nosotros es que el PP no va a aceptar ningún otro ámbito de negociación que no se refiera al término "disminuido". Que por cierto, es terrible que después de 40 años de Constitución aún figure ese término, pero es terrible también que no se aborden cambios en la Constitución que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres. Es que la urgencia institucional de la reforma de la Constitución es evidente y hay que hacerla por el consenso y desde el acuerdo. Obviamente, no se trata de hacer una Constitución contra nadie, pero es que es absolutamente necesario. No figura en la Constitución ni el nombre de las Comunidades Autónomas, no figura realmente la igualdad de hecho, no figura Europa, no figuran cuestiones que en este momento son fundamentales...  Yo creo que es necesaria una revisión razonable, desde luego manteniendo el espíritu de la Constitución, pero adaptándola a las circunstancias de este momento y desde luego generando mayores complicidades entre los territorios, con una ambición más federal.  

-En relación con el derecho civil valenciano, la Associació de Juristes Valencians, que abandera esta reivindicación, se queja de que no les ha recibido pese a que lo han solicitado.
-Nos hemos visto en actos en reiteradas ocasiones, pero bueno, yo estoy dispuesto... Merecen todo mi reconocimiento por el trabajo que están haciendo porque además han conseguido una unanimidad en la Comunitat Valenciana, que también es muy positivo porque al final se ha visibilizado una cuestión relevante en lo que tiene que ver con nuestra identidad. 

-El sector azulejero está atravesando un momento de extrema dificultad y las ayudas del gobierno parece que no van a poder llegar, fundamentalmente, por la ley de Crea y Crece. ¿Ha sido un error esta ley? 
-No, vamos a ver, todos estamos de acuerdo en términos económicos en que la morosidad es negativa para el funcionamiento de la economía y que haya una norma que intente acotar los plazos para favorecer que el sistema funcione mejor y que no haya esos plazos que muchas veces son absolutamente inasumibles para las pymes, es positivo. De hecho, hay una directiva europea que habla en estos términos. Recuerdo que en un viaje a Bruselas, cuando estaba discutiendo esta directiva, los suecos que estaban allí no entendían nada porque, claro, cuando estaban diciendo que como mínimo había que pagar a 60 días, hay que tener en cuenta que allí pagaban a 15 días, por tanto, no entendían muy bien el objeto de la reforma. Pero en nuestro caso desgraciadamente no es así.  Lo que yo creo es que una ley que tiene unas consideraciones, que la CEOE apoya, debe tener también un sentido de la realidad en estos momentos y debe haber una excepcionalidad, porque estamos en un momento excepcional. Y si la industria del azulejo, de la cerámica, está viviendo ahora una situación excepcional, pues debe tener soluciones excepcionales.

-Se podría articular un decreto ley, que se ha utilizado muchas veces para solucionar algunos problemas.
-Sí, nosotros lo que hemos propuesto es que aquellos sectores, no solo la cerámica, que van a ser objeto por parte del Gobierno de esa significación de apoyo, pues que se permita que finalmente llegue el apoyo porque el problema que hay es que con esta norma en este momento es imposible. De hecho, nosotros lo que hemos hecho ha sido avanzar para poder ayudar ya y no esperar a que se resuelva esta cuestión. Por eso hemos implementado la vía de los créditos subvencionados, hasta el máximo que podamos, para por lo menos que tengan liquidez, que es de lo que se trata en este momento. Yo he tenido conversaciones recientemente con la ministra de Hacienda pensando que también ahí el ICO podría tener una intervención,  como hemos hecho con el IVF, y por lo menos facilitar que lleguen en estos momentos recursos a las empresas que es cuando lo necesitan.

-La pérdida de empleo en el sector está siendo considerable y con consecuencias nefastas para la provincia de Castellón. ¿Madrid es consciente de este problema?  
-Sí, ya le he pedido una reunión al nuevo ministro. El presidente es consciente porque además se reunió con ellos. Yo creo que de lo que se trata es de aterrizar de una vez por todas las ayudas que están previstas y después también ayudar en todo lo que es la pérdida de descarbonización, que estructuralmente es muy importante que la cerámica esté contemplada y participe en esta cuestión.

