Escola Valenciana recurre el auto del TSJ que suspende el decreto de plurilingüismo

VALÈNCIA, (EP). Escola Valenciana ha presentado un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que suspende de forma cautelar el Decreto de Plurilingüismo Dinámico.

La entidad cívica ha pedido que se ponga fin a la suspensión cautelar del decreto porque "las alegaciones de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, no se encuentran fundamentadas sobre criterios pedagógicos y la paralización del decreto puede generar grandes disfunciones en el sistema educativo", ha expuesto el presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno.

Desde la entidad añaden, en un comunicado, que "el argumento por el cual el TSJ ha admitido a trámite el recurso de la Diputación de Alicante es la supuesta discriminación que hay entre los seis niveles del decreto y la obtención de acreditaciones lingüísticas". Escola "no ve, ni mucho menos, indicios de desigualdad sino todo el contrario: el decreto rompe con la discriminación, pone al alcance del alumnado de todo el País Valenciano la formación plurilingüe y la acreditación de títulos con reconocimiento oficial, siempre que el alumnado demuestre los conocimientos necesarios".

Escola Valenciana precisa que se ha personado como parte interesada y legitimada ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el Procedimiento Ordinario Nº4/000142/2017, tramitado ante la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

La personación deriva --señalan- "de la alarma generada entre los miembros de Escuela Valenciana y en toda la comunidad educativa después de conocer que una entidad pública como la Diputación Provincial de Alicante, sin competencias en materia educativa, ha interpuesto recurso contra el Decreto 9/17 de 27 de enero, del Consell que regula determinados aspectos del sistema de enseñanza en el ámbito valenciano".

Con todo, la entidad cívica ha considerado que el contenido de la resolución dictada por el TSJ con fecha de 23 de mayo de 2017 "puede generar notoriamente una disfunción en los intereses públicos propios de la enseñanza".

En la misma línea, insiste "en la legalidad de la normativa que la Conselleria de Educación, encabezada por Vicent Marzà, aprobó en enero de este año".

Además, recuerdan que el Ministerio de Educación y Cultura, que en un principio expresó "recelos" respecto a la norma valenciana, "tuvo que aceptar que cumplía con el marco jurídico y era respetuoso con la diversidad del País Valenciano".