VALÈNCIA. La empresa especializada en resonancias magnéticas Eresa calcula un coste de 6 millones en despidos para la compañía si desde las administraciones valencianas no subrogan al personal de sus contratas. Así lo refleja en las cuentas de 2018, donde la firma del Grupo Ascires, controlado por la familia Saus, realiza un cálculo de lo que conllevaría un ajuste de personal en el caso de que la Conselleria de Sanidad no se quedara con los trabajadores del millonario concierto de las resonancias o el Hospital General de València con el de resonancias, TAC, medicina nuclear y radioterapia que ya ha ido saliendo del centro.
El desglose de las cuentas de dicho año apunta a una dotación de provisiones que se eleva a 4,8 millones de euros si la finalización de la actividad de la UTE Erescanner Salud -en la que también participan Inscanner y Ribera Salud de forma minoritaria- finaliza su relación con la administración sin que asuma a una parte importante de sus trabajadores. Mientras, el coste en el consorcio hospitalario se cifra en 1,2 millones.
De momento, los trabajadores del Hospital General de València de resonancia y TAC, entre los que suman una veintena, son los que más despejado tienen el futuro. Y es que el pasado verano, el departamento entonces liderado por Enrique Ortega obligó a desmontar las máquinas de estos dos tipos de prueba para terminar con la empresa una relación iniciada en 1989, lo que determinó que el ente público no debía asumir a los trabajadores de la compañía. Así lo refrendó el juzgado de lo social número 2 de València.
La compañía, dirigida por Lorena Saus, dio la carta de subrogación a los trabajadores para presentarla en el hospital y el centro público se desentendió al no existir traspaso de maquinaria. Los trabajadores fueron a los juzgados tras quedar en el limbo laboral y la juez consideró que se trataba de un despido improcedente, por lo que obligó a Eresa a readmitir a la profesional en cuestión en iguales condiciones a las que tenía antes de entregarle la carta de subrogación o a dar por extinguido el contrato con la indemnización correspondiente. Durante los últimos meses, sentencias de otros trabajadores se han resuelto en la misma línea.
Aunque según explican fuentes de los trabajadores a día de hoy la compañía ha readmitido a algunos trabajadores, el número de resolución de sentencias todavía sigue siendo muy bajo y contra ellas cabe recurso. Además, la compañía mantiene un servicio en marcha en el centro público, concretamente el de medicina nuclear y radioterapia, en el que una veintena de personas permanecen en el espacio público. Un contrato sobre el que desde el departamento aún no se han pronunciado ni han especificado si mantendrán las máquinas de Eresa cuando se dé la internalización.
Mientras, la Conselleria de Sanidad continúa sin presupuestar la internalización de las resonancias magnéticas, concretamente para 2020, a pesar de que el concurso finalizó hace un año. El horizonte marcado era agosto pero la fecha no se cumplió. Según los últimos datos ofrecidos desde la Conselleria que dirige Ana Barceló, se está trabajando en el proyecto de decreto de internalización de las resonancias que establece la subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud.
"El personal debe ser el acreditado por los departamentos en el momento de aprobación del Decreto y reunir ciertos requisitos, entre ellos la antigüedad", señalan. Según Sanidad el decreto debe aprobarse en coordinación con la instalación de los equipos donados por la Fundación Amancio Ortega y la puesta en marcha del contrato 201 -adjudicado hace meses-.
Cabe recordar que fue un informe de la Abogacía de la Generalitat lo que paralizó por primera vez la subrogación de los trabajadores al entender que solo se podía hacer por sentencia judicial. Sin embargo, fue el pasado febrero, hace ya casi un año, cuando el Consell Jurídic Consultiu daba luz verde para abordar la asunción de los trabajadores de la empresa privada en la administración pública, repartidos por prácticamente todos los departamentos de la sanidad pública.
Según señalaba el CJC, la clave para entender la sucesión se encuentra en que el servicio público prestado por Erescanner pasará a ser realizado por la administración con la misma infraestructura, maquinaria y equipos, concurriendo el requisito de la continuidad en la prestación del servicio y además prestándose para los mismos usuarios, algo que no ocurrió en el General, por ejemplo.
Según el CJC, el número de trabajadores con la posibilidad de subrogarse era de 112 trabajadores, de los que 3 son de la UTE, y el resto de sus socios -42 de Eresa, 63 de Inscanner y 4 de Beanaca, sin existir ninguno de Ribera Salud-. Los profesionales contemplados por categorías son 15 radiólogos, 29 enfermeros, 42 técnicos en radiodiagnóstico, 8 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 17 auxiliares administrativos. Sin embargo, esta cifra podría haber variado.