-Ante decisiones del Gobierno que perjudican a empresas y agricultores de la Comunitat Valenciana, el Consell ha tomado la iniciativa de atenderlas como en el caso de la subvención al agua desalada, en el tema del Imserso... ¿No es injusto que los valencianos  tengamos que pagar por lo que debería hacer y no hace el Gobierno? 
-Depende. Por ejemplo, en la subvención al agua desalada el Gobierno ha cumplido
y nosotros lo suplementamos. En cuanto al Imserso, el Gobierno no cumple pero con nadie. No es un problema con los valencianos. Entonces hemos decidido aportar porque es fundamental para el sector turístico.  

-La Generalitat ha creado recientemente la marca Naranja Valenciana, pero el sector agrícola sigue perdiendo campos productivos... ¿Cree que en este ámbito se necesita una reconversión y en qué sentido cree que debería ir esta reconversión? 
-Tiene que ir en el sentido de lo que de alguna manera plantea la ley de estructuras agrarias. Se trata de sumar, de superar el minifundio y buscar, a través de cooperativas o a través de empresas, una gestión que sea capaz de invertir y de tener unos resultados. Lo que está claro es que nuestro minifundio ya no es una solución, no es posible en términos económicos  y yo creo que hay medidas que se plantean en la propia ley que nosotros debemos incentivar más que tienen que ver con la asociación, con la agrupación, si es necesario con venta, con alquiler de los campos, lo que sea, pero hay que aumentar el tamaño y además hay que acabar con los huertos que están abandonados, porque los huertos abandonados además generan plagas y problemas. Creo que ese es el camino, un camino que se ha emprendido.

-Durante la legislatura pasó de rechazar cualquier bajada de impuestos a liderar la reforma fiscal, sobre todo en el IRPF, que tuvo repercusión nacional. ¿Debería haberse hecho antes? 
-Bueno, nosotros ya hicimos una primera reforma fiscal, que fue en la anterior legislatura,  y consistía claramente en cambiar el paradigma que había fijado el PP. Aquí en la Comunitat Valenciana las rentas más bajas pagaban de las que más de España y las rentas más altas pagaban de las que menos de España. Y eso es lo que se cambió en la primera reforma fiscal. A partir de eso, nosotros lo que hemos intentado es hacer política social desde la reforma fiscal. Eso es lo que planteé en el debate del Estado de la Comunidad, donde efectivamente hubo una gran polvareda, pero porque yo opino que la cuestión se desenfocó totalmente. Llegó un momento en el que parecía que ajustar o bajar los impuestos a unas clases determinadas era lo mismo que bajarlos o subirlos a las otras. La política fiscal es, al final, un instrumento del gobierno para igualar o desigualar, para redistribuir o para no redistribuir, para favorecer a una mayoría social o no.  Por eso nosotros tenemos un modelo y Madrid tiene otro. Nosotros tenemos un modelo que, pese al revuelo, además, se aprobó finalmente con unanimidad. Oiga, pues no está nada mal.

-Otro asunto que ha causado cierto revuelo en esta legislatura es el de la tasa turística, que entrará en vigor a finales de este año. ¿Qué harán los alcaldes del PSPV cuando llegue el momento? 
-Bueno, en primer lugar, cada ayuntamiento es soberano para tomar la decisión y las instituciones son de los ciudadanos y no son propiedad de los partidos. No hay ayuntamientos del PSOE. Hay ayuntamientos donde el PSOE tiene más responsabilidad que otros. Es evidente que desde el punto de vista de nuestro partido no hemos visto que la tasa turística fuera ahora oportuna. Pero, además, consideramos que la tasa turística ni es el problema ni es la solución del sector turístico, que tiene una gran complejidad. Es cierto que muchos países de Europa la tienen implementada y no es ningún drama, pero también lo es que en el momento actual, tras esta crisis, nosotros pensamos que no era oportuna. En cualquier caso, hay muchos modelos de turismo diferentes: hay ciudades en las que puede ser oportuno y otras ciudades que no por el modelo turístico que tienen porque el margen comercial es mucho menor. Por tanto, es una cuestión de corresponsabilidad y de autonomía municipal. Es posible que en algún sitio haya acuerdo con el sector y funcione, pero por lo que yo he hablado con los alcaldes, en general no están por la implementación de esa tasa.

