A todos los candidatos populares se les remitió un documento en el que se comprometían a dejar el cargo ante un procedimiento judicial si así lo consideraba el Comité Nacional de Derechos y Garantías
VALENCIA. La polémica respecto al futuro de los nueve concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia investigados por presunto blanqueo de dinero sigue cotizando al alza en la agenda política. Una situación que revitaliza el debate sobre las llamadas líneas rojas y las circunstancias bajo las que los representantes públicos deben continuar o no en sus puestos.
En este sentido, cabe recordar que los candidatos locales del PP en la Comunitat Valenciana, tal y como recordó precisamente la actual presidenta regional del partido antes de los comicios, Isabel Bonig, por entonces número dos del PPCV, se exigía a todos los candidatos "la firma de un compromiso por la ejemplaridad" cuyo incumplimiento les obligaría "a dejar su acta".
Esta iniciativa, impulsada en el congreso regional de 2012 por Alberto Fabra, se plasmó en un documento que todos los candidatos locales tuvieron que firmar para integrarse en las listas. El texto genérico -los miembros de la lista al Ayuntamiento de Valencia consultados por este diario aseguraron no disponer de él aunque sí admiten haberlo firmado- apunta al abandono del acta aunque, una vez más, dependiendo de Madrid.
Así, el firmante del documento se comprometía, entre otros muchos compromisos, a "comunicar a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del partido el cargo público que desempeña cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución política".