Javier López Mora y José Vicente González. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El despido de los trabajadores de Cierval no será tan amistoso como pretendía José Vicente González. Cuatro de las empleadas de la patronal autonómica que se han quedado sin trabajo por la quiebra de la organización han impugnado el ERE de extinción ante la Dirección General de Trabajo. Las recurrentes, con una antigüedad de entre nueve y dieciocho años en la empresa, alegan entre otros motivos que el expediente es nulo porque existe una sucesión de empresas de Cierval a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que ha modificado sus estatutos para ampliar su ámbito territorial y tomar el testigo de Cierval.
Así consta en la reclamación por impugnación individual de despido colectivo presentada contra Cierval y sus tres entidades fundadoras –la CEV, la alicantina Coepa y la castellonense CEC– ante la Conselleria de Economía Sostenible, que es la que ostenta las competencias en empleo. En paralelo, las cuatro trabajadoras despedidas plantean una demanda de conciliación previa que el servicio territorial de empleo ha fijado para el próximo 19 de julio.
La patronal autonómica procedió el pasado mes de mayo al despido de todos sus trabajadores menos uno tras declarar el juzgado proceso de liquidación dictado por el juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia el pasado 11 de abril. La jueza acordó directamente la extinción sin ni siquiera nombrar a un administrador concursal por la insuficiencia de bienes para afrontar las deudas.
La organización planteó que la extinción de la sociedad justificaba la aplicación de un ERE por causas objetivas. La organización pagó las nóminas hasta marzo, pero ya dejó por abonar parte de las de abril. Por eso una comisión liquidadora integrada por el propio González, Vicente Lafuente y Cristóbal Aguado intentan vender el coche y los muebles de la organización para saldar la deuda.
Las trabajadoras alegan que el procedimiento es nulo porque no se cumplió el periodo de 30 días que marca la ley entre el periodo de consultas (3 de mayo) y la entrega de la carta de despido (16 de mayo). Además, plantean la improcedencia del ERE por no haberse respetado el preaviso de 15 días "ya que las cartas de despido tienen fecha de efectos el mismo día de la carta".
También alegan que no se ha cumplido "ninguna de las cuestiones planteadas por la representación de los trabajadores durante el periodo de consultas" y que, aunque el ERE se planteó como de extinción para los trece empleados que integraban la plantilla, todavía hay una trabajadora contratada por Cierval para ayudar en la venta de los muebles.
Pero el argumento más relevante al que se aferran para defender sus derechos es la sucesión de empresas de Cierval a la CEV, un elemento que de estimarse puede influir en el futuro de la patronal valenciana, ya que esta tendría que subrogarse "la posición de empresario" ante las trabajadoras.
Para justificarlo, recuerdan los vínculos que existen entre Cierval y las tres organizaciones provinciales, que son miembros fundadores de la autonómica y ostentan el "control directo" sobre ella. Destacan que entre las tres provinciales y Cierval existía una "prestación de trabajo indistinta" y que tras el cierre de Cierval fue la CEV quien ocupó su lugar en los órganos de participación institucional.
Además, recuerdan la existencia de una caja única y confusión patrimonial. Como ejemplo, aseguran que en varias ocasiones en las que Cierval no ha podido pagar sus nóminas ha sido la CEV quien se ha hecho cargo, mientras que Cierval ha respondido de los reintegros a la administración producidos por la incorrecta justificación de las subvenciones por parte de las entidades fundadoras.
"A consecuencia de la incorrecta gestión y justificación se han derivado procedimientos administrativos y penales frente a Cierval que han terminado por provocar su colapso financiero y el concurso de acreedoes al tener que asumir las deudas de las tres organizaciones provinciales con sus propios fondos, sin que haya constancia de que Cierval haya efectuado la oportuna reclamación a las provinciales para reponer esos fondos", destacan las demandantes.
Las empleadas refuerzan la tesis de la sucesión de empresa con una batería de argumentos entre los que destacan que la sede de Cierval, un edificio cedido por la CEV, volverá a la patronal valenciana "con todo el mobiliario y en perfecto estado de conservación" y destacan que, cuando le fue cedido, la patronal autonómica tuvo que gastar más de 2 millones de euros en acondicionarlo.
Además, sostienen que dado que la CEV ha modificado sus estatutos para convertirse en sucesora universal de Cierval "es evidente que van a ser los trabajadores de CEV los que van a continuar desarrollando todas las funciones que hacían los trabajadores de Cierval, por cuanto existe un claro trasvase de todo el negocio de Cierval a CEV.