-Se agota el mandato sin que haya ningún avance efectivo sobre la construcción del nuevo Mestalla y ya son muchos años. ¿Cómo cree que va a acabar esto y cuál es la relación, el minuto y resultado, con la propiedad de la institución? 
-Nosotros lo que queremos es que se acabe el estadio porque la situación es un descrédito para una ciudad que, en estos momentos, está en un momento muy esplendoroso. Entonces, aunque solo fuera por la cuestión urbana, sería fundamental que se acabara. Pero no sólo es eso. El Valencia es mucho más que un club, es una referencia para la Comunitat Valenciana y, por tanto, que esté bien institucionalmente y deportivamente es muy positivo.  Las cosas son así.  A nosotros nos iría muy bien que el Valencia estuviera en Champions como le corresponde o en competiciones europeas y no lo está, pero no es en eso donde el Gobierno que tiene que actuar. El Gobierno tiene que tener claro cuál es su misión y no volver a las andadas, porque todo lo que estamos pasando ahora fue la intervención gubernamental en gran medida la que lo provocó. Así que nuestro espacio es simplemente facilitar el acuerdo. La ATE en sus consideraciones había caducado, tuvimos que tomar la decisión, pero hemos dicho por activa y por pasiva que se mantienen por parte de la Generalitat todos los parámetros que la ATE planteaba. Ahora está en manos del Ayuntamiento y espero que ojalá pueda haber un acuerdo. Pero es que las obligaciones hay que cumplirlas y la propiedad cuando compró el Valencia sabía que eso era una exigencia.  Por tanto, lo tiene que cumplir. 

-El gran proyecto del PP para Alicante es el Centro de Congresos. ¿La Generalitat lo va a acabar respaldando y financiando? 
-Como siempre, la Generalitat tuvo desde el primer momento una visión positiva y no sectaria sobre esto. De hecho, fue la autoridad portuaria la que me consultó la posición de la Generalitat respecto a que se pudiera hacer en sus terrenos esta actuación y desde luego en todo momento lo he respaldado. Ahora, han pasado años y no se ha hecho absolutamente nada y no sabemos nada. Yo me he enterado a través de la autoridad portuaria del último anuncio, pero es un anuncio. En cualquier caso, cualquier acción positiva para la ciudad de Alicante va a contar con el apoyo de la Generalitat si se le pide.

-La gran noticia económica de la legislatura ha sido la decisión de Volkswagen de instalar una gigafactoría de baterías en Sagunto  y el contrapunto estos días ha sido el ERE anunciado por Ford Almussafes. ¿Le preocupa el futuro de la factoría de Ford?
-Yo creo que las dos noticias importantes son, efectivamente, la decisión de Volkswagen, PowerCo, de hacer la gigafactoría en la Comunitat Valenciana, pero también la decisión de Ford de hacer el vehículo eléctrico en Almussafes. Esta es una decisión trascendental porque solo hay que ver lo que está pasando en el Sarre en estos momentos, donde van a desmantelar la factoría. Entonces, creo que la decisión de Ford es muy importante para nosotros porque además también se asocia reputacionalmente lo que significa el que traigan su sede aquí, que es algo que hemos estado deseando desde hace décadas y finalmente lo hemos conseguido. En cualquier caso, que Ford fabrique coches eléctricos aquí significa que va a haber futuro en Ford. ¿Va a haber un futuro con menos trabajadores? Es posible, porque efectivamente el coche eléctrico necesita menos mano de obra. Pero también va a haber nuevas expectativas y yo creo profundamente en los resultados de la negociación entre la dirección y los sindicatos. El último mensaje que lanzó Ford es que iba a recolocar a todas las personas, más allá de las jubilaciones. Por tanto, yo veo que hemos salvado el momento crítico de que Ford fuera la languideciendo hasta la desaparición.

-En estas dos legislaturas ha crecido el número de entes públicos  y se ha multiplicado el número de altos cargos a pesar de que ustedes llegaron criticando al PP por el tamaño del sector público y de la administración. ¿Hace falta tanta estructura pública? 
-La estructura debe ser la adecuada en cada momento y en función de los resultados. Es cierto que ha aumentado mucho más el presupuesto que proporcionalmente los altos cargos. Pero es que también ha aumentado mucho la capacidad de gestión. No obstante, sí que es verdad que siempre hay que reajustar y yo creo que en la próxima legislatura hay que reajustar.

-¿Reajustar es reducir el tamaño del sector público?
-Reajustar o cambiar, a lo mejor hay partes que necesitan mayor fortalecimiento y hay otras que necesitan menos. De alguna manera también hay que actualizar, hacer un aggiornamento del proyecto político y con eso hay que ver la estructura que se necesita para ese proyecto político.  

-El aumento del gasto y del déficit de la Generalitat ha sido notable en los últimos años y en Bruselas están hablando ya de volver en 2024 a los objetivos de estabilidad presupuestaria. ¿Están preparados para los recortes? 
-No. Nosotros no contemplamos recortes sociales en ningún caso.  

-¿Y otro tipo de recortes? Porque si se ponen otra vez los objetivos de estabilidad presupuestaria...
-Hay que ser rigurosos y saber que en estos años de pandemia y pospandemia ha habido una inyección de recursos públicos muy importante que creo que ha sido el éxito de que no haya tenido las consecuencias que tuvo la anterior crisis. Lo que se ha demostrado es que había otra salida de la crisis, pero eso ha significado, desde luego, mucha inversión pública y mucho gasto público. Por tanto, hay un momento determinado que todos somos conscientes de que habrá que reequilibrar. Pero eso tiene que reequilibrarse teniendo en cuenta ingresos y gastos y habrá que ver exactamente cómo se ajusta. Lo que es evidente es que hay algunas secciones que son fundamentales, como la sanidad o la educación, donde dar pasos atrás significa debilitar la cohesión social y el propio sistema de convivencia. Por tanto, yo creo que la Unión Europea debe tomar decisiones entendiendo la realidad de los países y la situación que estamos viviendo de pospandemia y con una guerra de graves consecuencias. Por tanto, volver simplemente, sin más, a las reglas del pasado no tiene ningún sentido. Yo creo que el Gobierno de España y otros gobiernos europeos están en esa posición. Lógicamente, no se puede estar en un sobregasto permanente, pero lo que es evidente es que hay que transitar hacia una situación de reequilibrio, pero con un tiempo que permita a los gobiernos y a la propia sociedad de asumirlo.

-Otro asunto que ha estado en el centro del debate porque ha habido bastante atasco y discusión en el seno del Botànic ha sido el de las plantas fotovoltaicas. Si vuelve a gobernar, ¿va a apostar por una legislatura de impulso a estas instalaciones?
-La dinámica de los últimos meses es muy positiva. Por ejemplo, el tema del autoconsumo va muy bien, somos de las autonomías que más ha crecido y se han desbloqueado bastantes plantas. Pero, desde luego, la próxima legislatura y las siguientes  son fundamentales para garantizar la transición energética, que nos puede llevar a tener autonomía energética, y que al mismo tiempo puede ser garantía, precisamente, del Estado del Bienestar. Estamos ante una gran oportunidad para conseguir ser autosuficientes y lograr generar energía incluso para llegar a venderla. Así que una de las primeras cuestiones que pienso proponer en la próxima legislatura es el pacto por la energía, porque esto no va, además, de una legislatura, sino de garantizar que a principios de la década de los 30 tengamos garantizada esa capacidad de producción energética.

-Pero el desacuerdo lo ha tenido en su propio gobierno...
-No solo es en el gobierno. Es cierto que cualquier acción en el territorio tiene impacto. Un polígono industrial lo tiene, lo tiene ahora la gigafactoría, lo tienen las renovables, lo tiene la central nuclear de Cofrentes..., cualquier acción en el territorio tiene un impacto y lo que se trata, a mi parecer, es de mantener un equilibrio entre lo que es un desarrollo necesario para nuestro modelo de vida y, al mismo tiempo, que haya un respeto medioambiental. Lo que está claro es que aquí se juega el desarrollo y la prosperidad de la ciudadanía, no es un problema de las grandes empresas ni nada de eso, es que nos juzgamos el futuro del planeta también. Porque aquí lo que no se puede es estar en contra de todas las energías, ni además decir que se es neutral en este debate. No, no; o hay renovables o hay fósiles, no hay más. Es que no hay un plan B respecto a esto. Ojalá en el futuro se pueda prescindir de estas energías. La gran ventaja que tienen tanto la fotovoltaica como la eólica es la reversibilidad. En el momento en que hay otro sistema energético, se desmonta y se ha acabado.